En la Cámara de Diputados se presentó el proyecto de ley que establece un régimen integral para la fabricación, comercialización y uso de artefactos pirotécnicos en todo el país. Denominado “Ley Canela”, en honor a la perrita víctima de un petardo.
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20 de marzo de 2026 14:36
El diputado José Rodríguez presentó una iniciativa que busca establecer normas a la utilización de las pirotecnias que, cada año, deja niños, adultos y animales lesionados.
El documento no plantea una prohibición total de los artefactos pirotécnicos, sino una regulación que separa la pirotecnia visual de la pirotecnia sonora, siendo esta última la que concentra las restricciones más severas.
El texto prohíbe la venta callejera, ambulante o informal de estos productos en todo el país, y establece que solo podrán comercializarse en establecimientos habilitados y autorizados. Además, no está permitida la venta o facilitación de las bombas a menores de 18 años.
En cuanto a la pirotecnia sonora, aquella cuyo efecto principal es la detonación de alto impacto acústico, su uso quedaría restringido exclusivamente a espectáculos autorizados por las autoridades competentes y ejecutados por personas habilitadas.
Estos eventos no podrán realizarse a menos de 500 metros de hospitales, escuelas, hogares de niños, residencias de adultos mayores ni refugios de animales.
La aplicación de la ley estará a cargo del Ministerio del Interior, de la Dirección de Material Bélico, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Industria y Comercio, y las autoridades municipales y departamentales.
Las infracciones tendrán sanciones que van desde multas de entre 50 y 500 jornales mínimos, hasta el decomiso de productos y la clausura de establecimientos.
Cuando el uso de pirotecnia causara lesiones o la muerte de personas o animales, serían aplicables además las disposiciones del Código Penal y de la legislación de bienestar animal.
De concretarse, el proyecto derogará la Ley Nº 6754/2021, “Que prohíbe la venta de pirotecnia a menores”, incorporando y ampliando sus disposiciones dentro del nuevo régimen jurídico.
¿Trata de personas o huida?: confusa desaparición de una joven en Canindeyú
La Fiscalía y la Policía Nacional tratan de localizar a una joven de 22 años, oriunda de Canindeyú, que se encuentra desaparecida desde el pasado mes de enero. La madre habla de una supuesta “venta” para explotación sexual, aunque otros familiares dieron una versión muy distinta.
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20 de marzo de 2026 14:42
Ruth Noemí Ortiz Barreto, de 22 años, se encuentra con paradero desconocido desde el pasado 13 de enero, luego de haber salido de su vivienda en el barrio San Isidro de la ciudad de Curuguaty, departamento de Canindeyú.
La madre de la joven, Leonarda Barreto, acudió a la Policía Nacional horas después para formular la denuncia por desaparición de personas, tras lo cual se inició una intensa búsqueda que, hasta el momento, sigue sin resultados.
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La mujer sostiene que su hija fue víctima de trata de personas, acusando a la prima de esta, Sara Pedrozo Barreto (34), de supuestamente haberla “vendido” a un hombre por la suma de G. 200.000 con fines de explotación sexual.
Durante un operativo llevado a cabo en la jornada de ayer, las autoridades lograron detener a Pedrozo, quien en estos momentos aparece como principal sospechosa tras la denuncia planteada por Barreto.
Esta mujer negó haber entregado a su prima por dinero, cuestionando la veracidad de las acusaciones formuladas en su contra. “Ha’e ko che acusareinte, ijapueterei”, manifestó al ser entrevistada por los medios.
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En medio del escándalo, se filtraron algunos audios de WhatsApp atribuidos a Ruth Noemí y que la misma habría enviado a su prima Sara, expresándole su deseo de no regresar a su casa debido a supuestos maltratos por parte de su madre, a quien acusa de “hacerla pasar hambre y penurias”.
La fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas, se encuentra a cargo de la investigación por parte del Ministerio Público.
Imputan a “Flamengo” por tráfico internacional de drogas
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para Thiago de Oliveira, alias Flamengo, y presentó imputación en su contra, luego de la detención que se concretó esta mañana en Luque.
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20 de marzo de 2026 13:57
Por tenencia y tráfico internacional de drogas fue imputado Thiago, alias Flamengo, luego de ser detenido en la vivienda que ocupaba en Luque.
En el allanamiento incautaron dos pistolas calibre 40, nueve celulares, joyas y dinero en efectivo.
El fiscal Andrés Arriola ordenó el traslado del detenido hasta la sede de Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado de Asunción.
Según la pesquisa, el brasileño integraría una banda criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes. El grupo tendría sus tentáculos en Bolivia, Brasil y otros países.
Se presume además, que Flamengo sería uno de los nexos de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado Eulalio Gomes, fallecido durante un operativo en su domicilio.
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Arriola solicitó al juzgado interviniente ordenar la prisión preventiva del imputado.
El operativo realizado esta mañana estuvo a cargo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Unidad de Inteligencia de Policía Nacional.
Pusieron que nació el 31 abril, vivió sin documentos por años y ahora demandará al Estado
Hugo César Díaz Alcaraz logró por primera vez obtener su cédula de identidad a los 37 años, tras una larga lucha para corregir un error que nunca fue suyo: su nacimiento en una fecha que no existe en el calendario “31 de abril”.
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20 de marzo de 2026 13:23
Durante muchos años, Hugo César Díaz vivió con un problema que le cerró muchas puertas. Y aunque contaba con certificado de nacimiento, había un grave error en la fecha, en lugar de colocar 30 de abril de 1988, pusieron 31 de abril de 1988.
El hombre de 37 años es oriundo del departamento de San Pedro y pasó toda su vida sin poder realizar trámites básicos, como la de gestionar su cédula de identidad u otros que requieren una documentación válida.
Ese dato mal consignado en el Registro Civil, también le generó muchas dificultades en su día a día, al no contar con su CI, no podía acceder a servicios básicos de salud ni a una educación, solo culminó el primer grado. Y como es de esperarse, tampoco pudo acceder a un trabajo digno.
Se mudó a Villa Elisa en busca de mejores oportunidades, pero la situación fue aún peor, por lo que recurrió al Ministerio de la Defensa Pública, siendo la defensora Claudia Vázquez quien toma el caso de Hugo y promueve una acción judicial de rectificación del acta de nacimiento, con el objetivo de corregir el error.
El juzgado hizo lugar a la acción de rectificación y ordenó corregir el acta de nacimiento, estableciendo la fecha correcta y dejando asentado su nombre completo.
Ahora Hugo ya cuenta con una cédula y anunciaron que exigirán al Estado una indemnización por daños y perjuicios.



