Diario HOY | Millonario perjuicio a criminales y varias incautaciones: lo que logró “Escudo Guaraní”

A poco de cumplirse un mes de la puesta en marcha de la Operación Escudo Guaraní, se dieron a conocer los primeros resultados obtenidos como parte de los trabajos ejecutados por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.

Dichos trabajos se realizan en los departamentos de Alto Paraguay, Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Misiones y Ñeembucú, utilizando medios aéreos, terrestres y fluviales. Más de 4.000 efectivos militares fueron desplegados en las principales zonas fronterizas del país.

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Según el informe, el lucro cesante total generado a los criminales asciende a más de USD 4.890.000, esto mediante la incautación tanto de drogas como armas de fuego, municiones y aeronaves.

Cabe recordar que uno de los primeros logros de “Escudo Guaraní” fue la interceptación y captura de una aeronave en la zona de Concepción, por un valor estimado de USD 300.000. A la par, también fueron decomisados 1.127 kilos de marihuana en Pilar, generando un lucro cesante de USD 165.000.

En otros procedimientos realizados en las últimas semanas, se lograron incautar más de 30 toneladas de marihuana en las ciudades de Pedro Juan Caballero (Amambay), Yby Pytã (Canindeyú) y Yby Yaú (Concepción), generando un perjuicio económico que supera los USD 4.500.000.

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A la par, se llevaron a cabo controles por parte de la DIGEMABEL a 31 locales comerciales, incluyendo casas comerciales, canteras y empresas de seguridad en Amambay y Canindeyú, los cuales se encontraban en situación irregular.

El resultado de estos allanamientos fue el decomiso de 3 armas de fuego tipo escopeta calibre 12 y 488 municiones, cuyo valor estimado ronda los G. 45 millones, de acuerdo al reporte proveído desde el Ministerio de Defensa.

El senador Líder Amarilla. presidente de dicha comisión, explicó que la iniciativa propone que las personas adultas mayores puedan portar un distintivo en sus vehículos, con el propósito de precautelar su seguridad y facilitar el tránsito, promoviendo el respeto, la paciencia y la tolerancia hacia este grupo etario, que actualmente no cuenta con ningún identificador en materia vial.

El proyecto establece que el distintivo será aplicable a personas mayores de 65 años. No obstante, la Comisión recibió la opinión del órgano rector de adultos mayores, dependiente del Ministerio de Salud Pública, que recomendó iniciar su aplicación desde los 60 años.

En atención a dicha sugerencia, la Comisión decidió adherirse a este criterio y recomendó la aprobación del proyecto con las modificaciones correspondientes.

El titular del Indert acudió esta mañana a la Cámara de Senadores, a fin de mantener una reunión con integrantes de la Mesa Directiva.

“Vinimos a aclarar dudas. La reunión fue muy positiva”, expresó Francisco Ruiz Díaz en entrevista con los medios, una vez culminado dicho encuentro con senadores de diferentes bancadas.

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Respecto a las denuncias sobre supuesta venta irregular de tierras en la zona de Carmelo Peralta, aseguró que el estatuto vigente no previó el crecimiento de la región del Chaco, así como tampoco la construcción de la Ruta Bioceánica.

Asimismo, reiteró que los cuatro casos que fueron denunciados públicamente iniciaron el proceso de adjudicación en el año 2020, siendo finalmente adjudicados en el año 2022, durante la administración anterior del Indert.

Una de las propuestas -reveló- es la de conformar una comisión especial y organizar una verificación ‘in situ’ con parlamentarios a las tierras que hoy se encuentran en el ojo de la polémica.

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Ruiz Díaz negó que las tierras hayan sido “regaladas” y aclaró que la tasación de dichos inmuebles se realiza conforme al Estatuto Agrario, que establece el mecanismo de fijación de valores basándose en las características geológicas del suelo. “Lo que ocurrió acá hace cuatro años atrás es lo de la Bioceánica y eso hace explotar los valores inmobiliarios”, añadió.

“Acá hay que ver si existe algún indicio de corrupción de la administración anterior”, sentenció Ruiz Díaz, planteando el inicio de una eventual investigación penal.

El operativo se llevó a cabo en el marco de las acciones permanentes de fortalecimiento de la seguridad penitenciaria y prevención de hechos punibles.

La requisa se desarrolló con total normalidad y sin incidentes relevantes, logrando retirar una cantidad considerable de elementos prohibidos que representaban un riesgo para la seguridad interna del establecimiento. Se destaca la efectiva coordinación interinstitucional durante todo el procedimiento.

La intervención se llevó a cabo por disposición de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, con acompañamiento de las fuerzas públicas y del personal penitenciario, conforme a los protocolos vigentes y garantizando el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad.

Asimismo, por disposición del Ministerio de Justicia, estos controles son reforzados durante el mes de diciembre, considerado un período especialmente sensible para el Sistema Penitenciario.

Todos los objetos incautados fueron debidamente registrados y entregados a la Comisaría 3.ª Jurisdiccional, quedando a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.