Diario HOY | Padres clausuran pabellón escolar en Arroyito por peligro de derrumbe

Padres de familia de la Escuela Básica N° 443 «Mayor Julio de Otaño» en Arroyito decidieron clausurar un pabellón que alberga tres aulas y un comedor-cocina debido al riesgo inminente de derrumbe

Esta medida afecta a los estudiantes del primer ciclo, quienes deben recibir clases en otros espacios mientras persiste la preocupación por la seguridad.

El pabellón, que fue reformado hace dos años por el Ministerio de Educación y Ciencias, presenta graves fallas estructurales. Según el profesor Milner Cristaldo, dirigente de la OTEP, la construcción de más de 40 años ya no es apta para reparaciones. Los padres exigen la construcción de un nuevo edificio, señalando que las reparaciones anteriores no fueron suficientes.

El programa de mejoras escolares «Tape» del MEC no priorizó la situación de la escuela, lo que intensificó el malestar entre los padres.

Exigen respuestas de las autoridades antes del viernes, en caso de no obtener una solución, advierten con cerrar la escuela por completo, afectando la educación de los 270 alumnos hasta que se garantiza su seguridad. La comunidad educativa permanece en alerta ante la falta de acción concreta.

La iglesia de San Joaquín y Santa Ana, ubicada en la ciudad de San Joaquín, Caaguazú, recibió oficialmente las llaves tras su restauración integral, un proyecto ejecutado por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

El acto se celebró con la firma del acta de entrega de llaves, formalizando la recepción en usufructo del templo luego de las labores de restauración.

Durante la ceremonia, el intendente de San Joaquín, Palacios, resaltó la relevancia de la iglesia para la comunidad local: “La iglesia es nuestro ícono central. Después de esta restauración, es la única que sigue en pie. Tiene un gran valor sentimental, espiritual, social y cultural para todos nosotros”, expresó.

Por su parte, la directora general de Patrimonio de la SNC, Natalia Ántola, agradeció la colaboración de la comunidad y el párroco, quienes han sido guardianes de este importante proyecto.

Proceso de restauración

La restauración del templo se dividió en dos etapas.

La primera consistió en una intervención de salvaguardia urgente que incluyó prospecciones arqueológicas y la instalación de un protector de sobretecnología. La segunda fase fue una restauración integral que combinó estudios arqueológicos y técnicas científicas para asegurar la preservación del sitio.

Se trabajó tanto en el interior como en el exterior del templo, reparando muros de adobe y reforzando la estructura con un sistema de apuntalamiento debido a la falta de bases en los pilares.

Además, se restauraron importantes bienes muebles de valor patrimonial, como el retablo, el púlpito y diversas imágenes religiosas. El proyecto también incluyó la construcción de una nueva explicada con equipamiento urbano.

Se anunciará próximamente la fecha de inauguración oficial del templo.

Resumen histórico del templo de San Joaquín y Santa Ana

El Templo de San Joaquín y Santa Ana es una de las construcciones más significativas del legado jesuita en Paraguay.

Fundado en 1746 por el padre Sebastián Yegros dentro del plan de la Compañía de Jesús, el pueblo de San Joaquín originalmente se ubicaba en Tarumá. En 1753, debido a ataques indígenas y adversas condiciones climáticas, la comunidad fue trasladada a su ubicación actual.

La estructura del templo, de estilo colonial con influencias guaraníes, está construida con muros de adobe y una estructura portante de madera. Su fachada principal orientada al oeste lleva al retablo mayor, el cual es único, pues integra partes de varios retablos de madera policromada en un muro de adobe.

A lo largo de los siglos, el templo ha sido un importante centro religioso y cultural, reflejando la fusión de la herencia jesuita y la identidad local.

En conferencia de prensa, el ministro de Educación, Luis Ramírez, explicó que este lote sumará a los 330.000 que ya fueron adquiridos previamente y que se comenzarán a entregar entre finales de marzo y primeros días de abril.

Asimismo, Ramírez mencionó que se trata de una compra de 100.000 muebles, entre mesas y sillas para las escuelas cuyas infraestructuras serán renovadas a lo largo del año.

“La licitación de esos mobiliarios ya se inician también ahora, que van acompañar a estas construcciones nuevas”, indicó.

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“Eso ya está en acción, tenemos a los 22 distritos que serán priorizados siguiendo el programa Hambre Cero para que los chicos puedan comer en el aula”, manifestó. El objetivo es alcanzar los 430.000 muebles nuevos para las escuelas del sector público.

En ese orden, informó que está en plena ejecución las mejoras en el Colegio Técnico Nacional y que la próxima semana arrancarían los trabajos en el Colegio Nacional de la Capital, emblemáticas instituciones educativas de Asunción.

“Estamos poniendo en el aire 50 de las más de 316 escuelas que serán refaccionadas”, exteriorizó.

Por otra parte, el ministro reconoció algunos inconvenientes respecto a la entrega de kits escolares, enfatizando que son casos puntuales que están siendo “ajustados”. No obstante, alegó que en la mayoría de los locales educativos ya fue efectivizado dicho beneficio.

El agente fiscal Jorge Arce presentó una acusación formal contra los exintendentes de Independencia, Francisco Chávez González y José Eligio Chávez Silvero, junto con otros 15 implicados,acusados por lesión de confianza y administración en provecho propio.

La investigación se inició tras una denuncia de la Contraloría General de la República, que identificó un supuesto perjuicio patrimonial a la municipalidad de Independencia por un total de G. 1.306 millones.

Según el informe, durante la administración de José Eligio Chávez Silvero (2010-2015) se detectó un daño de G. 388.290.000, mientras que en la gestión de Francisco Chávez González (2015-2021) la suma ascendió a G. 917.951.378.

Entre los procesados también figuran Patrocinio Leiva Acosta, Enrique Luis Navarro Mercado, Oscar Ramón Britez Apostolaqui, Roberto Rojas Rodríguez, Carmen Elvira Fernández de Sotto, Javier Brizueña Báez, Pablo César Dávalos González, Celso Leiva Acosta, Juan Fernández de Chávez, Víctor Manuel Fernández Ortiz, Eladio Rojas Barúa, Adriano Dávalos Gómez, Antonio Legal, Ygnacio Rojas Alderete y Milciades Chávez Fariña.

El Ministerio Público sostiene que los acusados habrían utilizado fondos provenientes del Fonacide y royalties para gastos no autorizados por la ley. Según la acusación, el dinero fue desviado para el pago de honorarios profesionales, jornales, atuendos deportivos, transporte, fiestas patronales, festejos por el Día del Niño y eventos culturales.

Para la Fiscalía, las emisiones de cheques y los pagos efectuados en beneficio de los procesados no cuentan con justificación legal, por lo que solicita que el caso sea llevado a juicio oral.