Diario HOY | Residentes del IPS reclaman salario justo y solicitan mesa para negociación

Desde tempranas horas de la mañana, los médicos residentes del Instituto de Previsión Social (IPS) se manifestaron frente a la sede central de la previsión social, exigiendo un reajuste salarial que no fue implementado desde el 2011.

En este contexto, Sany Gómez, secretaria de la Asociación de Residentes del IPS, explicó que el salario actual de los residentes es de 4.400.000 guaraníes, de los cuales, tras los descuentos, reciben un neto de 3.374.000 guaraníes.

“Hoy estamos luchando por la equiparación salarial con los médicos residentes del Ministerio de Salud, quienes, gracias al presupuesto general de la nación, consiguieron un aumento a 6 millones de guaraníes”, manifestó Gómez en entrevista con GEN/Nación Media.

La protesta de los residentes también se basa en otros pedidos, tales como el reconocimiento de los años de residencia para el concurso de nombramiento dentro de la institución, la participación en capacitaciones con goce de sueldo, y la inclusión de un representante dentro de la mesa de trabajo para la reestructuración del reglamento interno de residencias médicas.

La médica explicó que un médico de especialidad troncal, por ejemplo, medicina interna que sería clínica médica, hace un promedio de 10 guardias al mes, lo que sería aproximadamente tres guardias por semana, un total de 90 horas a la semana, donde una guardia es aproximadamente 30 a 36 horas dependiendo de la sobrecarga de trabajo.

“Hay compañeros que incluso superan las 90 horas de trabajo a la semana. No tenemos la posibilidad de trabajar en otros centros durante nuestro periodo de formación y dependemos netamente de este sueldo”, indicó.

Pese a que el IPS respondió el 12 de marzo concediendo tres de estos cuatro puntos, el reajuste salarial fue rechazado debido a la falta de presupuesto para su implementación en el 2025. “Nosotros tenemos información que demuestra que el IPS cuenta con recursos para hacer frente al reajuste salarial, sin afectar otros rubros como insumos, medicamentos o atención de los asegurados”, dijo Gómez.

La manifestación, que se mantiene dentro del marco legal, se organiza para no afectar la atención a los pacientes, con los residentes cubriendo urgencias y otros servicios esenciales. “Este es un reclamo justo, dado que nuestra formación y el nivel de dedicación a la institución lo exigen”, añadió la vocera.

Por su parte, la Dra. Ruth Zayas, gerente de Salud del IPS, explicó que desde diciembre del año pasado el Gabinete del IPS había comenzado a dialogar con los representantes de los residentes y que el 10 de marzo, los residentes reiteraron sus cuatro peticiones: el reajuste salarial, el reconocimiento de los años de residencia para acceder al nombramiento, el goce de sueldo durante las rotaciones externas y actividades científicas, y la participación en la modificación del reglamento de residencias médicas.

“En el comunicado que se publicó ayer, el Consejo de Administración del IPS, con el presidente a la cabeza, informó que el reajuste salarial no será posible este año, pero sí se revisará para 2026″, indicó Zayas en entrevista con GEN/Nación Media.

Zayas aseguró que tres de los cuatro puntos solicitados por los residentes ya han sido atendidos. “Se les concede el reconocimiento de los años de residencia, el goce de sueldo durante las rotaciones externas y su participación en la modificación del reglamento”, detalló.

Sin embargo, el reajuste salarial no fue aprobado debido a la falta de recursos disponibles en el presupuesto de este año, ya que el IPS es un ente autárquico que depende de los aportes de los asegurados.

Zayas destacó que la situación financiera del IPS es distinta a la del Ministerio de Salud, ya que el IPS no recibe financiamiento del presupuesto general de la nación, sino que depende de los aportes de los asegurados.

“El IPS tiene dos misiones principales: brindar atención sanitaria y proporcionar prestaciones económicas a los trabajadores, como reposos y jubilaciones. Por lo tanto, no es sencillo disponer de los recursos necesarios para un reajuste salarial”, explicó.

A pesar de esta explicación, reconoció que los médicos y otros funcionarios del IPS no recibieron un aumento salarial desde 2011, lo cual genera descontento. “Este año estaba previsto un pequeño reajuste para todos los funcionarios, pero debido a la disponibilidad limitada de recursos, no se ha podido cumplir”, comentó.

La Dra. Zayas también señaló que, a diferencia de lo que ocurre en el Ministerio de Salud, en el IPS los residentes deben aportar para su seguro de salud y jubilación, lo que impacta en su salario neto.

En cuanto a la pregunta sobre si los residentes podrían el reajuste solicitado en el futuro cercano, Zayas explicó que la situación dependerá de la disponibilidad de recursos en el presupuesto de 2026. “Lo que se está haciendo es un análisis detallado de los recursos disponibles y la necesidad de asignar fondos de manera justa y equitativa”, concluyó.

Mientras tanto, los residentes mantienen su postura y continúan con las movilizaciones, exigiendo una mesa de trabajo para negociar la equiparación salarial y otros beneficios.

“Seguiremos luchando hasta que se nos dé una respuesta favorable”, afirmó Gómez, destacando la importancia de este ajuste salarial para la dignidad y bienestar de los médicos en formación.

La iglesia de San Joaquín y Santa Ana, ubicada en la ciudad de San Joaquín, Caaguazú, recibió oficialmente las llaves tras su restauración integral, un proyecto ejecutado por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

El acto se celebró con la firma del acta de entrega de llaves, formalizando la recepción en usufructo del templo luego de las labores de restauración.

Durante la ceremonia, el intendente de San Joaquín, Palacios, resaltó la relevancia de la iglesia para la comunidad local: “La iglesia es nuestro ícono central. Después de esta restauración, es la única que sigue en pie. Tiene un gran valor sentimental, espiritual, social y cultural para todos nosotros”, expresó.

Por su parte, la directora general de Patrimonio de la SNC, Natalia Ántola, agradeció la colaboración de la comunidad y el párroco, quienes han sido guardianes de este importante proyecto.

Proceso de restauración

La restauración del templo se dividió en dos etapas.

La primera consistió en una intervención de salvaguardia urgente que incluyó prospecciones arqueológicas y la instalación de un protector de sobretecnología. La segunda fase fue una restauración integral que combinó estudios arqueológicos y técnicas científicas para asegurar la preservación del sitio.

Se trabajó tanto en el interior como en el exterior del templo, reparando muros de adobe y reforzando la estructura con un sistema de apuntalamiento debido a la falta de bases en los pilares.

Además, se restauraron importantes bienes muebles de valor patrimonial, como el retablo, el púlpito y diversas imágenes religiosas. El proyecto también incluyó la construcción de una nueva explicada con equipamiento urbano.

Se anunciará próximamente la fecha de inauguración oficial del templo.

Resumen histórico del templo de San Joaquín y Santa Ana

El Templo de San Joaquín y Santa Ana es una de las construcciones más significativas del legado jesuita en Paraguay.

Fundado en 1746 por el padre Sebastián Yegros dentro del plan de la Compañía de Jesús, el pueblo de San Joaquín originalmente se ubicaba en Tarumá. En 1753, debido a ataques indígenas y adversas condiciones climáticas, la comunidad fue trasladada a su ubicación actual.

La estructura del templo, de estilo colonial con influencias guaraníes, está construida con muros de adobe y una estructura portante de madera. Su fachada principal orientada al oeste lleva al retablo mayor, el cual es único, pues integra partes de varios retablos de madera policromada en un muro de adobe.

A lo largo de los siglos, el templo ha sido un importante centro religioso y cultural, reflejando la fusión de la herencia jesuita y la identidad local.

En conferencia de prensa, el ministro de Educación, Luis Ramírez, explicó que este lote sumará a los 330.000 que ya fueron adquiridos previamente y que se comenzarán a entregar entre finales de marzo y primeros días de abril.

Asimismo, Ramírez mencionó que se trata de una compra de 100.000 muebles, entre mesas y sillas para las escuelas cuyas infraestructuras serán renovadas a lo largo del año.

“La licitación de esos mobiliarios ya se inician también ahora, que van acompañar a estas construcciones nuevas”, indicó.

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“Eso ya está en acción, tenemos a los 22 distritos que serán priorizados siguiendo el programa Hambre Cero para que los chicos puedan comer en el aula”, manifestó. El objetivo es alcanzar los 430.000 muebles nuevos para las escuelas del sector público.

En ese orden, informó que está en plena ejecución las mejoras en el Colegio Técnico Nacional y que la próxima semana arrancarían los trabajos en el Colegio Nacional de la Capital, emblemáticas instituciones educativas de Asunción.

“Estamos poniendo en el aire 50 de las más de 316 escuelas que serán refaccionadas”, exteriorizó.

Por otra parte, el ministro reconoció algunos inconvenientes respecto a la entrega de kits escolares, enfatizando que son casos puntuales que están siendo “ajustados”. No obstante, alegó que en la mayoría de los locales educativos ya fue efectivizado dicho beneficio.

El agente fiscal Jorge Arce presentó una acusación formal contra los exintendentes de Independencia, Francisco Chávez González y José Eligio Chávez Silvero, junto con otros 15 implicados,acusados por lesión de confianza y administración en provecho propio.

La investigación se inició tras una denuncia de la Contraloría General de la República, que identificó un supuesto perjuicio patrimonial a la municipalidad de Independencia por un total de G. 1.306 millones.

Según el informe, durante la administración de José Eligio Chávez Silvero (2010-2015) se detectó un daño de G. 388.290.000, mientras que en la gestión de Francisco Chávez González (2015-2021) la suma ascendió a G. 917.951.378.

Entre los procesados también figuran Patrocinio Leiva Acosta, Enrique Luis Navarro Mercado, Oscar Ramón Britez Apostolaqui, Roberto Rojas Rodríguez, Carmen Elvira Fernández de Sotto, Javier Brizueña Báez, Pablo César Dávalos González, Celso Leiva Acosta, Juan Fernández de Chávez, Víctor Manuel Fernández Ortiz, Eladio Rojas Barúa, Adriano Dávalos Gómez, Antonio Legal, Ygnacio Rojas Alderete y Milciades Chávez Fariña.

El Ministerio Público sostiene que los acusados habrían utilizado fondos provenientes del Fonacide y royalties para gastos no autorizados por la ley. Según la acusación, el dinero fue desviado para el pago de honorarios profesionales, jornales, atuendos deportivos, transporte, fiestas patronales, festejos por el Día del Niño y eventos culturales.

Para la Fiscalía, las emisiones de cheques y los pagos efectuados en beneficio de los procesados no cuentan con justificación legal, por lo que solicita que el caso sea llevado a juicio oral.