Diario HOY | Maya, la perra rescatista que encontró a las víctimas del derrumbe

Maya es una perra de 2 años y medio, cruza de pastor belga Malinois y pastor alemán, adiestrada por Matías Chaparro, un joven encarnaceno dedicado al entrenamiento canino para situaciones de defensa, ataque y búsqueda de personas.

“Me enteré por redes sociales, ya cerca de la 1:30 de la madrugada, cuando me empezaron a etiquetar en transmisiones en vivo”, relató Chaparro en charla con el canal GEN. A partir de allí, se puso en contacto con familiares de las víctimas, les pidió prendas con olor y junto a su esposa se trasladaron hasta el lugar del siniestro.

Una vez en el sitio, Maya olfateó las prendas y comenzó la búsqueda. En menos de 15 minutos logró marcar con claridad un punto en el techo de la estructura colapsada, donde detectó rastros de olor humano. “Confíe al 100% en ella y avisé a los bomberos”, explicó su adiestrador.

Gracias a su aporte, se redefinió el plan de búsqueda, excavando en dirección diagonal desde el frente hacia el fondo del edificio, lo que permitió agilizar el hallazgo de las víctimas.

“La confianza de los bomberos fue clave”, resaltó Chaparro. “El trabajo de Maya ayudó a reducir drásticamente el tiempo que podía llevar a encontrar a las personas atrapadas”, destacó. No obstante, lamentó el trágico final, ya que ambas fueron halladas sin vida.

Matías Chaparro entrena perros en Encarnación y pone sus servicios al servicio de la comunidad ante situaciones de emergencia. Para contacto: (0984) 144 917.

El siniestro ocurrió el miércoles 2 de abril, cerca de las 22:19, sobre la calle Capitán Molas y avenida Japón. La estructura, destinada a ser un hotel, colapsó dejando bajo los escombros a dos personas que se encontraban en el lugar: Hermelinda Báez, de 55 años, y su nieta Monserrat Brítez, de 15 años.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 294 de la Ley 1160/97, Código Penal Paraguayo”, referente a la liberación de presos.

El proyecto establece tres modificaciones principales: Por un lado, mantiene la pena base de hasta tres años o multa para quien libere, induzca o apoye la fuga de un interno.

Por otro lado, aumenta la pena para funcionarios públicos o personal penitenciario obligados a evitar evasiones, elevándose de “hasta siete años” (como contempla la ley actual) a un rango de “cuatro a diez años” de privación de libertad.

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Introduce además, un nuevo agravante para casos de “fuga masiva”, estableciendo una pena de entre 5 y 15 años cuando se libere a más de un interno.

Tras su ingreso al circuito legislativo, se dispuso que el proyecto sea remitido, para su estudio y consideración, a las comisiones de Asuntos Constitucionales; Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; y a la de Reestructuración y Modernización del Estado.

“El problema que tiene la señora Natalia Zuccolillo, dueña de ABC Color y del Banco Atlas, es que su banco tiene una relación comercial de 20 años con itti y esta empresa descubrió y denunció que hicieron una manipulación ilegal del software, por lo que tienen que pagar penalidades que llegan a los 70 millones de dólares”, expresó el presidente Santiago Peña.

El mandatario hizo alusión al pleito judicial entre el Banco Atlas del Grupo Zuccolillo con la empresa itti, proveedora de su core bancario, a raíz del reclamo que hizo esta tras detectar graves incumplimientos por parte del ente bancario en el uso del software, propiedad de la firma tecnológica.

“El problema es que Natalia Zuccolillo no quiere pagar lo que debe. Es un problema de derecho de propiedad intelectual a lo que de forma coloquial lo llamamos piratería”, expresó el presidente Peña.

Asimismo, el mandatario indicó que el Grupo Zuccolillo no debe confundir la libertad de prensa con hechos relacionados a la extorsión o persecución.

“A mí no me van a callar, me van a encontrar siempre de frente, hablando con la verdad. Voy a dar siempre explicaciones, no a Natalia Zuccollillo, sino al pueblo paraguayo”, enfatizó.

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en la Cámara de Senadores, convocada por el senador Rafael Filizzola y otros de sus colegas.

Dicha convocatoria tuvo como principales protagonistas a las víctimas del esquema de estafa conocido como “la mafia de los pagarés”.

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Varias personas que se vieron afectadas por esta rosca integrada por jueces de paz, funcionarios judiciales y abogados, además de empresas privadas, dieron sus desgarradores testimonios en el Congreso.

Una variedad de relatos y experiencias pudieron ser escuchadas en esta audiencia legislativa, coincidiendo en un aspecto en común: todas las víctimas perdieron importantes sumas de dinero y hasta hoy día siguen pagando las consecuencias.

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En la mayoría de los casos, se trata de personas de recursos limitados, así como también de docentes, enfermeras y trabajadores cuyos salarios sufren descuentos compulsivos por culpa de esta “mega estafa”.

La intención es poder elaborar una base de datos de los afectados, a fin de conocer la magnitud del caso y realizar el seguimiento del proceso penal abierto por el Ministerio Público.