Diario HOY | Ministro de la Corte se reunió con víctimas de la mafia de los pagarés

Un grupo de manifestantes esta mañana realizó una protesta pacífica a las afueras del Palacio de Justicia de Asunción.

Se trataba de víctimas de “la mafia de los pagarés”, quienes volvieron a elevar sus voces en busca de respuestas de la máxima instancia judicial ante sus insistentes reclamos.

Te puede interesar: Anuncian proyecto para frenar embargos compulsivos a víctimas de la mafia de pagarés

Luego de varios minutos de manifestación, finalmente el ministro Gustavo Santander Dans decidió recibir a una comitiva de representantes, a fin de escuchar sus inquietudes y propuestas.

Entre las solicitudes de este grupo de víctimas se encuentra la reconsideración de la suspensión temporal de embargos ejecutivos, teniendo en cuenta que los descuentos compulsivos a sus salarios siguen realizándose.

Leé también: Víctimas de la mafia de los pagarés denuncian desinterés de la Corte

De igual manera, instaron a realizar una auditoría al Juzgado de Paz de Luque, a raíz de la supuesta falsificación de firmas y notificaciones de varios expedientes de los afectados.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia aprovechó la ocasión para brindar detalles sobre los avances logrados en instancias judiciales, además de tomar nota de los reclamos, informó el periodista de Nación Media, Aldo Ynsfrán.

La senadora Celeste Amarilla había manifestado su oposición a que un puente se denomine Padre Guido Coronel, al que trató de “pedófilo, explotador y acumulador de riquezas vendiendo tierras públicas”.

Al respecto, la Junta Municipal de Minga Guazú señaló como “apreciaciones descabelladas” a las declaraciones de Amarilla, por lo que se decidió declararla como persona no grata en la ciudad.

Puede interesar: Diputado se opone a decretar feriado por la clasificación: “No podemos perder la seriedad”

Asimismo, se prohibió la participación de la senadora en todos los actos oficiales organizados por la institución municipal.

Cabe mencionar que en Minga Guazú, el Padre Coronel es considerado propulsor de la creación y progreso de la comunidad.

Los agentes fiscales Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González resolvieron imputar al ahora exjefe comunal de Ciudad del Este, en el marco de una causa penal en la que se encuentra investigado.

En esta ocasión, Miguel Prieto fue procesado por los hechos punibles de lesión de confianza y uso de documentos públicos de contenido falso.

El último proceso en el que fue incluido el exintendente esteño guarda relación con un millonario desembolso de fondos de la comuna para pagos por servicios que no habrían sido realizados.

Los antecedentes refieren que, en el año 2020, se habrían destinado recursos correspondientes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro, sin que el dinero llegue a su destino final.

El perjuicio patrimonial provocado a la Municipalidad de Ciudad del Este ascendería a la suma de G. 311.580.000, conforme a la investigación de la Fiscalía.

Otras 11 personas fueron imputadas por el Ministerio Público junto a Miguel Prieto, en el marco de la citada causa penal.

El juzgado interviniente resolvió ordenar la prosecución de la investigación, luego de que el Ministerio Público solicitara la reapertura de la causa abierta por la presunta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

En la acusación respectiva, el Ministerio Público sostuvo que Rivas supuestamente posee un título falso de abogado de la Universidad Sudamericana y supuestamente se valió de un certificado de estudios y de un título que no se ajustan a la realidad, puesto que no habría cursado la carrera de Derecho.

Utilizando estos documentos apócrifos, el acusado logró jurar ante la Corte Suprema de Justicia como abogado y obtuvo la emisión de su matrícula. Luego presentó copia autenticada de esta matrícula ante el JEM, para acreditar su calidad de abogado, aunque no habría cursado la carrera universitaria.

La investigación se encuentra a cargo de las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero,