Diario HOY | Los puntos de la propuesta planteada por el gobierno a cañicultores

El borrador del acuerdo de conciliación planteado por las autoridades participantes de la reunión de hoy abarca varios de los puntos exigidos por el gremio de cañicultores.

Petropar se compromete a instalar una nueva planta de molienda para el procesamiento de caña de azúcar desde septiembre del 2026, en condiciones normales e operacion, menciona el documento.

Para el efecto, se convocará a un nuevo llamado a licitación para construir un nuevo Tren de Molienda. Dicho proceso licitatorio deberá finalizar en 90 días hábiles, contando desde la firma del acuerdo.

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La petrolera estatal también se compromete a asegurar el inicio de la zafra de caña de azúcar en mayo del 2026, además de recibir la zafra de este año en su planta de Mauricio José Troche o en otras plantas de terceros, incluyendo del sector privado.

Aproximadamente en el mes de noviembre, deben iniciar “de manera inmediata” las obras complementarias para el futuro Tren de Molienda, detalla el borrador.

Todas las empresas podrán participar de forma libre y en igualdad de condiciones en este nuevo llamado, siempre que cumplan con las condiciones exigidas y tengan solvencia técnica y económica para cumplir con el contrato.

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La recisión del anterior contrato con la empresa EISA seguirá su curso, ante el incumpliento por parte de la citada firma, ya que este punto impide el avance del nuevo proceso de licitación.

En caso de aceptar la propuesta, los cañicultores se deben comprometer al levantamiento de la protesta y de los cierres de ruta, finaliza el documento, que debe ser analizando en asamblea por los productores.

El proyecto tiene por objeto establecer los límites y procedimientos mediante los cuales los funcionarios públicos o autoridades políticas pueden autorizar la práctica de descuentos directos sobre sus salarios o remuneraciones por los servicios personales prestados al Estado.

La iniciativa tiene su origen debido a que muchos servidores públicos enfrentan situaciones de insolvencia derivadas de créditos y descuentos compulsivos, que en ocasiones les impiden acceder a una retribución justa por su esfuerzo diario.

En el mismo sentido, se precisó que los descuentos no podrán exceder, bajo ninguna circunstancia, el 50% de los emolumentos percibidos por el funcionario público, salvo las excepciones expresamente contempladas en el proyecto de Ley.

La plenaria votó y aprobó la versión remitida por la Cámara de Diputados, disponiéndose su remisión al Poder Ejecutivo para los trámites correspondientes.

La jueza Luz Rossana Bogarín dispuso la libertad de Luis Alberto Rojas tras cumplir la pena de 25 años que le otorgaron como autor material del asesinato de Argaña.

Rojas será incluido en programas intensivos de preparación para su retorno a la vida libre, etapa previa a su egreso de la penitenciaría.

Está recluido en la Penitenciaría Regional de Emboscada desde el 2000, y fue condenado en el 2003.

La resolución judicial se deberá materializar el 11 de noviembre de este año.

Al igual que Rojas, también fueron condenados por el magnicidio de Argaña, Constantino Rodas y Pablo Vera Esteche.

El hecho que marcó la historia política de Paraguay se registró en la mañana del 23 de marzo de 1999 cuando Luis María Argaña se dirigía en su camioneta Nissan Patrol hasta la oficina de la vicepresidencia en compañía de su chofer y guardaespaldas, quien también falleció.

El vehículo fue interceptado por un Fiat Tempra y atacado a tiros a la altura de la calle Venezuela en Asunción.

La antigua oficina del INDI, situada sobre la calle Don Bosco casi Humaitá, amaneció repleta de carteles y pasacalles que reflejan la negativa de los pobladores del barrio Doctor Francia a una posible reapertura.

Esta dependencia, perteneciente a las Fuerzas Armadas y ubicada en cercanías del Hospital Militar, actualmente se encuentra inactiva, aunque los vecinos afirman haber notado algunos movimientos en los últimos días.

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Uno de ellos confirmó al canal GEN que ayer se realizó una llamativa visita de autoridades del Ministerio de Defensa, con presencia del nuevo presidente del INDI, Hugo Ramón Samaniego.

Esta situación les hace sospechar de una posible reapertura del inmueble, plan que rechazan enérgicamente. “Ahí hacían sus necesidades, pero también cometían abusos de niños”, comentó Lilian Almada, una de las vecinas que participó de la manifestación de hoy.

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A esto se le suma la agresividad con que generalmente actuaban los nativos que permanecían instalados sobre la vereda, algunos de los cuales incluso iban armados con cuchillos e intimidaban a los transeúntes.

Teniendo en cuenta las malas experiencias de años anteriores, el pedido puntual es que no se concrete la reactivación de esta antigua dependencia del Instituto Paraguayo del Indígena, ya que ello generaría nuevos conflictos en la zona.