Diario HOY | Piden juicio oral para abogado que agredió a fiscalizadores del INTN en Yguazú

La causa se originó tras un procedimiento de fiscalización realizado por funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) en la estación de servicios San Miguel, ubicada en el distrito de Tavapy, oportunidad en la que los intervinientes fueron agredidos física y verbalmente por el abogado Walter Ramón Acosta.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 18 de marzo de 2025, cuando una comitiva del INTN se constituyó en el surtidor para llevar a cabo la fiscalización correspondiente. En el lugar fueron recibidos inicialmente por un funcionario de la firma (playero), quien, tras dar aviso al propietario, autorizó la verificación.

Durante el control, los fiscalizadores constataron que tres picos de nafta súper salían fuera de la tolerancia permitida, circunstancia que conforme a las normativas técnicas implica la aplicación de una multa administrativa a la empresa intervenida. En ese momento, el abogado se presentó en el sitio, comenzó a proferir insultos y adoptó una conducta hostil contra los fiscalizadores.

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Seguidamente, Acosta agredió físicamente a un funcionario del INTN al aplicarle un puntapié y posteriormente a una funcionaria de la misma institución, a quien propinó un golpe de puño en el rostro y la empujó, obligándola a refugiarse en el interior del vehículo institucional para resguardar su integridad. Esta última acción quedó registrada en una filmación. La posterior inspección médica forense practicada a la funcionaria constató escoriaciones en la pierna derecha, contractura articular y cefalea.

El Ministerio Público sostiene que las agresiones tuvieron como objetivo impedir la labor oficial de los funcionarios públicos, configurando los hechos de coacción y coacción grave. Además, el acusado se resistió al procedimiento de los agentes policiales cuando éstos acudieron al lugar para una intervención.

El requerimiento conclusivo incluye pruebas documentales, testificales, registros audiovisuales y pericias médicas que respaldan los hechos denunciados por la comitiva fiscalizadora, entre ellas el informe médico forense de la funcionaria agredida y material audiovisual obtenido durante la agresión. La Fiscalía solicitó la apertura de juicio oral y público, al considerar acreditados los hechos y la responsabilidad del imputado en calidad de autor.

La propuesta contempla una ampliación presupuestaria de G. 189.323.031.832, financiada con la Fuente de Financiamiento 30 “Recursos Institucionales”. Dicho monto permitirá cumplir lo dispuesto en la Ley Nº 7446/2024, con destino a rubros como: mantenimiento de vehículos, reparaciones edilicias, servicios de imprenta, servicios médicos tercerizados, provisión de alimentos en hospitales y unidades sanitarias, adquisición de repuestos de equipos de salud y cancelación de deudas de ejercicios anteriores.

Sin embargo, el senador Basilio Núñez propuso una modificación para la equiparación salarial de los médicos residentes, explicando que los del IPS perciben actualmente G. 4.400.000, mientras que los del Ministerio de Salud cobran G. 6.000.000. Tras los descuentos adicionales, el ingreso efectivo de los residentes del IPS se reduce a G. 3.300.000. La propuesta busca garantizar igualdad de condiciones entre ambos grupos.

Con esta modificación, el monto total se incrementa en G. 3.584 millones adicionales, sumándose al monto original solicitado.

El proyecto fue aprobado por mayoría con modificaciones y será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados para su estudio.

La normativa ajustada de 17 a 15 artículos, permitirá la inscripción formal de los trabajadores y un marco regulatorio claro.

Al respecto, la senadora Lizarella Valiente, proyectista, subrayó que la propuesta valida contratos laborales hasta ahora no reconocidos por el Ministerio de Trabajo, asegurando independencia, remuneración justa y jerarquización de la profesión.

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La senadora Celeste Amarilla aclaró que no se modifica el Código Laboral, sino que se ratifican las modalidades de contratación existentes.

El proyecto fue aprobado con modificaciones y remitido a la Cámara de Diputados para su estudio.

En sesión ordinaria, el Consejo expresó su posición favorable y encomendó a la Gerencia de Prestaciones Económicas la elaboración de la propuesta correspondiente para concretar el proceso de pago.

Asimismo, el presidente del Consejo de Administración, Jorge Brítez, anunció que se conformará una mesa de trabajo con técnicos del Instituto y representantes de los principales grupos de interés (jubilados y pensionados, trabajadores activos y empleadores), con el fin de analizar alternativas para dotar al beneficio de una fuente de financiamiento legal, estable y sostenible.

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El objetivo de la institución es dar certeza y seguridad a los jubilados y pensionados en el cobro del Beneficio Adicional Anual, garantizando que el mismo tenga un respaldo sólido y duradero en el tiempo, expresó el titular del IPS.

Cabe recordar que, este beneficio anual adicional se otorga tradicionalmente a todos los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social durante el mes de noviembre, coincidiendo con el desembolso de los haberes jubilatorios.