Diario HOY | Plantean ley para salvar Copaco

La iniciativa legislativa, denominada “De Fortalecimiento, Modernización y Reestructuración Estratégica de COPACO SA”, establece un régimen especial con vigencia de siete años (prorrogable por cinco más), para revitalizar la compañía telefónica estatal sin perder el control mayoritario del Estado.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la garantía de que el Estado paraguayo mantendrá “en todo momento” la titularidad mayoritaria del capital social de COPACO. La norma establece que esta participación solo podrá modificarse mediante ley especial aprobada por mayoría absoluta en ambas Cámaras del Congreso.

Adicionalmente, la propuesta incorpora el concepto de “Golden Share” o acción especial, que otorga al Estado poder de veto en decisiones estratégicas que pongan en riesgo intereses públicos esenciales como la seguridad nacional o la continuidad del servicio.

Según el documento, el proyecto crea una estructura de gobernanza robusta encabezada por un Comité Interinstitucional de Reestructuración, que reunirá a representantes del MITIC (que lo presidirá), los ministerios de Economía e Industria, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el Consejo Nacional de Empresas Públicas y la Contraloría General de la República, como observador permanente.

Este comité tendrá 180 días para formular un Plan Estratégico de Fortalecimiento y Modernización que incluya inversiones, perfiles de cargos, compras, cronogramas y métricas de evaluación, según la propuesta.

Paralelamente, se establece una Comisión Bicameral transitoria integrada por tres senadores y tres diputados para supervisar el cumplimiento de la ley, con énfasis en la transparencia en el uso de recursos.

Fondo fiduciario y flexibilidad financiera

Otra de las piezas clave de la iniciativa es la creación del Fondo de Equilibrio y Modernización, que se prevé, será administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), mediante un fideicomiso regido por normas de derecho privado, quedando excluido de las restricciones de la Ley de Administración Financiera del Estado.

El proyecto establece que el fondo se nutrirá de las siguientes fuentes: créditos del BNF, recursos de entes binacionales, aportes del sector privado, venta o arriendo de inmuebles de COPACO, e ingresos propios de nuevos servicios digitales. “Incluso los bienes de COPACO podrían ser afectados como garantía del fondo”, reza parte de la exposición de motivos.

Por otro lado, la norma también autoriza a COPACO a enajenar “inmuebles y otros activos inmobiliarios considerados valiosos o no estratégicos” para generar recursos de capitalización, decisión que quedaría en manos de la dirección de la empresa bajo criterios de transparencia.

El proyecto, igualmente, habilita a COPACO a celebrar contratos con privados sean estos nacionales o extranjeros, para gestionar, operar o innovar servicios e infraestructura, pero con salvaguardas: deben preservar la mayoría estatal, definir claramente la autonomía operativa del privado, fijar plazos y condiciones de reversión, y someterse a supervisión de la CGR, la AGPE y la Comisión Bicameral.

Otro aspecto importante del proyecto es la autorización para que COPACO realice compras bajo “procedimiento de compra directa simplificada”, incluyendo proveedores internacionales sin domicilio en Paraguay, con excepciones a la Ley de Contrataciones Públicas.

Según la exposición de motivos, la propuesta enfatiza el “compromiso irrenunciable” de COPACO con la cobertura universal y el acceso equitativo a las telecomunicaciones, priorizando zonas rurales, comunidades indígenas y sectores vulnerables, como parte de la estrategia nacional de reducción de la brecha digital.

La antigua oficina del INDI, situada sobre la calle Don Bosco casi Humaitá, amaneció repleta de carteles y pasacalles que reflejan la negativa de los pobladores del barrio Doctor Francia a una posible reapertura.

Esta dependencia, perteneciente a las Fuerzas Armadas y ubicada en cercanías del Hospital Militar, actualmente se encuentra inactiva, aunque los vecinos afirman haber notado algunos movimientos en los últimos días.

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Uno de ellos confirmó al canal GEN que ayer se realizó una llamativa visita de autoridades del Ministerio de Defensa, con presencia del nuevo presidente del INDI, Hugo Ramón Samaniego.

Esta situación les hace sospechar de una posible reapertura del inmueble, plan que rechazan enérgicamente. “Ahí hacían sus necesidades, pero también cometían abusos de niños”, comentó Lilian Almada, una de las vecinas que participó de la manifestación de hoy.

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A esto se le suma la agresividad con que generalmente actuaban los nativos que permanecían instalados sobre la vereda, algunos de los cuales incluso iban armados con cuchillos e intimidaban a los transeúntes.

Teniendo en cuenta las malas experiencias de años anteriores, el pedido puntual es que no se concrete la reactivación de esta antigua dependencia del Instituto Paraguayo del Indígena, ya que ello generaría nuevos conflictos en la zona.

La Ley N.º 6211/18, que modifica el artículo 1° de la Ley N.º 3803/2009, otorga a todas las trabajadoras una licencia remunerada obligatoria de 2 días laborables por año para someterse a exámenes de Papanicolau y mamografía, ampliando así el permiso anual de 1 a 2 días.

Este beneficio se da en el marco del Octubre Rosa, dentro de la campaña de prevención del cáncer de mama, impulsada por el gobierno nacional, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en forma conjunta.

¿Quiénes son las mujeres beneficiadas?

Todas las trabajadoras, dependientes o no, del sector privado o público, con cargo permanente, temporal o contratadas, con cargo electivo o no.

¿Cómo se otorgan estas licencias?

La trabajadora debe solicitar permiso con antelación, indicando la fecha del examen. Si el empleador no responde por escrito en 48 horas hábiles, la solicitud se considera aceptada.

¿Cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento del empleador?

Ante la negativa de usufructo de esta licencia, la patronal puede ser sancionada con una multa de 2 jornales mínimos por cada trabajadora afectada (Resolución MJT Nº 1173/12 – Art. 4).

Luego de más de una hora de asamblea, el gremio de cañicultores del distrito de Mauricio José Troche finalmente decidió aprobar el acuerdo de conciliación propuesto por las autoridades.

El borrador fue redactado entre las partes durante la reunión mantenida este miércoles en la planta alcoholera de Petropar, la cual estuvo liderada por el presidente del ente, Eddie Jara, y los ministros del MIC y del MAG, además de los gobernadores de Guairá y Caaguazú.

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“Se levanta la medida de fuerza”, confirmó a los medios Christian Fonseca, presidente de la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche, quien pidió al gobierno que “se cuide el compromiso” asumido con los productores.

Asimismo, prometió que realizarán un seguimiento permanente a partir de ahora para el cumplimiento del acuerdo suscrito, que contempla, entre otros puntos, un nuevo llamado a licitación para construir el Tren de Molienda.

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Tras la aceptación de la propuesta, se levantaron los cierres sobre la Ruta PY02, luego de 17 días de manifestación por parte de los cañicultores.

Minutos después del anuncio, los camiones cargados con caña de azúcar empezaron a movilizarse para despejar el Cruce San Pedro y los demás puntos de concentración.