Diario HOY | Ministros estudian la devolución de tierras

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Gustavo San­tander, César Diesel y Víctor Ríos, debe estudiar si recha­zan o no la acción de inconsti­tucionalidad presentada por Ronaldo Braga Diniz, quien recurrió a la máxima instan­cia judicial tratando de dejar sin efecto una resolución del tribunal de apelación en lo civil y comercial que devol­vió una valiosa propiedad a la firma Ypyta Inmobiliaria.

En primera instancia, un juez en lo civil de forma irregular autorizó la venta de una costosa propiedad de la firma Ypyta a un ter­cero a pesar que la venta ya no podía realizarse. El sín­dico de quiebras que avaló la venta es el hoy condenado Blas Velázquez, quien tam­bién está denunciado penal­mente y debe ser imputado por el despojo irregular de varios inmuebles pertene­ciente a la firma Ypyta Inmo­biliaria.

La representación legal de Ronaldo Braga Diniz pre­tende admitir la acción de inconstitucionalidad a pesar de que no reúne los requi­sitos para hacerlo. En ese sentido, existirían actores políticos que están detrás del caso y uno de ellos sería el exvicepresidente de la República Hugo Velázquez y Joselo Rodríguez, involu­crado en el escándalo de la Itaipú que género una cri­sis en el gobierno de Mario Abdo Benítez.

SEGUNDA INSTANCIA

El Tribunal de Apelación primera sala de la capital en febrero de este año dejó sin efecto la resolución del juz­gado civil y comercial que de forma irregular y arbitraria autorizó la venta de forma directa de la propiedad ubi­cada en la zona de Pedro Juan Caballero. Con la determi­nación adoptada en segunda instancia, la firma Ypyta debe recuperar dicho inmueble.

Ahora está en manos de los ministros de la Corte no pres­tarse a la maniobra irregular del accionante y garantizar el Estado de derecho. En caso de que se ordene dar trámite a la acción se dejaría un prece­dente negativo para la seguri­dad jurídica en nuestro país.

El ministro del Interior, Enrique Riera, y el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Carlos Benítez, esta mañana brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer detalles sobre una denuncia realizada recientemente por ganaderos.

La misma guarda relación con un supuesto plan de invasión al predio de la Estancia Lucipar, situada en el departamento de San Pedro, anunciada para este viernes. El hecho fue advertido por la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

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Fotografías y videos compartidos durante la conferencia evidencian aparentes preparativos para ocupar este inmueble, que posee una extensión aproximada de 10.000 hectáreas.

Debido a esta advertencia, las autoridades dispusieron una serie de medidas de seguridad, incluyendo el despliegue de efectivos policiales en la zona del establecimiento, además de un férreo trabajo de inteligencia.

Riera resaltó la importancia del respeto irrestricto a la ley y la propiedad privada, comprometiéndose a prevenir eventuales invasiones por parte de personas inescrupulosas. En este caso puntual, se menciona a campesinos sin tierra.

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En el marco de esta denuncia, se dictó una orden de detención contra los siguientes dirigentes campesinos: Elvio Benítez Gamarra, Ernesto Benítez Gamarra, Rodolfo Salazar López, Juvencio Antonio Cabrera Cohene, Sixto Hilarión Cabrera Cohene, Celso Rubén Palacios Arce y Silvia Leticia Velázquez Martínez. Los mismos ya fueron imputados por apología del delito.

La estancia Lucipar actualmente se encuentra en manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), ya que en su momento perteneció al narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.

El proyecto cuenta con 13 artículos y, según el senador colorado “Bachi” Núñez, será puesto a consideración la próxima semana para su eventual media sanción. La normativa quedará bajo dependencia del Ministerio del Interior.

El legislador explicó ante la prensa que la nueva propuesta surge luego de que fuera postergado el proyecto anterior que incluía también a defensores de derechos humanos. “Nosotros habíamos postergado una ley que protegía a periodistas, pero también involucraba —y yo me hago cargo— a supuestos defensores de derechos humanos”, afirmó.

Sostuvo que el nuevo texto fue elaborado únicamente para periodistas, comunicadores y sus familiares, tal como “corresponde a la sentencia de la CIDH”, según su interpretación.

“Este es exclusivamente de prevención y protección a trabajadores de prensa”, reiteró.

El congresista señaló que el documento fue construido con asesores del Senado y citó, como ejemplo, al exsenador Sergio Godoy como uno de los técnicos involucrados.

El proyecto será presentado formalmente hoy y Núñez anunció que pedirá su estudio en la próxima sesión. La intención es poner a consideración tanto este texto como el proyecto anterior para “enriquecer el debate”. “Vamos a proponer que se trate la próxima semana. Depende de la mayoría de los colegas”, indicó.

La estructura de protección dependerá del Ministerio del Interior y contará con presupuesto, según aseguró, por su parte, el senador colorado Silvio “Beto” Ovelar. “Es mucho más específico, está direccionado a la protección de los periodistas y sus familiares”, sostuvo.

Consultado sobre la exclusión de defensores de derechos humanos, Núñez afirmó que no existe resistencia, pero que la intención es concentrarse en hechos “puntuales y concretos” que afectan a periodistas.

“No creemos que abarcar demasiado sea lo correcto. Muchas veces, cuando abarcamos mucho, sacamos del foco lo importante”, justificó además Ovelar.

A las 17:15 en Mburuvicha Róga está marcada la reunión entre el presidente de la República, Santiago Peña y Juan Carlos Dueñas, Fundador y CEO de la infraestructura tecnológica X8 Cloud IA.

En la última semana de septiembre, la empresa con sede en Los Ángeles firmó un memorando de entendimiento con la ANDE para la construcción de la mayor infraestructura de Inteligencia Artificial de América Latina.

En aquel entonces anunciaron que una delegación de empresarios y directores visitaría nuestro país en diciembre para evaluar los requerimientos energéticos, las capacidades de la red eléctrica paraguaya, entre otras condiciones.

De concretarse la instalación y la puesta en marcha de esta empresa, su sola existencia permitiría atraer nuevas inversiones que, a su vez, generarán fuentes de trabajo y oportunidades.

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El interés manifestado por esta empresa de Estados Unidos coincide con la posición del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien en mayo de este año destacó el potencial de Paraguay en generación de energía y dijo que el porcentaje que nuestro país le vendía a Brasil, en el marco del Anexo C pendiente de renovación, debería ser aprovechado para la inteligencia artificial.

Estados Unidos no tiene energía suficiente para cubrir esa eventual demanda que requerirá la inteligencia artificial, lo cual, traerá dos situaciones: oportunidades estratégicas para los países que puedan distribuir energía rentable y eficiente en volúmenes suficientes, pero también presión sobre los que van a necesitar esa energía.

En tal sentido, sostuvo que Estados Unidos necesita estar en la mesa para conversar no solamente sobre su propio rol en materia de energía, sino para analizar cómo ayudar a invertir a países que sí tienen capacidad de generar energía.