Diario HOY | La plata de Abdo: millones en duda y nuevas pistas en cuentas offshore

El expresidente está bajo sospecha por las serias irregularidades financieras detectadas en su patrimonio: USD 45 millones en reservas operativas sin respaldo, un crecimiento desmedido de inversiones y millonarias discrepancias en cuentas por cobrar con proveedores. Ahora se suman las cuentas offshore en Seychelles, que podrían anexarse a la causa por la Fiscalía

• LA CAJA NEGRA

El Ministerio Público sigue adelante con la investigación penal abierta en setiembre de 2024, tras las inconsistencias detec­tadas en las ganancias gene­radas por las empresas dis­tribuidoras de asfalto Aldia SA y Createc SA, vinculadas al expresidente Mario Abdo Benítez.

La pesquisa, que permanece en curso actualmente, apunta a determinar posibles delitos tras detectarse multimillo­narias ganancias por venta de asfalto a contratistas del Estado.

Un crecimiento exponencial de 70 veces más en la venta de asfalto desde que asumió el poder, las inconsistencias en los estados financieros y el misterioso destino de las uti­lidades registradas (USD 45 millones) en las empresas liga­das al exmandatario son los aspectos claves del lucrativo negocio.

El equipo de fiscales asignado a la investigación solicitó una serie de informes a la Contra­loría, a la Dirección de Ingre­sos Tributarios, a la Seprelad y a las empresas que realizaron transacciones comerciales con las empresas Aldia y Crea­tec SA. Así también se remi­tieron pedidos de informes específicos a estas últimas para que informen sobre las inconsistencias detectadas en sus estados financieros. La investigación apunta a los directivos de ambas empre­sas y al principal accionista de ambas, el expresidente Mario Abdo Benítez. La causa penal fue asignada por el fis­cal general del Estado, Emi­liano Rolón Fernández, a un equipo de fiscales especiali­zados en Delitos Económi­cos y Anticorrupción: Jorge Arce, María Verónica Valdez y la fiscal adjunta María Sole­dad Machuca. La causa fue iniciada luego de que la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR), respaldada por un informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT), presentara evidencias de anomalías en las operaciones financieras de ambas empresas, que expe­rimentaron un crecimiento desproporcionado, superior a la media del mercado, en sus ingresos con la provisión de asfalto.

Extractos del informe de CGR señalan dos aspectos trascendentales sobre las ganancias de las empresas de asfalto de Abdo

POSIBLES DELITOS

El expediente, identificado como causa n.º 82/2024, tiene como principal objetivo esclarecer los posibles deli­tos económicos derivados de las operaciones de Aldia SA y Createc SA, que experimen­taron un crecimiento finan­ciero sin precedentes durante el gobierno de Abdo Benítez. Las indagaciones se centran en analizar los movimien­tos financieros y la declara­ción patrimonial del expre­sidente, así como el destino de los USD 45 millones (G. 329.000 millones) que ambas empresas habrían acumu­lado en reservas operativas sin justificar su uso.

Entre las principales incon­sistencias detectadas figu­ran: discrepancias contables, cuando la DNIT identi­ficó diferencias en las cuen­tas de deudores por venta, que ascienden a G. 155.500 millones en proveedores locales. Incrementos abrup­tos en inversiones: Aldia SA pasó de tener G. 1.397 millo­nes en inversiones en 2022 a G. 40.515 millones en 2023. Utilidades no declaradas claramente: la Contraloría informó sobre ingresos des­proporcionados que habrían sido derivados a fondos opera­tivos, sin evidencia de un uso claro y transparente.

El permanente aumento del volumen destinado a esas reservas de ambas empre­sas, sin evidencia de las dismi­nuciones que corresponden según la legislación tributa­ria, sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos, sino más bien para otros.

La falta de un registro docu­mental que exponga el des­tino final del dinero enviado a la cuenta de “reservas” eleva las sospechas de que el mecanismo era utilizado aparentemente para la eva­sión de impuestos y el even­tual lavado de dinero.

CUENTA OFFSHORE

Tras la denuncia realizada por el periodista argentino Luis Gasulla, de Periodismo y Punto, una nueva sospecha salpica al expresidente que ahondan las dudas sobre su patrimonio y el origen de su fortuna. Se refiere a cuentas bancarias en islas Seychelles de empresas que tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y a su esposa, Silvana López Moreira. Se trata inicialmente de unos 21 millones de dólares, que habrían sido producto de depósitos al momento de la habilitación y de remesas desde empresas aparente­mente fantasmas desde zonas como Hong Kong o Dubái.

El crimen de la niña Melania Caazapá, mediante una estrangulación a lazo, todavía tiene muchos interrogantes por contestar, según explicó el comisario Richard Vera, jefe de Homicidios,

“Dentro de la línea de tiempo que establecimos tanto para él, la ocurrencia del hecho y el menor, existe una ventana de oportunidad para la comisión de ese hecho, donde, en ese intervalo de tiempo el señor Marcelo no llegó a justificar dónde estuvo, con quién y qué estuvo haciendo”, informó Vera, en un contacto con la 730 AM.

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Reconoció que, por los elementos recabados, la mayor sospecha recae sobre el adolescente, pero no se puede descartar totalmente al primer detenido. Todavía queda pendiente determinar el grado de participación de cada uno.

Se aguardan los resultados de algunos estudios genéticos que permitirán saber si los cigarrillos hallados en la escena del crimen y los encontrados en la casa de los sospechosos, fueron fumados por las mismas personas.

Tampoco se descarta la implicancia de Marcelo Duarte en carácter de cómplice o instigador. Un elemento que juega a su favor es que no presenta rasguños ni heridas que pudiera haber recibido cuando la niña se defendió.

En la mañana de este martes se registró un ataque con arma de fuego en un depósito situado en el barrio San Blas de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

El objetivo de dicho atentado era Wilson Fernández Gonçalves, alias “Xero”, de nacionalidad brasileña (59), quien era la persona que alquilaba dicho local.

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Un grupo conformado por al menos ocho personas, vestidos con uniformes falsos de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), irrumpió en el sitio y abrió fuego, siendo repelido por los guardias de seguridad.

Durante el enfrentamiento a tiros, resultó herido uno de los atacantes, identificado como Jaime Verón Florentín, de 31 años. El mismo posteriormente fue detenido por la Policía Nacional.

Otras siete personas fueron aprehendidas en el marco de la investigación por este intento de sicariato. Se trata de Marcelo Ariel Zamudio Benítez (27), Diego Marcelo Moreira Escobar (28), Hugo Reinaldo Ruiz Gómez (45), Juan Ramón Vega Páez (29), Benjamín Ayala Sosa (42), Luis Carlos Aldana Agüero (33) y Miguel Rosalino Candado Villalba (48).

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Cabe mencionar que Luis Aldana y Miguel Candado días antes habían instalado cámaras de seguridad en el depósito atacado, razón por la que se sospecha que podrían tener complicidad con los autores.

Dentro de los vehículos utilizados por estos criminales (un Fiat Siena robado en Brasil y una Nissan Versa) hallaron bidones con combustible, lo cual hace presumir que su intención era incendiar los rodados luego del hecho.

El Instituto de Previsión Social (IPS) concretó la colocación del fondo jubilatorio por un valor de G. 295.000 millones (USD 39 millones) en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), adjudicando el monto al Ueno Bank, tras una subasta electrónica en la que participaron 13 entidades financieras.

En entrevista con el canal GEN, el director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, explicó que la subasta se realizó de forma transparente y competitiva mediante la plataforma Datatech, utilizada también por el Banco Central y otros países de la región. La decisión se dio luego de que Ueno presentara la mejor oferta en tasas, por encima del banco Atlas, del Grupo Zuccolillo, que posteriormente cuestionó el procedimiento desde el diario ABC Color.

“Podemos decir con absoluta certeza que las inversiones del IPS se ajustan al marco legal de la Ley 7235 y al reglamento interno. Esta fue una competencia transparente”, subrayó Díaz.

El proceso se basa en una evaluación previa de elegibilidad, ya que solo participan entidades con calificación mínima “A” y con puntajes superiores a 60 en una matriz de riesgo basada en datos del Banco Central. Los bancos habilitados compiten a ciegas, atendiendo a que no pueden ver qué entidad ofrece qué tasa, solo las mejores ofertas disponibles en tiempo real.

En esta última subasta, Ueno ofreció una tasa superior al 12%, mientras que Atlas rondó el 10%.

La ley impone techos, las colocaciones en CDA no deben superar el 10% del total de activos del IPS, ni el 20% del pasivo exigible del banco receptor.

“Participaron 13 bancos. Eso habla del nivel de confianza en el sistema de subastas del IPS. Todos compitieron en igualdad de condiciones”, sostuvo Díaz.

Las publicaciones críticas desde el diario ABC Color, propiedad del mismo grupo empresarial que controla Atlas, fueron respondidas desde IPS con argumentos técnicos y legales.

“Es una competencia banco contra banco, totalmente objetiva. El IPS apuesta por obtener la mayor rentabilidad posible con el menor riesgo, respetando los límites legales”, dijo.