Diario HOY | Mafia de pagarés: evalúan suspender descuentos vía ley

Este miércoles, se realizó la instalación formal de una comisión especial de investigación en la Cámara de Senadores. La misma está presidida por el senador Rafael Filizzola (PDP), acompañado por Mario Varela (ANR) como vicepresidente, Blanca Ovelar (ANR) como relatora, y cuenta con representantes de todas las bancadas.

Durante su instalación, los miembros de la comisión anunciaron como primera medida la convocatoria para este lunes a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es exigir explicaciones sobre una acordada que impide suspender juicios ejecutivos en curso, aun cuando existen fuertes indicios de fraude y abuso.

La periodista Angélica Giménez reportó al canal GEN que la comisión también se abocará a la recopilación de datos oficiales de víctimas para dimensionar el alcance del daño económico causado por este esquema. En paralelo, analizarán un proyecto de ley que permita suspender temporalmente los embargos judiciales relacionados con pagarés, hasta determinar qué casos fueron tramitados con irregularidades. No se precisó si esta medida se aplicará a los embargos ya existentes o a futuros.

El debate parlamentario se centra en cómo frenar los abusos sin afectar el funcionamiento normal del sistema judicial y financiero. La comisión del Senado sesionará los lunes al mediodía con la presencia de las autoridades de la Corte.

Varias de las víctimas del esquema conocido como “mafia de los pagarés” este miércoles decidieron manifestarse frente a la sede del Ministerio Público en la ciudad de Encarnación.

Según informó la periodista de Nación Media, Rocío Gómez, esta protesta pacífica se llevó a cabo con el objetivo de solicitar que todas las causas penales sean remitidas a esta unidad fiscal.

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“Ninguno de los casos está aquí, algunos están en Asunción, en Villa Hayes, en el Chaco o en diferentes puntos del país, pero menos acá”, afirmó a GEN la vocera del grupo, Gabriela Sanabria.

Con ello -explicó-, pretenden abaratar gastos de traslado y facilitar el seguimiento de sus denuncias, teniendo en cuenta la distancia existente entre los diversos distritos del departamento.

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Tan solo en la zona de Itapúa, existen más de 400 víctimas de “la mafia de los pagarés”, quienes conformaron un grupo de WhatsApp en el que se organizan para llevar adelante distintas acciones.

Los manifestantes tuvieron oportunidad de reunirse con la fiscal adjunta de Encarnación, a fin de solicitarle ayuda para tramitar este pedido.

La agente fiscal de Capiatá, Carolina Martínez, formuló la imputación en contra de las personas detenidas en el marco del operativo Morfeo, en el que 30 personas resultaron víctimas de estafa.

Simón Pedro Rodríguez Pussurno, Dahiana Analía Lagraña Jara y Joan Rodríguez Matifol, ofrecían a través de las redes sociales, servicios de construcción de viviendas, pero todo formaba parte de un engaño.

Los tres fueron detenidos en la compañía Cerro Kôi durante un allanamiento dirigido por la agente fiscal a una empresa constructora, tras denuncias de las familias que habían pagado por la construcción de viviendas que nunca fueron edificadas.

La empresa “Constructora Py” ofrecía la construcción de viviendas a bajo costo mediante contratos que establecían pagos en tres etapas. Sin embargo, tras iniciar los trabajos preliminares y recibir el pago correspondiente a la segunda fase, los responsables abandonaban las obras y desaparecían, dejando los proyectos inconclusos.

Se estima que estafaron a las víctimas por un monto de G. 1.500 millones.

El director de Policía del Departamento Central, Crio. Gral. Gustavo Barrios, ordenó una investigación inmediata tras la difusión de un video que muestra a civiles bajando de una patrullera con bolsas, presuntamente con bebidas alcohólicas. El hecho habría ocurrido el domingo pasado.

“Ya convoqué al personal de Asuntos Internos para esclarecer lo ocurrido. Vamos a identificar al personal que estaba de guardia ese día”, aseguró el Crio. Gral. Gustavo Barrios en entrevista con el canal GEN. Confirmó que se dirige personalmente a la Comisaría Séptima de Ñemby, unidad involucrada en el hecho, y que el caso podría derivar en sanciones severas.

El jefe policial detalló que el uso de un móvil oficial para fines particulares constituye una falta grave. “Si se confirma que transportaban bebidas alcohólicas en la patrullera, es una falta a los deberes policiales y puede derivar en sanciones como la baja, suspensión sin sueldo o apercibimiento, según la gravedad”, advirtió.

Consultado sobre si los móviles pueden ser utilizados para ayudar a civiles, Barrios fue categórico: “La Policía está para servir a la ciudadanía, para auxiliar a una parturienta, por ejemplo, no para ir a transportar bebidas alcohólicas como aparentemente se está vitalizando, y eso tiene su sanción”.

Además, anunció la apertura de una investigación para identificar a los civiles involucrados, luego de que uno de ellos apareciera en redes presumiendo armas largas y fajos de dinero. “Eso también está prohibido. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, incluso si corresponde remitir el caso al Ministerio Público”, sostuvo Barrios.