Diario HOY | Proponen ampliar programa Hambre Cero y comprar transporte escolar

En el punto 2 del orden del día figura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la ley que crea el fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en las Escuelas).

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El referido artículo, sobre el financiamiento en los gobiernos municipales, indica que, como mínimo el 20 % de los ingresos percibidos por los gobiernos municipales en virtud de royalties será destinado a la adquisición y mantenimiento de equipos de transportes escolares; y/o, contratación de servicios de transportes escolares.

Se mantendrá lo que ya estaba respecto al financiamiento de infraestructura en educación, consistentes en construcción, remodelación, mantenimiento y/o equipamiento de instituciones educativas del sector público, ubicados en contextos vulnerables. Las intervenciones serán realizadas en todos los casos conforme a las normativas vigentes y a los estándares establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencias;

La propuesta cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y podría ser sancionada y remitida al Poder Ejecutivo hoy.

El monumento será financiado con recursos provenientes de un crédito externo y se enmarca en un paquete de obras e inversiones impulsadas por el Legislativo, que también contempla refacciones edilicias y compra de equipos de transporte. Según los documentos oficiales, una parte de los G. 1.750 millones asignados a “otras inversiones” se destinará específicamente a la construcción del obelisco.

La obra rendirá tributo a los combatientes de la Guerra del Chaco (1932-1935), y tendrá un valor simbólico y patrimonial. Se prevé que sea erigida en un sitio emblemático y con relevancia pública.

La decisión forma parte de una política de rescate de la memoria histórica nacional desde el Parlamento, y se da en el contexto de los 90 años de la finalización del conflicto chaqueño, conmemorados este 2025.

El Decreto autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a modificar la estimación de ingresos y ampliar los créditos del plan financiero vigente del Congreso. De los G. 4.280 millones, G. 650 millones serán destinados a la adquisición de vehículos, G. 1.880 millones a la refacción del Centro Cultural El Cabildo, y el resto a nuevas obras, como el obelisco.

La propuesta apunta a endurecer las penas en casos de homicidio agravado, violaciones y otros delitos graves que conmocionan a la ciudadanía.

“Vamos a pedir prisión permanente con revisión para aquellos monstruos que maten a periodistas, uniformados, a nuestras mujeres o que asesinen durante un hurto agravado. No perderán su derecho a la revisión, porque la Constitución y la Corte Interamericana lo garantizan. Lo que proponemos es una pena con posibilidad de revisión, como ya lo hacen países de la región”, afirmó el legislador durante su intervención pública.

La iniciativa plantea la modificación del Artículo 38 del Código Penal, que regula la duración de las penas privativas de libertad, elevando el máximo a 90 años e incorporando la figura de la “prisión permanente revisable”. Según explicó Rubin, esta figura permitiría que los condenados accedan a una revisión judicial una vez cumplidos dos tercios de su condena, aunque esta sea de 50, 70 o 90 años.

“Esto no es cadena perpetua. Es una condena de largo plazo con derecho a revisión, en cumplimiento del artículo 20 de nuestra Constitución, que habla del derecho a la reinserción social”, agregó.

El proyecto está dirigido exclusivamente a personas mayores de edad y se aplicará solo en casos de delitos especialmente graves, como homicidios dolosos, feminicidios, violaciones y crímenes contra agentes del orden. No se aplicará a casos fortuitos o accidentes.

El legislador remarcó que la propuesta no busca venganza, sino justicia. “Algunos creen que un violador o asesino debe volver pronto a las calles. Yo no. Mandarlo 25 o 35 años a prisión no es inhumano, es justicia”, sostuvo.

Rubin subrayó que este tipo de penas ya se encuentran vigentes en países de la región y que Paraguay debe avanzar hacia un sistema penal que responda con mayor severidad a delitos que afectan profundamente a la sociedad.

El proyecto será debatido próximamente en comisiones del Congreso y ya genera diversas reacciones tanto en el ámbito jurídico como político. Mientras algunos sectores lo ven como un paso hacia una mayor protección a las víctimas, otros advierten sobre la necesidad de analizar su compatibilidad con los principios del derecho penal paraguayo.

El expresidente está bajo sospecha por las serias irregularidades financieras detectadas en su patrimonio: USD 45 millones en reservas operativas sin respaldo, un crecimiento desmedido de inversiones y millonarias discrepancias en cuentas por cobrar con proveedores. Ahora se suman las cuentas offshore en Seychelles, que podrían anexarse a la causa por la Fiscalía

• LA CAJA NEGRA

El Ministerio Público sigue adelante con la investigación penal abierta en setiembre de 2024, tras las inconsistencias detec­tadas en las ganancias gene­radas por las empresas dis­tribuidoras de asfalto Aldia SA y Createc SA, vinculadas al expresidente Mario Abdo Benítez.

La pesquisa, que permanece en curso actualmente, apunta a determinar posibles delitos tras detectarse multimillo­narias ganancias por venta de asfalto a contratistas del Estado.

Un crecimiento exponencial de 70 veces más en la venta de asfalto desde que asumió el poder, las inconsistencias en los estados financieros y el misterioso destino de las uti­lidades registradas (USD 45 millones) en las empresas liga­das al exmandatario son los aspectos claves del lucrativo negocio.

El equipo de fiscales asignado a la investigación solicitó una serie de informes a la Contra­loría, a la Dirección de Ingre­sos Tributarios, a la Seprelad y a las empresas que realizaron transacciones comerciales con las empresas Aldia y Crea­tec SA. Así también se remi­tieron pedidos de informes específicos a estas últimas para que informen sobre las inconsistencias detectadas en sus estados financieros. La investigación apunta a los directivos de ambas empre­sas y al principal accionista de ambas, el expresidente Mario Abdo Benítez. La causa penal fue asignada por el fis­cal general del Estado, Emi­liano Rolón Fernández, a un equipo de fiscales especiali­zados en Delitos Económi­cos y Anticorrupción: Jorge Arce, María Verónica Valdez y la fiscal adjunta María Sole­dad Machuca. La causa fue iniciada luego de que la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR), respaldada por un informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT), presentara evidencias de anomalías en las operaciones financieras de ambas empresas, que expe­rimentaron un crecimiento desproporcionado, superior a la media del mercado, en sus ingresos con la provisión de asfalto.

Extractos del informe de CGR señalan dos aspectos trascendentales sobre las ganancias de las empresas de asfalto de Abdo

POSIBLES DELITOS

El expediente, identificado como causa n.º 82/2024, tiene como principal objetivo esclarecer los posibles deli­tos económicos derivados de las operaciones de Aldia SA y Createc SA, que experimen­taron un crecimiento finan­ciero sin precedentes durante el gobierno de Abdo Benítez. Las indagaciones se centran en analizar los movimien­tos financieros y la declara­ción patrimonial del expre­sidente, así como el destino de los USD 45 millones (G. 329.000 millones) que ambas empresas habrían acumu­lado en reservas operativas sin justificar su uso.

Entre las principales incon­sistencias detectadas figu­ran: discrepancias contables, cuando la DNIT identi­ficó diferencias en las cuen­tas de deudores por venta, que ascienden a G. 155.500 millones en proveedores locales. Incrementos abrup­tos en inversiones: Aldia SA pasó de tener G. 1.397 millo­nes en inversiones en 2022 a G. 40.515 millones en 2023. Utilidades no declaradas claramente: la Contraloría informó sobre ingresos des­proporcionados que habrían sido derivados a fondos opera­tivos, sin evidencia de un uso claro y transparente.

El permanente aumento del volumen destinado a esas reservas de ambas empre­sas, sin evidencia de las dismi­nuciones que corresponden según la legislación tributa­ria, sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos, sino más bien para otros.

La falta de un registro docu­mental que exponga el des­tino final del dinero enviado a la cuenta de “reservas” eleva las sospechas de que el mecanismo era utilizado aparentemente para la eva­sión de impuestos y el even­tual lavado de dinero.

CUENTA OFFSHORE

Tras la denuncia realizada por el periodista argentino Luis Gasulla, de Periodismo y Punto, una nueva sospecha salpica al expresidente que ahondan las dudas sobre su patrimonio y el origen de su fortuna. Se refiere a cuentas bancarias en islas Seychelles de empresas que tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y a su esposa, Silvana López Moreira. Se trata inicialmente de unos 21 millones de dólares, que habrían sido producto de depósitos al momento de la habilitación y de remesas desde empresas aparente­mente fantasmas desde zonas como Hong Kong o Dubái.