Diario HOY | MNP rechaza propuesta de elevar penas o bajar edad para imputar a menores

A través de un pronunciamiento divulgado este martes, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura manifestó públicamente su solidaridad con la familia de María Fernanda Benítez, la adolescente de 17 años asesinada en Coronel Oviedo.

A la par, sentó postura en relación al debate surgido como consecuencia de este luctuoso episodio, respecto a la posibilidad de elevar la expectativa de pena y bajar la edad de imputabilidad a menores que cometan crímenes graves.

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“Consideramos que estas iniciativas legislativas se contraponen a la Constitución Nacional y a los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecen un modelo de justicia juvenil basado en la protección especial y el acompañamiento integral», refiere el texto.

En esa línea, recuerdan que la Carta Magna prohíbe penas crueles, inhumanas o degradantes, y entre ellas se incluyen tanto la cadena perpetua como la pena de muerte, no permitidas para ninguna persona, sea adulta o adolescente.

En lo concerniente a la propuesta de reducir la edad en que un adolescente puede ser imputado o endurecer las sanciones contra los mismos, el MNP sostiene que “no es una respuesta efectiva frente a la criminalidad”.

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Muchos adolescentes son víctimas de captación y explotación por parte de estas estructuras criminales, afirman desde el organismo, al tiempo de señalar que “responder con castigo agrava la exclusión y no aborda las causas estructurales”.

Finalmente, el Mecanismo de Prevención de la Tortura insta a pensar en “reformas integrales y estructurales”, y no en políticas punitivistas que no abordan las causas profundas de la problemática.

El agente fiscal de Ciudad del Este, Alcides Giménez, se encuentra realizando diligencias para dar con el sospechoso, con apoyo de la Unidad Antisecuestro y la policía jurisdiccional.

De acuerdo a la denuncia realizada por la madre, el hombre que realizó la amenaza en contra de su hija, fue identificado como Lorenzo González de 19 años de edad.

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“Viste lo que le pasó a la chica de 17 años (María Fernanda). Cuídate porque lo mismo te puede pasar. Yo mismo te puedo hacer eso, porque hiciste algo que no me gustó y así empiezan las cosas. Cuídate, porque me están agarrando locuras, me puse así desde que tuviste otro. Yo no te voy a perdonar”, refieren algunos de los mensajes.

Igualmente, la adolescente fue asistida por el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público para la contención correspondiente.

Los ministros César Diesel, Eugenio Jiménez Rolón y Gustavo Santander participaron de la palada inicial de la futura sede de los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad de J. Augusto Saldívar.

El acto también contó con la participación de la presidenta del Consejo de Administración de Central, María Teresa González de Daniel, el senador Sergio Rojas, además de magistrados, funcionarios judiciales y representantes de gremios de abogados y autoridades locales.

La nueva sede judicial contará con una construcción de 4.140 metros cuadrados, distribuidos en cuatro niveles, y albergará tres Juzgados Penales de Garantías, un Juzgado Penal de la Adolescencia, dos Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, un Juzgado Laboral, dos Juzgados Civiles y Comerciales, y un Tribunal de Sentencia.

La infraestructura ofrecerá condiciones dignas para magistrados, funcionarios y, principalmente, para los justiciables, permitiendo a su vez la descentralización de los servicios ofrecidos por la Corte Suprema de Justicia.

Este futuro espacio se suma al nuevo edificio judicial inaugurado recientemente en Capiatá y la próxima sede de Fernando de la Mora, que muestra un importante avance en sus obras, destacaron las autoridades de la máxima instancia judicial.

En su discurso, el ministro Jiménez Rolón destacó la relevancia del proyecto como parte del proceso de modernización y fortalecimiento institucional del sistema judicial en la Circunscripción de Central.

La agente fiscal Zunilda Ocampos resolvió imputar a Ever Ramón Reyes Duarte, alias “Pirulo”, y Liduvina Ramona Castillo Acuña por los hechos punibles de extorsión agravada, coacción grave, amenaza de hechos punibles y asociación criminal.

Ambas personas fueron denunciadas por realizar reiteradas amenazas con fines extorsivos a una familia oriunda de la zona de Ciudad del Este.

Conforme a los antecedentes, la pareja habría exigido la entrega de altas sumas de dinero, bajo amenazas de secuestro y asesinato en caso de incumplimiento.

Inicialmente, solicitaron la entrega de USD 30.000, esto a través de audios y mensajes enviados a los miembros de la familia. Más adelante, los extorsionadores bajaron sus pretensiones y pidieron un monto de G. 10 millones.

Con temor y bajo presión, una de las víctimas se vio obligada a transferir la suma de G. 1.000.000 a través de una billetera electrónica, dinero que fue retirado por un cómplice, según la Fiscalía.

Días después, dos personas fueron hasta la vivienda de los afectados y realizaron varios disparos contra la misma, reforzando con ello las amenazas previas.

Luego de un trabajo investigativo y recolectar las evidencias suficientes, el Ministerio Público formuló imputación contra Reyes y Castillo, para quienes solicitó la aplicación de la prisión preventiva.