Diario HOY | Miguel Prieto suma una nueva imputación por daño patrimonial de G. 300 millones en CDE

Los agentes fiscales Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González resolvieron imputar al ahora exjefe comunal de Ciudad del Este, en el marco de una causa penal en la que se encuentra investigado.

En esta ocasión, Miguel Prieto fue procesado por los hechos punibles de lesión de confianza y uso de documentos públicos de contenido falso.

El último proceso en el que fue incluido el exintendente esteño guarda relación con un millonario desembolso de fondos de la comuna para pagos por servicios que no habrían sido realizados.

Los antecedentes refieren que, en el año 2020, se habrían destinado recursos correspondientes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro, sin que el dinero llegue a su destino final.

El perjuicio patrimonial provocado a la Municipalidad de Ciudad del Este ascendería a la suma de G. 311.580.000, conforme a la investigación de la Fiscalía.

Otras 11 personas fueron imputadas por el Ministerio Público junto a Miguel Prieto, en el marco de la citada causa penal.

En el punto 7 del orden del día figura el proyecto de ley remitido al Senado a través del Ministerio de Economía y Finanzas: el de la “Ley de arbitraje”. La propuesta pasó por la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado, que aconseja la aprobación con modificaciones, las cuales, serán expuestas durante el tratamiento.

Según la explicación, este proyecto moderniza por completo el régimen arbitral nacional, incorporando principios del derecho internacional, validez de acuerdos electrónicos, ampliación de materias arbitrables y garantías procesales más sólidas.

Además, fortalece la independencia de los árbitros, la seguridad jurídica para las partes y se redefine la relación con el Poder Judicial, facilitando la ejecución de laudos y la cooperación institucional.

“Lo que se quiere generar es una alternativa al proceso judicial, no competir con el Poder Judicial, sino ser socio con el Poder Judicial y generar un ambiente y ecosistema más propicio y, en segundo lugar, porque los países en los que el arbitraje funciona bien, es una gran industria de comercios y servicios”, explicó el asesor jurídico, Roberto Moreno, durante la presentación del proyecto en el Palacio de López.

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Toda cuestión de contenido patrimonial y transigible podrá ser sometida a arbitraje, así como aquellas que la ley o los tratados y acuerdos internacionales autoricen. No podrán someterse a arbitraje las controversias relacionadas con relaciones laborales individuales.

Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros, el cual deberá ser impar. A falta de tal acuerdo, los árbitros serán tres.

Si las partes determinaron un número par de árbitros, la cláusula se entenderá ipso jure reducida al número impar próximo más bajo.

Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje, atendidas las circunstancias del caso, inclusive la conveniencia de las partes.

Cuando se designe a una persona jurídica como árbitro, se entenderá que dicha designación está referida a su actuación para nombrar árbitros.

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En la sesión ordinaria de este miércoles, en el punto cinco del orden del día, estaba incluido el proyecto de ley de la reforma del transporte público.

La fecha ya había sido acordada el 30 de julio, ocasión en la que el senador Basilio Núñez presentó una moción para fijar este 3 de septiembre para el tratamiento de código, esto es, sin admitir modificaciones, pues, la fecha para discutir cambios había sido fijada para el 27 de agosto.

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Sin embargo, en medio de las conversaciones con el Ministerio del Trabajo, el Viceministerio del Transporte y los choferes, surgió un pedido de postergación desde las comisiones del Senado, a fin de proseguir el diálogo con los sindicalistas.

Algunos de los ejes del proyecto, según la exposición hecha por la ministra de Obras, Claudia Centurión, durante la presentación en el Palacio de López son:

Romper el monopolio de los proveedores: separar por un lado la provisión de la flota y trabajar con los operadores actuales en dar el servicio de buses.

“Vamos a sacarle esa carga de comprar. El estado va a tener un contrato de provisión de la flota y por otro lado un contrato de operación y mantenimiento”, detalló en su momento la titular del MOPC.

Integración tarifaria: que trasladarse sea más eficiente y más barato.

Tecnología: una de las bases, precisó, es la incorporación de centros de monitoreo, a fin de tener información en tiempo real.

“Que cada uno dentro de su celular pueda saber en cuánto tiempo llega su bus y poder viajar más cómodos y seguros”, afirmó.

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Incentivos al sector femenino: que más mujeres se sumen a operar los buses y entregar el servicio a la ciudadanía.

En cuanto a los pilares, citó:

La gobernanza: un estado que ponga las reglas claras e introduzca una nueva forma de gestionar el servicio.

Nuevos buses: unidades eficientes, amigables con el medio ambiente. Buses tanto eléctricos como con nuevas tecnologías, con menores emisiones.

Uno de los reclamos de los choferes del transporte que anuncian una huelga para el miércoles y el jueves, es la suspensión del tratamiento de este proyecto.

Integrantes de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo recibieron el lunes al titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, quien acudió para hablar acerca del proyecto de ley de Mercado de Valores y Productos, que figura hoy en el punto 8 del orden del día.

El proyecto estipula un nuevo marco normativo para el mercado de capitales, con mayores garantías de protección al inversionista, refuerzo de la supervisión y habilitación de asambleas virtuales para atraer a inversores extranjeros. También se amplía la oferta de productos.

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“Tuvimos un intercambio súper fructífero, nos dieron oportunidad de explicar con profundidad el alcance y lo que se busca. Este tipo de debate es muy enriquecedor para la toma de decisiones y para tener una percepción de los temas”, resaltó Carvallo.

Para la cabeza del BCP, esta ley marcará un antes y un después en Paraguay, pues consolidará un mercado sumamente importante y garantizará el crecimiento económico y el potencial a largo plazo para financiar inversiones de envergadura, además de ratificar el grado de inversión.

“Estamos trabajando ahora en consolidar ese grado de inversión y hacer más eficientes los mercados para que se puedan canalizar el ahorro tanto de los paraguayos como del resto del mundo”, detalló.

Carvallo describió a la ley como muy moderna y alineada a las prácticas internacionales. La legislación dialoga con el mundo y hace más atractivo el mercado para los inversionistas extranjeros.

La iniciativa busca unificar y modernizar el marco legal vigente del mercado de valores y productos, creando un entorno normativo más robusto, coherente y alineado con estándares internacionales.

Se prioriza la protección del inversionista mediante reglas claras, mayor transparencia, equidad en las operaciones y fortalecimiento del gobierno corporativo. La ley fue elaborada con la participación del sector privado y el acompañamiento técnico del BID y del FMI.

PAQUETE DE LEYES

La Cámara de Diputados sancionó ayer tres de las 10 propuestas del paquete de leyes: el nuevo régimen de maquila, el régimen de incentivos fiscales para la inversión nacional y extranjera, y la política para la producción y ensamblaje de equipos eléctricos.

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