Diario HOY | Mafia de los pagarés: Comisión invitará al presidente de la Corte y a otras autoridades

La Comisión que investiga el esquema delictivo presentó el informe que contabiliza hasta la fecha unas 2 mil personas afectadas por esta problemática, relacionada con embargos y descuentos compulsivos.

Prevén elaborar un plan de trabajo y una lista preliminar de personas e instituciones que serán convocadas a próximas reuniones.

Anuncian que evaluarán citar al presidente de la Corte, representantes del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa Pública, de la Defensoría del Pueblo, así como a representantes de empresas privadas cuestionadas por su presunta vinculación con estas prácticas.

“Revisamos casi 2000 casos que ya se encuentran registrados en la plataforma web. Hay otros mil en proceso de documentación, lo que nos permite obtener un panorama más claro de qué instituciones están involucradas, qué tipo de profesionales son las víctimas, en qué localidades se concentran los casos y en qué comercios o entidades”, detalló Esperanza Martínez, miembro de la Comisión.

Este martes se lanzó oficialmente la campaña de abaratamiento de productos de la canasta básica por el mes patrio y el Día de la Madre.

Se trata de una iniciativa impulsada de manera conjunta entre el sector público y el sector privado, con la cual la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (COMAMPAR), pone a disposición una serie de descuentos especiales en los comercios asociados.

“Hoy todos sabemos que está subiendo el dólar, entonces lo importante acá es que una vez más estamos unidos entre el sector público el sector privado como para apoyar a nuestra gente”, expresó el viceministro de Industria, Marco Riquelme.

La campaña “Ahorrá Py” irá del 9 al 23 de mayo, con hasta 40% de descuento en los productos tanto de los comerciantes como de los proveedores.

Algunos de los productos con descuento son yerba, aceite arroz, fideos, gaseosa, embustidos, productos de higiene personal, productos de limpieza, entre otros.

Los encarnacenos se declararon en vigilia permanente en rechazo a la implementación del estacionamiento tarifado en la ciudad. La medida, calificada como un nuevo “impuestazo”, generó una fuerte reacción ciudadana que ya reunió más de 4.500 firmas exigiendo el cese inmediato del sistema.

“Se impuso una medida sin consulta previa, sin condiciones mínimas como calles en buen estado o transporte público eficiente, se ve una improvisación”, expresó la abogada Perla Riveros, presidenta de la Contraloría Ciudadana de Encarnación. Afirmó que el pago por estacionar en la vía pública representa una forma de “alquiler extorsivo” que afecta principalmente al sector comercial.

Las movilizaciones incluyen caravanas, escraches frente a domicilios de concejales y del propio intendente Luis Yd, a quien acusan de estar “desaparecido” desde la crisis por el derrumbe del edificio en construcción que se cobró la vida de dos mujeres. “Desde aquella conferencia en la que se reía de la tragedia, no se lo volvió a ver. Le vemos por la capital siendo que Encarnación vive una de sus peores crisis, él está de vacaciones. No sabemos qué pasó de nuestro intendente”, denunció Riveros.

Pese a que se había anunciado una mesa de diálogo con concejales, la ciudadanía asegura que no fueron convocados.

Funcionarios municipales ingresaron al edificio ubicado sobre Presidente Franco entre O’leary y 15 de agosto, convertida en un aguantadero y basural.

La intervención se realizó tras la denuncias de los vecinos quienes manifiestan que el sitio es utilizado por adictos para esconderse.

Se trata de una zona de la ciudad en donde pasan buses del transporte público, por lo que varias personas transitan por allí para abordar algunas de las unidades, y existe temor de que, desde el interior del edificio denunciado, salgan personas con intenciones de robar.

El sitio ya había sido intervenido en junio del 2024 y en ese entonces, se notificó a los propietarios sobre la situación del inmueble y la multa a la que se exponían.

Ahora de nuevo se insistirá con los dueños para que cierren las entradas, de tal forma a evitar que sea refugio de malvivientes.