Diario HOY | Piden 15 años de prisión para acusados de querer matar a Kirchner en Argentina

Fuente: AFP

La querella de la expresidenta (2007-2015) y ex vicepresidenta (2019-2023) pidió condenar por tentativa de homicidio agravado a Fernando Sabag Montiel, quien gatilló el arma contra Kirchner sin que llegara a dispararse, y a su expareja Brenda Uliarte, acusada como coautora.

El abogado Marcos Aldazábal alegó que ambos “actuaron como coautores funcionales” del atentado fallido y destacó que, en su declaración en el juicio, Sabag Montiel “básicamente confesó el hecho” y “declaró él mismo ser consciente de lo que estaba haciendo”.

La querella consideró que el intento de homicidio estuvo agravado por el uso de arma de fuego y por violencia de género.

En su alegato, Aldazábal criticó la etapa de investigación de la causa y consideró que la jueza a cargo “obstruyó” la búsqueda de posibles autores intelectuales del crimen conectados con rivales políticos de Kirchner.

“Tenemos sentados (en el banquillo) a los autores materiales pero no a los ideólogos y financistas”, había dicho Kirchner durante su declaración en el juicio el año pasado.

Sobre el tercer acusado, Nicolás Carrizo, que era apuntado como “planificador”, Aldazábal señaló: “No existen los elementos para que nosotros lo podamos acusar hoy”.

La noche del 1 de septiembre de 2022 Sabag Montiel gatilló dos veces en la cabeza de la expresidenta, sin conseguir que el arma se disparase.

Se había camuflado entre los simpatizantes que a diario se congregaban frente a su casa para apoyarla en momentos en que se le seguía un juicio por corrupción.

La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua por esa causa en junio de este año. Actualmente cumple su condena en prisión domiciliara.

El juicio por el atentado fallido continuará el próximo miércoles con los alegatos de los fiscales.

tev/lm/val

© Agence France-Presse

Catorce horas de debate parlamentario culminaron con la aprobación del texto impulsado por el Frente Amplio (izquierda gobernante), que contó con la adhesión de varios legisladores de la oposición de centroderecha.

El proyecto se aprobó con 64 votos a favor y 29 en contra sobre un total de 99 diputados.

Ser mayor de edad, psíquicamente apto transitando la etapa terminal de una patología incurable que provoque “sufrimientos insoportables”, son algunos de los requisitos que el médico deberá tener en cuenta cuando un paciente pida su intervención para acabar con su vida.

Asimismo, el paciente deberá pasar por varias instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito y frente a testigos.

“Es un proyecto de ley garantista, seguro, protector de los derechos de las personas que garantizan la eutanasia y de todos los involucrados en el procedimiento”, resaltó Luis Gallo, diputado del FA, al defender el proyecto.

Mientras que el también frenteamplista Federico Preve destacó que la aprobación de la norma devolvería al país al sitial “de referente de derecho” internacional, recordando que el país sudamericano fue desde principios del siglo pasado pionero en aprobar leyes sociales.

“Estamos en un país laico, un país de avanzada y que ha sido referencia mundial”, señaló Preve, enumerando leyes como la regulación del mercado de cannabis y matrimonio igualitario aprobadas durante el gobierno del fallecido José Mujica (2010-2015) y más atrás leyes con leyes como la de voto femenino.

De aprobarse en el Senado, donde la izquierda es mayoría, Uruguay seguiría en América el camino de Colombia que en 1997 legalizó la eutanasia. Sin embargo, la falta de reglamentación impidió que la norma se aplicara por casi dos décadas en ese país.

Entre los opositores al proyecto denominado “Muerte Digna”, el diputado del centroderechista Partido Nacional Andrés Grezzi consideró que se instala que “las personas morirían de forma indigna” sin la ley, cuando “ya existen herramientas legales y médicas para asegurar un final de la vida sin dolor y sin adelantar la muerte”.

Los cuidados paleativos están reglamentados en Uruguay, pero el código penal uruguayo sanciona con prisión a quién ayude a cometer suicidio.

En la opinión pública la idea de legalizar la eutanasia obtiene mayorías, según una encuesta de la consultora local Cifra realizada en abril y presentada en mayo. Según la encuesta, un 62% de los uruguayos está a favor y apenas un 24% en contra.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

El magnicidio del opositor sacude la campaña hacia las elecciones presidenciales de 2026 y revive los fantasmas de la violencia política que detuvo a disparos las aspiraciones presidenciales de cinco candidatos en el siglo XX.

Desde la mañana, kilométricas filas rodeaban el Congreso y se extendían hasta la central Plaza de Bolívar. Miles de personas aguardaban su turno para acercarse al féretro del político al interior del hemiciclo y rendirle homenaje durante unos segundos.

Hijo de una periodista asesinada por Pablo Escobar, Uribe era el candidato favorito de la derecha para reemplazar al presidente izquierdista Gustavo Petro.

“En nuestro país, lamentablemente, tenemos ese gran problema de que si una persona piensa diferente, la solución es matarlo”, dijo a la AFP en los exteriores del Congreso el diseñador gráfico José Corvita. “No podemos seguir así”, clamó.

En el interior del palacio legislativo, el padre del presidenciable, Miguel Uribe Londoño, abrazó el ataúd cubierto por una bandera de Colombia y rodeado de flores.

Entre llantos y abrazos, la esposa del precandidato, María Claudia Tarazona, llegó cargando a su hijo menor junto a sus otras dos hijas, a quienes Uribe acogió como propias.

Los ciudadanos de a pie no pararon de circular a lo largo del día. Algunos tomaban fotos con el celular.

Durante una ceremonia militar en otro punto de la ciudad, Petro pidió un minuto de silencio en homenaje a Uribe y aseguró que “expertos internacionales” ayudan a “determinar las causas reales” del magnicidio.

Las autoridades han capturado a seis personas vinculadas al asesinato, incluido el pistolero, un adolescente de 15 años, y señalan como principal sospechosa a la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia.

La organización poseía una villa en Pedreguer, en el sureste de España, y ofrecía estancias de más de 1.000 euros (1.160 dólares) que incluían el consumo de ayahuasca, cactus de San Pedro y un veneno de rana llamado Kambó.

“Los retiros se hacían en grupos, de hasta veinte asistentes, que eran atendidos por seis empleados de la organización durante los ‘viajes astrales’”, declaró la Guardia Civil en un comunicado.

Una foto publicada por el cuerpo de seguridad muestra una gran sala llena de colchones en el suelo, con botellas de agua, cajas de pañuelos y una guitarra apoyada contra la pared.

Según la Guardia Civil, el grupo organizaba varios retiros a la semana y ganó cientos de miles de euros en ingresos —que no declaró— el año pasado.

La organización vendía los retiros por Internet, prometiendo una experiencia “mística” con beneficios para la salud, lo que atraía a clientes “de todo el mundo, en su mayoría procedentes de países europeos”.

Los agentes detuvieron a dos hombres y una mujer sospechosos de dirigir el grupo y siguen investigando a otras cinco personas que serían “guías espirituales”. Se enfrentan a cargos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

También incautaron 11 litros de ayahuasca, 117 plantas de cactus de San Pedro y kambó, una sustancia viscosa que se obtiene de las secreciones defensivas de la piel de una rana gigante amazónica.

La Guardia Civil declaró que estas sustancias pueden tener “efectos altamente nocivos para el ser humano”.

Fuente: AFP