Desde el Ministerio Público informaron que la denuncia presentada por los senadores opositores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain Chilavert y Rubén Velázquez, así como los diputados Johana Ortega, Billy Vaesken, y Raúl Benítez, se encuentra en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), donde, desde la semana pasada, está en etapa de examen de correspondencia, paso previo a la eventual asignación de un fiscal para la apertura de una causa.
El examen de correspondencia implica la verificación inicial de los antecedentes, la revisión del contenido de la denuncia y la evaluación de si los hechos relatados corresponden o no a la competencia de la unidad especializada.
Esta aclaratoria se dio tras la tapa de Abc Color de este miércoles, en la cual el medio de la calle Yegros cuestiona lo que considera “pasividad” de la Fiscalía en investigar la denuncia de los opositores.
Para el oficialismo, esta denuncia, patrocinada por los abogados Kattya González y Felino Amarilla, fue montada por la oposición en el marco de una campaña de desprestigio. “Hace tiempo que vienen buscando el desprestigio del Gobierno y del Partido de Gobierno. Grupos políticos y empresariales, impotentes ante la posibilidad de llegar por vía democráticas al poder buscan crear una campaña de desprestigio tratando de tomar un poder por el atajo que no son las vías democráticas”, indicó el ministro de Urbanismo y Vivienda, Juan Carlos Baruja.
Inclusive, el senador liberal Eduardo Nakayama, férreo opositor del gobierno actual, dijo no estar de acuerdo con la forma en que se orquestó la denuncia penal presentada en contra de Santiago Peña. “Me preocupa que se quiera sacarlo al presidente Peña y que alguno de nosotros hagamos el papel de estúpido y formemos parte del plan de otra gente”, lanzó.
LAS INCONSISTENCIAS DE LA DENUNCIA
Por su parte, el representante legal de la familia Peña-Ocampos, Ricardo Preda, evidenció la falta de sustento y destrozó punto por punto todos los “argumentos” de la oposición.
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO: el acrecentamiento patrimonial se refiere a una época en la que el presidente no ejercía ninguna función pública. Los únicos hechos corroborados son el aumento del patrimonio y que, en ese lapso, Peña no estaba en la función pública. De estos dos hechos, explicó, no se puede inferir la comisión de ningún hecho punible, pues, el crecimiento patrimonial, como tal, carece de relevancia penal alguna.
LAVADO DE DINERO: el presidente Peña tenía acciones minoritarias (menos del 2 %) en una sociedad que, en el 2020 adquirió otra sociedad, en la cual, algunos accionistas fueron imputados cuatro años más tarde, por lavado de dinero. Esto no aporta ningún elemento que involucre a Peña ni a los demás miembros ni empresas, en dicho hecho punible.
“Me parece temerario decir o afirmar que uno puede lavar dinero por el hecho de ser accionista muy pequeño de una sociedad que adquiere otra en la cual, una persona fue procesada con posterioridad por lavado de activos“, afirmó y dijo que Peña ni hizo negocios con Pasfin ni con el imputado Carlos Oleñik.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS: se habla de tráfico de influencias sobre la base de las participaciones en Ueno Holding que es una empresa donde el presidente tenía acciones (ya nos las tiene). La empresa ueno holding, a su vez, forma parte del grupo económico Vázquez, que, a su vez, tiene participación en varias empresas que ganaron licitaciones con el estado. En ninguna parte de la denuncia se hace mención a qué irregularidades tienen esas licitaciones y el presidente no tiene poder de decisión Santiago Peña, indicó Preda.
“Una investigación penal no se puede abrir sobre la base de lo que yo supongo, peor aún, si ni siquiera tienen relevancia penal. Y más, cuando quien supone, no se da cuenta de que no tiene ninguna relevancia penal”, expresó Preda.
Respecto a la afirmación del abogado patrocinante de la denuncia, Felino Amarilla, quien dijo que la carga de la prueba se invierte cuando uno es funcionario público, es decir, que el denunciado debe demostrar su inocencia y no la Fiscalía demostrar su culpabilidad, Preda explicó que no existe tal inversión.
COMPRA DE VEHÍCULO DE PROVEEDOR DE PUPITRES CHINOS
Respecto a la afirmación de que Santiago Peña se paseó en un vehículo que pertenecía a alguien que, posteriormente fue adjudicado para la provisión de pupitres escolares, el abogado informó que la denuncia tiene una falsedad ideológica, es decir, una mentira, porque dice que él adquirió una camioneta de un proveedor del estado, cuando era presidente electo. Y en realidad, la firma donde él es accionista, que es una EAS, adquirió una camioneta de una firma, donde, según la denuncia, uno de los accionistas, es a su vez un proveedor actual del gobierno.
“La compra se hizo en diciembre del 2022, cuando ni siquiera había habido una interna, por lo tanto, él no era un presidente electo, tampoco era proveedora de esa firma”
En cuanto a la adjudicación, Preda expuso que los datos objetivos son: no fue el Gobierno, sino la Itaipú Binacional, una entidad que se rige por una disposición de derecho internacional, donde actúan integrantes de un consejo con representantes de ambos países, por lo tanto, Peña no forma parte del ámbito de decisión de quién se le adjudica la provisión.
