Diario HOY | Media sanción a ley Mafe que crea registro de personas desaparecidas

A pesar de que no figuraba en el orden del día de la sesión ordinaria, la extraordinaria incluyó en el primer punto el proyecto de ley Mafe, con dictamen positivo de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer.

La propuesta legislativa crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RENAPED), a cargo de la Dirección Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional. Contendrá los siguientes datos:

a) Datos personales: se registrarán nombres y apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de Cédula de Identidad, fotografía reciente y características físicas. Se deberán consignar los apodos, seudónimos o sobrenombres.

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b) Detalles de la desaparición: fecha y lugar de último avistamiento; información proporcionada por familiares, testigos o autoridades sobre los hechos.

c) Información Familiar y de Contacto: se incluirá información de contacto de los familiares o personas cercanas a la persona desaparecida, como nombres, apellidos, direcciones, números de teléfono y correos electrónicos, para facilitar la comunicación y coordinación en la búsqueda.

d) Registros de Búsqueda y Localización: se mantendrá un registro detallado de las acciones de búsqueda llevadas a cabo por las autoridades y organismos competentes, incluyendo los resultados obtenidos y la ubicación geográfica de los operativos realizados.

e) Alerta: se consignará la activación de la Alerta MAFE en caso de desaparición de niños, niñas y adolescentes, y personas adultas, así como las autorizaciones judiciales correspondientes para realizar las publicaciones en telefonías.

f) Actualización periódica: se establecerá la obligación de mantener actualizada la información contenida en el Registro, con la finalidad de contar con datos precisos y veraces para agilizar la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.

ALERTA MAFE

Según el artículo 10, la alerta MAFE se activará en casos de desaparición de niños, niñas, adolescentes y personas adultas, basándose en criterios de riesgo que determinen que la vida o seguridad de la persona desaparecida está en peligro inminente.

La alerta por medio de los servicios de telefonía regulados en la ley de Telecomunicaciones, podrá incluir aplicaciones digitales en forma de texto, audiovisual o imágenes, con sonido de notificación especial, que permitan la difusión masiva de datos que identifiquen y permitan apoyar las tareas de búsqueda de niños, niñas y adolescentes, así como de personas adultas desaparecidas.

La denuncia podrá formularse ante la Policía Nacional de la circunscripción más cercana, sin que sea exigible el transcurso de un tiempo mínimo entre la desaparición y la denuncia.

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El economista Ramón Ramírez, exfuncionario del Ministerio de Hacienda, será el encargado de intervenir la Municipalidad de Ciudad del Este. Lo confirmó en entrevista con Universo 970 AM de Nación Media.

“Recibí el llamado del presidente, quien me solicitó liderar este trabajo y conversamos sobre la línea estrictamente técnica”, expresó.

Ramírez comentó que ya tiene experiencia de trabajo con el presidente Santiago Peña, ya que ambos coincidieron en el Ministerio de Hacienda tiempo atrás.

En el caso de Asunción, la intervención estará a cargo del Dr. Carlos Pereira, actual consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) y expresidente del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Ambos se encuentran a la espera de la firma del decreto para entrar en funciones con sus respectivos equipos.

Según fundamentaciones, las modificaciones introducidas por el Senado son solo de forma y no de fondo, por lo que corresponde aceptar la versión de la cámara revisora.

Las comisiones de Defensa, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; y de Legislación y Codificación de Diputados, recomendaron la aprobación con las modificaciones propuestas.

Esta iniciativa, según la exposición de motivos, surge como respuesta a la creciente preocupación por el uso delictivo de estos dispositivos en todo el país, especialmente, en el departamento de Alto Paraná, donde se ha constatado su utilización en diversos hechos delictivos como asaltos a entidades financieras, servicentros y transportadores de caudales.

El proyecto, presentado busca establecer además un marco regulatorio para la comercialización de estos dispositivos, exigiendo que los vendedores se inscriban en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria y Comercio.

También propone prohibir la tenencia y utilización de inhibidores sin la debida autorización de los organismos de control.

Otra medida propuesta es la imposición de sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría o multa para quienes incumplan la ley.

Entre los cambios, se agregó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como ente regulador del ámbito técnico de reglamentación y control específico. También se incluyó al Ministerio del Interior en el ámbito administrativo de control.

El Prof. Dr. Walter Delgado, director de Admisión de la UNA, explicó que el cursillo probatorio de ingreso era obligatorio para quienes anhelaban ingresar a la carrera de Medicina, pero detectaron varios problemas que motivaron a realizar un ajuste.

Uno de los motivos es la igualdad de oportunidades para todos los postulantes, porque implicaba una alta carga horaria durante el año lectivo que era imposible cumplir, principalmente, para aquellos que residen lejos de la casa de estudios ubicada en Sajonia.

“Es muy complicado ir y venir, entonces notamos que eso generaba una deserción importante entre los postulantes, ahora queremos disminuir esas variables y darle oportunidad a la gente que termina el colegio para que pueda aplicar”, expresó Delgado al canal GEN/Nación Media.

Esta nueva disposición comenzará a regir desde el próximo año, y no significa que se elimina el examen de ingreso, solo la obligatoriedad del cursillo de ingreso.

Las fechas de inscripción se extenderán desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, y los exámenes de ingreso se realizarán del 6 al 13 de febrero de 2026.