Diario HOY | Registro Civil sale a la caza de gestores: “Un certificado de G. 25.000 cobraban G. 800.000″

En entrevista con el canal GEN, Maxi Ayala destacó que desde su llegada al cargo en febrero de este año, se implementaron mejoras significativas en el tiempo de espera para la atención al público, reduciendo el promedio de 40 a 10 minutos. Estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo por modernizar el servicio y optimizar los procesos mediante el uso de tecnología.

Sin embargo, el problema de los gestores informales frente a la sede central persiste. Según el director, alrededor de 45 a 50 personas se agrupan diariamente en el acceso al Registro Civil, ofreciendo servicios con sobrecostos injustificados y, en algunos casos, utilizando documentos falsificados. “Hemos recibido denuncias de estafa y detectado casos de falsificación de autorizaciones para realizar gestiones en nombre de terceros”, afirmó Ayala.

Para evitar estos inconvenientes, el Registro Civil estableció que las gestiones realizadas por terceros deberán contar con una autorización notarial, especialmente cuando no haya vínculo directo con el titular del trámite. Esta medida busca garantizar que el ciudadano dueño del documento otorgue formalmente el permiso a otra persona.

Además, se permitirá la realización de trámites por parte de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, así como abogados patrocinantes que cuenten con el poder legal correspondiente. Los connacionales en el extranjero también podrán otorgar autorizaciones mediante un formulario digital disponible en la página web de la institución.

Ayala denunció que algunos gestores cobraban sumas exorbitantes en complicidad con los propios funcionarios. Por ejemplo, un certificado de defunción cuyo costo oficial es de 25.000 guaraníes fue vendido en la vía pública por 800.000 guaraníes. Explicó que, en este caso, se comprobó que una funcionaria puso trabas a un ciudadano que solicitaba el documento; luego cuando este ya salía del edificio, la trabajadora pública le sacó una fotografía y envió al gestor apostado en la vía pública. A su vez, el gestor abordó al usuario y le ofreció “su ayuda” para conseguir el certificado de manera fraudulenta por la elevada suma de dinero.

El director del Registro Civil fue enfático al señalar que se continuará trabajando en la digitalización de los procesos y en la implementación de tecnología que permita mayor trazabilidad en la emisión de documentos y en el manejo de las tasas cobradas.

La playa Pacu Cuá, situada en el barrio San Isidro de Encarnación, en la noche del domingo se convirtió en punto de concentración de un considerable número de conductores.

Se estima que alrededor de 150 personas, en su mayoría jóvenes, se congregaron en este espacio público para efectuar arriesgadas piruetas a bordo de sus motocicletas.

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Vecinos denunciaron el hecho ante la Policía Nacional, a raíz de la polución sonora generada por estos visitantes, tanto con sus caños de escape como así también con la música a alto volumen de los equipos de sonido.

Fue así como se organizó un operativo de despeje, a cargo de agentes de la Comisaría 40 de Encarnación y personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quienes acudieron al sitio para controlar la situación.

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Al llegar las autoridades, la mayoría de los asistentes decidió huir raudamente de la playa. Por su parte, algunos de los “moteros” protagonizaron una persecución con la Policía.

Según informó la periodista de Nación Media, Rocío Gómez, el procedimiento tuvo como resultado la incautación de varios automóviles y motocicletas, en su mayoría que no estaban en regla y carecían de documentación.

La ambiciosa estrategia articula esfuerzos entre la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (FPTI), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), con el objetivo de reforzar y garantizar una atención de calidad para la población, tanto en la capital como en el interior del país, especialmente en zonas históricamente desatendidas.

Entre los proyectos más avanzados figuran el Hospital General de Concepción y el Hospital General de Curuguaty, ambos en etapa final de adjudicación tras completar exitosamente el proceso licitatorio para diseño y construcción. En paralelo, el Hospital General del Chaco, en Mariscal Estigarribia, ya se encuentra en etapa de llamado.

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A su vez, el MOPC gestiona la licitación para el diseño, construcción y mantenimiento del Hospital General de Asunción, considerado estratégico para descongestionar el sistema sanitario capitalino. Completa el paquete de inversiones el Hospital General de San Estanislao, cuya licitación también está en etapa de llamado.

En trabajo conjunto, también se proyecta la ejecución de un contrato para el diseño y construcción de un Parque Sanitario, un Centro de Atención Ambulatoria y una Planta de Tratamiento de Efluentes en el predio del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), con el objetivo de reorganizar los flujos de atención a pacientes.

La financiación de estas obras proviene de distintas fuentes: Itaipú Binacional, la República de China (Taiwán) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La titular del Ministerio de Salud Pública acudió esta mañana al Congreso, a fin de participar de la reunión de la mesa directiva de la Cámara de Senadores.

En este encuentro, María Teresa Barán se encargó de escuchar a senadores de diversas bancadas, quienes aprovecharon la ocasión para plantearle una serie de inquietudes y reclamos ciudadanos.

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Uno de los puntos tratados fue la continua avería de equipos médicos que son considerados de suma relevancia y tienen un uso permanente, como es el caso de los tomógrafos, varios de los cuales están fuera de servicio en hospitales públicos.

El presidente del Senado, Basilio Núñez, aseguró que Barán tomó nota de cada uno de los puntos a mejorar, a fin de trabajar para dar una pronta solución a cada uno de ellos.

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“Ojalá que esta reunión se pueda seguir profundizando para saber cómo está trabajando el Ministerio de Salud”, afirmó a su vez el senador Natalicio Chase.

La ministra de Salud se encargará de hacer la evaluación sobre las falencias y necesidades de mejora existentes, con la promesa de dar respuesta a la ciudadanía, sostienen.