Diario HOY | Reiteran aplicación de multas por “motos ruidosas”

Según el artículo 77 de la mencionada Ley, está prohibido el uso de escapes que no controlen o limiten la generación de ruidos, ya que alteran el orden público y afectan la convivencia ciudadana.

El reglamento también establece que los niveles máximos de ruido deben ajustarse a las disposiciones nacionales vigentes. La sanción por incumplimiento equivale a 10 jornales mínimos (G. 1.115.020), lo que refuerza la importancia de mantener los vehículos en condiciones técnicas adecuadas.

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El uso de escapes libres, especialmente en motocicletas, genera ruidos molestos que afectan a vecinos, peatones y conductores, provocando contaminación sonora y distracciones en el tránsito.

Cumplir con esta normativa no solo evita sanciones, sino que favorece una mejor convivencia y un ambiente vial más ordenado y seguro. Cada conductor tiene la responsabilidad de mantener su vehículo en condiciones adecuadas y ser parte de una movilidad más silenciosa, segura y respetuosa para todos.

El Tribunal de Apelación este viernes tomó la determinación de acceder al pedido de prórroga extraordinaria planteado por la Fiscalía, en el marco de la causa abierta contra Gianina García Troche.

El fiscal Deny Yoon Pak había solicitado la extensión del plazo para presentar el requerimiento conclusivo, a fin de seguir sumando nuevos elementos y evidencias a la carpeta.

Antecedentes: Amplían horario de visitas para esposa de Sebastián Marset

De esta manera, la fecha tope establecida para la Fiscalía, a fin de presentar la acusación final contra García Troche, es el 20 de mayo del 2026.

La esposa del uruguayo Sebastián Marset es investigada por lavado de activos provenientes del narcotráfico, siendo considerada como una pieza clave dentro de la estructura financiera en el marco del Operativo “A Ultranza PY”.

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Según la investigación, García Troche fue beneficiaria directa de las ganancias ilícitas obtenidas por Marset, e incluso habría realizado operaciones destinadas a insertar esos fondos dentro del sistema económico nacional.

Actualmente, esta mujer permanece recluida en la cárcel militar de Viñas Cué, bajo fuertes medidas de seguridad y con un régimen de visitas especial.

En la exposición de motivos, la diputada y proyectista, Alexandra Zena, destacó que el sistema penitenciario nacional enfrenta graves problemas de sobrepoblación, condiciones inadecuadas y falta de oportunidades de reinserción, situación que no solo vulnera derechos fundamentales sino que perpetúa un ciclo de marginación y reincidencia delictiva.

La iniciativa propone crear un programa de trabajo voluntario y remunerado en condiciones dignas, que permita a los reclusos adquirir habilidades laborales mientras contribuyen, en la medida de lo posible, a cubrir parte de los costos de su estadía en prisión.

La diputada, en su escrito de presentación, enfatiza que el programa respetará estrictamente los estándares internacionales de derechos humanos, garantizando que el trabajo no sea forzado ni explotador, en concordancia con convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Argumenta, por otro lado, que diversos estudios demuestran que la capacitación y el acceso al trabajo disminuyen, significativamente, la reincidencia delictiva, al proveer no solo un medio de subsistencia sino también responsabilidad, sentido de propósito y disciplina.

El proyecto contempla la instalación de talleres productivos dentro de los penales, la prestación de servicios comunitarios, y la firma de convenios con empresas privadas para la contratación de mano de obra carcelaria bajo estrictos controles de derechos laborales.

En cuanto a la remuneración, el proyecto establece que el salario percibido por los internos no podrá ser inferior al 70% del salario mínimo vigente, con derecho a beneficios laborales básicos. Los ingresos generados se distribuirán en porcentajes destinados a un fondo de sostenibilidad del programa, ahorro personal, reparación a víctimas, sostenimiento del programa y asistencia social para internos en situación de vulnerabilidad.

La implementación será progresiva, iniciando con una fase piloto de dos años en al menos tres establecimientos penitenciarios seleccionados según criterios de infraestructura, índice de reincidencia y presencia de programas educativos.

A través de un comunicado, desde Defensa Animal informaron que, tras recibir el pedido de informe enviado desde el Senado sobre el proyecto “Que declara Patrimonio Tradicional y Cultural del Paraguay a la corrida de toros (Torín)”, remitieron su total rechazo a la propuesta.

Según señalaron, el 1 de julio pasado enviaron la respuesta donde indicaron que es una actividad que explota a los animales para diversión del ser humano y lo consideran como un acto cruel.

“Recibimos el Proyecto de Ley que busca declarar la Corrida de Toros como Patrimonio Cultural. Tras un análisis jurídico y veterinario, manifestamos nuestro disentimiento total. El bienestar animal no es negociable”, expresaron en las redes sociales.

Cabe mencionar que, desde asociaciones animaleras vienen expresando un “absoluto rechazo” hacia el proyecto, al considerar la actividad de torín como un hecho de “crueldad animal” y por ende, no representa un valor cultural nacional, ni mayoritario.

Sin embargo, pese a eso, la iniciativa cuenta con con el dictamen de aprobación de la Comisión de Educación y Cultura.