Diario HOY | Policía de Brasil captura red que planeaba asesinatos de jueces

Fuente: AFP

La operación forma parte de la investigación por el homicidio a balazos de un abogado en 2023, en la ciudad de Cuiabá, en el estado de Mato Grosso (centro-oeste).

La Policía Federal dijo en una nota que “descubrió la existencia de una organización criminal responsable por la práctica de delitos como espionaje y homicidios bajo encargo”.

La policía detuvo a cinco personas y cumplió seis órdenes de allanamiento en los estados de Mato Grosso, Sao Paulo y Minas Gerais (sureste).

Según el jefe de la agencia para la defensa legal del Estado (AGU), Jorge Messias, la pandilla estaba integrada por civiles y militares que cobraban hasta 250.000 reales (unos 44.000 dólares) para vigilar y planificar asesinatos de jueces de la corte suprema y otras autoridades.

“Choca por su audacia y por su insensatez. Se trata de un absurdo sin precedentes en el país, alimentado por discursos de odio de quienes no tienen compromiso con la democracia”, apuntó en un mensaje en X.

Consultado por la AFP, el presidente de la corte suprema, Luís Roberto Barroso, dijo que la investigación “es confidencial y está en su fase inicial”. “Todavía no es momento de formular conclusiones”, afirmó.

Senadores y diputados brasileños también estaban en la mira del grupo criminal, autodenominado “Comando C4” o “Comando de cazacomunistas, corruptos y criminales”, indicó el portal de noticias g1.

Según ese sitio, los sospechosos habrían evaluado el uso de pelucas y también la contratación de trabajadores sexuales para atraer a las potenciales víctimas.

El abogado Roberto Zampieri fue asesinado con varios impactos de bala en diciembre de 2023, debido a una disputa por un terreno agrícola valorado en 100 millones de reales (17,5 millones de dólares), de acuerdo con la policía de Cuiabá.

Los más altos jueces de Brasil han sido objeto de amenazas y ataques recientes.

En noviembre, un individuo murió al hacerse estallar frente al edificio de la corte suprema en Brasilia, en un ataque que según las autoridades tenía posibles vínculos con la asonada de enero de 2023, cuando miles de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro depredaron las sedes de los poderes públicos.

Bolsonaro es juzgado ante la corte suprema señalado de liderar un supuesto plan golpista que, según la fiscalía, incluía la vigilancia y el asesinato del juez de ese tribunal Alexandre de Moraes.

El juicio iniciado en febrero conmocionó al país, meses después de otro caso “fuera de lo común”: el de las violaciones en serie a Gisèle Pelicot, que acabó con 51 hombres condenados.

“Se tuvo en cuenta que los hechos cometidos eran especialmente graves por el número de víctimas, su corta edad y el carácter compulsivo” del acusado, indicó la presidenta del tribunal de Vannes, Aude Buresi, al leer el veredicto.

Después de que se comunicara el fallo, uno de los abogados del excirujano, Maxime Tessier, indicó que su cliente no recurrirá y que “nunca tuvo intención” de hacerlo.

La fiscalía había pedido 20 años de prisión contra este “diablo” de “bata blanca” y otras medidas menos comunes como su reclusión en un centro para su tratamiento y vigilancia después de cumplirla.

Pero el tribunal de esta ciudad del oeste de Francia le impuso una condena más leve, al subrayar su “voluntad de reparación” y su edad. El hombre de 74 años podrá así solicitar la libertad condicional cuando cumpla dos tercios de la pena de 20 años.

La justicia también le impuso un seguimiento socio-judicial durante 15 años que incluye, en particular, someterse a tratamiento y una prohibición definitiva de ejercer una profesión médica o una actividad en contacto con menores.

El veredicto fue acogido con gritos de “¡Qué vergüenza de justicia!” en la sala de retransmisión reservada a las víctimas.

Algunas, que se concentraron frente al tribunal, se abrazaron, llorando. “Qué decepción”, comentó Manon Lemoine, portavoz de un colectivo de víctimas de Joël Le Scouarnec, ante la prensa.

Otra víctima, Amélie Lévêque, se dijo “humillada por este veredicto”.

Fuente: AFP

El uruguayo Sebastián Marset volvió a ser noticia en las últimas horas, luego de un importante anuncio que lo tiene como protagonista.

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) decidió incluir al narcotraficante vinculado al caso “A Ultranza PY” en la lista de “fugitivos más buscados”.

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El mismo ocupa el cuarto lugar en el listado de la DEA, que la completan otros importantes actores del tráfico internacional de drogas, como Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, Yulan Adonay Archaga Carias, cabecilla de la “Mara Salvatrucha”, y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del narco “Chapo” Guzmán.

Cabe recordar que el Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta USD 2 millones por cualquier información que permita concretar la captura de Marset.

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Se lo acusó formalmente por delitos de lavado de dinero, derivados del movimiento de fondos procedentes del narcotráfico a través de instituciones financieras estadounidenses.

“La búsqueda continúa para uno de los narcotraficantes más notorios de Sudamérica”, refiere el comunicado de la DEA, que afirma impulsar una investigación “de manera agresiva” sobre la organización que lidera el uruguayo.

El juicio iniciado en febrero en Vannes, en el oeste de Francia, conmocionó al país, meses después de otro caso “fuera de lo común”: el de las violaciones en serie a Gisèle Pelicot, que acabó con 51 hombres condenados.

La fiscalía pidió la pena máxima de 20 años de prisión contra este “diablo” de “bata blanca” y otras medidas menos comunes como su reclusión en un centro para su tratamiento y vigilancia después de cumplirla.

“Espero que el veredicto esté a la altura de los horrores que haya podido cometer”, declaró a AFP Amélie Lévêque, una de sus víctimas. “Pero no tengo mucha fe en ello”, agregó.

En sus alegatos finales, la defensa subrayó que su cliente reconoció ser “el único culpable”, por lo que pidió al tribunal que tenga en cuenta “los elementos favorables al acusado”, como su “confesión”.

“No pido clemencia al tribunal. Simplemente que me conceda el derecho de ser mejor persona y recuperar esta parte de humanidad que tanto me ha faltado”, dijo el acusado en sus últimas palabras.

El veredicto se conocerá a partir del mediodía.

– Nueva investigación –

Joël Le Scouarnec, de 74 años, ya reconoció durante el juicio su culpabilidad en todos los actos perpetrados en hospitales entre 1989 y 2014. Entonces, 256 de estos pacientes tenían menos de 15 años.

El tribunal de Vannes lo juzgó por 111 violaciones y 189 agresiones sexuales. Pero, durante el proceso, reconoció otros “abusos sexuales” sobre su nieta y se dijo responsable del suicidio de dos de sus víctimas.

El excirujano cumple 15 años de prisión desde 2020 por violaciones o agresiones sexuales contra dos sobrinas, una joven paciente en los 1990 y una vecina suya de 6 años en Jonzac en 2017.

A raíz de la denuncia de esta última, los investigadores descubrieron en casa del acusado “cuadernos” en los que apuntaba con detalle sus agresiones, miles de imágenes de pornografía infantil y decenas de muñecas, entre otros.

El 20 de marzo, la fiscalía anunció la apertura de una nueva investigación sobre “víctimas no identificadas o recién declaradas” del excirujano.

– “Peligrosidad muy grande” –

Le Scouarnec nació en París de padre ebanista y madre conserje. El mayor de tres hermanos era un muy buen alumno, más bien solitario, que soñaba desde los 10 años en convertirse en cirujano, lo que logró en los años 1980.

Se casó y tuvo tres hijos entre 1980 y 1987. Pero bajo la imagen de una familia sin problemas, la relación del matrimonio fue cada vez más tensa a medida que aumentaban las tendencias pedófilas del médico.

“Este señor es un enigma”, dijo al tribunal Jean-Jacques Dumond, uno de los psiquiatras que lo examinaron y que no encontraron la causa de su pedofilia. Su “peligrosidad es muy grande”, abundó su colega Isabelle Alamone.

La justicia lo descubrió en 2004. Su tarjeta bancaria, que utilizaba para acceder a sitios de pornografía infantil, lo traicionó y un tribunal de Vannes lo condenó en 2005 a cuatro meses de prisión, con suspensión de pena.

Esta condena por posesión de imágenes de pornografía infantil no le impidió seguir con su carrera de cirujano en varios hospitales hasta 2017, cuando se jubiló.

– Frustración –

Los meses de audiencias han estado marcados por el horror ante los actos del exmédico y por la frustración de las víctimas ante la falta de actuación de las autoridades médicas y judiciales.

El 19 de mayo, varios exaltos directivos de instituciones médicas comparecieron para responder a una pregunta: ¿Cómo pudo seguir trabajando como cirujano tras su condena en 2005?

Pero el tribunal no obtuvo respuesta. Uno tras otro, los testigos negaron cualquier responsabilidad, culpando al “sistema administrativo francés” y enfureciendo a las partes civiles.

Unas 20 víctimas, agrupadas en una asociación, pidieron al gobierno lanzar una comisión para evitar que se repitan hechos similares, máxime cuando este “juicio del siglo” no marcó, en su opinión, a la sociedad.

El proceso se vio opacado por las acusaciones contra el primer ministro, François Bayrou, por supuestamente haber encubierto casos de violencia en un colegio católico, algo que él niega.

Fuente: AFP