Diario HOY | MITIC ajusta licitación del IPS para optimizar recursos en sistema de vigilancia

Al respecto, Klaus Pistilli, viceministro del Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), precisó que, según la Ley de Presupuesto, el MITIC tiene la responsabilidad de velar por la autorización de compras tecnológicas a nivel transversal en todos los organismos estatales.

En este contexto, el IPS presentó sus especificaciones técnicas para la licitación de cámaras de vigilancia a fines de 2024. Sin embargo, las observaciones del equipo del MITIC, en especial de la Dirección General de Infraestructura y Conectividad, surgieron debido a detalles técnicos que requerían ajustes.

“El proceso natural de revisión de especificación técnica no es inmediato. Si bien el monto involucrado, que rondaba los 20.000 millones de guaraníes, no era menor. El objetivo del MITIC es asegurar que las adquisiciones respondan a una necesidad real y sean eficientes en el uso de los recursos”, explicó el viceministro en entrevista con Universo/Nación Media.

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Además, destacó que el MITIC busca, en todos los casos, que las especificaciones cumplan con los estándares y políticas que rigen las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el Estado.

Así también, abordó el tema de los plazos, señalando que si bien el IPS presentó la documentación en los últimos días hábiles de 2024, se requirió tiempo para realizar las observaciones pertinentes en enero, cuando ya estaba en vigor la reglamentación de la Ley de Presupuesto 2025.

“Es importante que el proceso de revisión sea exhaustivo para evitar errores que puedan impactar la competencia o la correcta utilización de los recursos públicos”, señaló.

En cuanto a las correcciones solicitadas, el viceministro explicó que, pese a que el proceso de revisión es normal y parte de las buenas prácticas, la optimización de los recursos es clave. En este caso, dijo que se sugirió ajustar los montos y especificaciones para garantizar la mejor oferta posible y un uso más eficiente de los fondos públicos.

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Pistilli también remarcó la importancia de que los organismos del Estado se alineen con las directrices del MITIC en cuanto a las TIC, lo que ayuda a evitar retrasos innecesarios y fomentar una mayor transparencia y competencia en los procesos de licitación.

“Lo que buscamos es que los equipos técnicos de cada institución utilicen los estándares que proporcionan para hacer especificaciones técnicas más claras y ajustadas a las necesidades reales”, destacó.

Asimismo, subrayó que las revisiones y observaciones al IPS forman parte de un proceso rutinario, no solo para esta licitación, sino para todos los organismos del Estado que gestionan compras relacionadas con las TIC.

Finalmente, indicó que este proceso ayuda a lograr un ahorro significativo, como ocurrió en 2024, cuando se alcanzó un ahorro de aproximadamente 20 millones de dólares en compras tecnológicas.

En un comunicado, la institución repudió el acto de violencia y activó el sistema de protección para asistir a la víctima. “La violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos que no debe quedar impune”, enfatizó el Ministerio, recordando la Ley N° 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres.

El hecho quedó registrado en un video viralizado donde se observa a Walter Acosta increpando y golpeando a la funcionaria, luego de que el INTN detectara graves irregularidades en la estación de servicio.

La directora del INTN, Lira Giménez, expresó también su indignación y exigió garantías para los funcionarios públicos que cumplen con su labor. “Nuestra funcionaria es intachable. Su trabajo es fiscalizar y velar por los derechos de los consumidores. No podemos permitir que se normalicen estos hechos de violencia”, afirmó en entrevista con la 650 AM.

La agente fiscal Rocío Celeste González esta mañana dispuso la detención preventiva de Walter Acosta, quien ya fue imputado por los hechos punibles de coacción, coacción grave y resistencia. Tras su captura, deberá ser llevado a la Comisaría N° 18 de Santa Rita.

El Sub Oficial de Primera Ricardo Alvarenga, quien presta servicio en la Prefectura Naval de Concepción, en la noche del sábado fue víctima de un ataque con arma de fuego.

El uniformado resultó herido de un disparo a la altura del brazo izquierdo, en un episodio que aún queda por ser dilucidado, ya que existen versiones contradictorias.

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Desde la Armada Paraguaya informaron que Alvarenga se encontraba efectuando un patrullaje fluvial en compañía de otros camaradas en la zona conocida como Toldo Cué cuando fue baleado.

Por otra parte, los familiares de la víctima señalan que, en realidad, el mismo realizaba la custodia de una estancia privada ubicada en Presidente Hayes cuando se produjo el incidente.

Uno de sus hermanos indicó al canal C9N que, según lo que él le había comentado, tuvo una discusión con el capataz del establecimiento, quien luego desenfundó una escopeta. “Le disparó a quemarropas prácticamente”.

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Tras lo ocurrido, Alvarenga fue llevado al Hospital Regional de Concepción y posteriormente trasladado al Hospital Militar de Asunción, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

Una comisión sumarial fue conformada para investigar lo ocurrido, adelantó el Vice Almirante Lucio Benítez, de la Armada Paraguaya. “Si hay faltas disciplinarias, tolerancia cero”, enfatizó.

Un grupo de vecinos Itacurubí de Concepción denunció que funcionarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) construyeron la base de un tanque de agua en un terreno privado, lo que obligó a detener el proyecto tras la intervención del propietario.

Según manifestaron a un medio local, los pobladores señalaron que habían solicitado la instalación en la esquina de la avenida Monte Alegre, pero la obra fue ejecutada en un supuesto excedente municipal cerca de la Ruta Concepción-Belén. Al concluir la base, el dueño del terreno apareció y exigió la paralización inmediata de los trabajos.

En ese contexto, molestos por la situación, los vecinos acudieron a la municipalidad para exigir una solución. Si bien agradecieron el apoyo del municipio y la gobernación en la provisión de materiales y del tanque con motor, responsabilizaron a la Essap por lo que consideran un acto de “mala fe”.

Los pobladores manifestaron que el problema de la falta de agua persiste en la zona, por lo que reclaman una pronta resolución para garantizar el acceso al servicio.