Diario HOY | Robaron 30 metros de cable de Copaco y fueron imputados por la Fiscalía

La fiscal Cinthia Leiva Cardozo formuló imputación contra dos hombres de 20 y 35 años por la presunta comisión del hecho punible de hurto agravado.

Ambos se encuentran recluidos de manera provisoria en una dependencia de la Dirección de Policía de Alto Paraná, con pedido de prisión preventiva.

Según la investigación, el 6 de septiembre pasado, los imputados habrían sustraído aproximadamente 30 metros de cable multipar aéreo de 200 pares, propiedad de COPACO, que estaban instalados sobre la doble avenida del km 9 Acaray, en dirección al Centro Educativo de Menores Infractores.

Efectivos de la Policía sorprendieron a los sospechosos en el lugar. Al percatarse de la presencia policial, estos apagaron las luces de la motocicleta en la que se desplazaban e intentaron huir. Durante la persecución, tomaron una calle terraplenada con charcos y lodo, donde finalmente perdieron el equilibrio y cayeron al pavimento, siendo aprehendidos en ese momento.

Del poder de los mismos fueron recuperados los cables sustraídos.

La Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar, a fin de asegurar la comparecencia de los procesados y evitar riesgos de fuga o de obstrucción en la investigación.

Mirtha Elizabeth Fernández Yegros, intendenta de Valenzuela, fue imputada por la fiscal Betti Brítez, por un perjuicio patrimonial ocasionado a la municipalidad.

Según la imputación, la jefa comunal usó aproximadamente G. 300 millones para pagos realizados con recursos del Fonacide por obras de construcción que presuntamente no se habrían ejecutado. Para justificar los pagos, se habrían utilizado documentos con contenido falso.

En uno de los casos, el 11 de febrero de 2022, la municipalidad de Valenzuela, representada por Fernández Yegros, formalizó mediante Contratación Directa n.° 02/21 un acuerdo con la firma La Constructora O.R., representada por Óscar Rodas.

El contrato indicaba que la obra de empedrado estaba incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con ID n.° 405.685, correspondiente a la ubicación “Compañía Juan Cancio Flecha, acceso a la Escuela Básica n.° 2246 Santa Catalina”.

Sin embargo, al verificar los registros de la DNCP, la Fiscalía constató que dicha obra ya había sido ejecutada entre los años 2012 y 2013, lo que indica que la empresa constructora habría cooperado con la intendenta para generar un perjuicio patrimonial de G. 174.931.000 y falsificar información remitida a las instituciones de control.

En otro caso, la municipalidad autorizó la adquisición de carga de ripios para caminos vecinales de la compañía Cerro Corá Cañada, por un valor de G. 124.300.000. La Fiscalía tiene sospechas de que la obra no se habría ejecutado y que se pagó utilizando información correspondiente a otra obra distinta a la adjudicada.

El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal antidrogas de Curuguaty, Juan Benegas.

Durante el allanamiento se consiguió la incautación de un 1 rifle, calibre .22 largo.

Puede interesar: La historia detrás del quepis de Trump, entregado a cada embajador que lo visitó

Los agentes antidrogas de la Senad intervinientes destruyeron cinco parcelas, totalizando 15 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha. Por otro lado, se destruyeron 3 parcelas, totalizando cinco hectáreas de supuesta marihuana en etapa de crecimiento.

De la misma forma, los antidrogas, en el operativo llevado a cabo durante la mañana de ayer lunes, procedieron a la destrucción de cinco campamentos precarios y la incautación de 210 kilogramos de supuesta marihuana picada, distribuidos en siete bolsas.

En la sesión extraordinaria de este martes, luego de un largo debate, la Cámara Alta aprobó con modificaciones el proyecto que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la ley Relativa al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros.

“Se tuvieron en cuenta todas las preocupaciones, todas las condiciones laborales de todos los trabajadores del sector transporte están garantizadas, no hay ningún vacío legal, no hay ningún punto que se pueda reclamar respecto a eso, el Código Laboral cumple todas las condiciones”, explicó el senador Natalio Chase, al término de la extraordinaria.

Respecto al plazo, consideró que la reforma puede hacerse no solamente en cuatro años, sino también en menos tiempo. Durante el primer año se prevé una inversión inicial de USD 150 millones.

Por su parte, la senadora Blanca Ovelar se refirió a la preocupación de los choferes de perder sus empleos. Al respecto, aclaró que la figura del fideicomiso no reemplaza a las empresas, sino al papel del Estado en la provisión de recursos, por lo tanto, los trabajadores tienen las garantías del Código Laboral con las empresas prestadoras de servicios.

En cuanto al derecho a realizar huelga, la legisladora ratificó que los trabajadores conservan este derecho y que la declaración de servicio imprescindible hace responsable al empresario, no al chofer.

Algunos de los ejes del proyecto son:

Romper el monopolio de los proveedores: separar por un lado la provisión de la flota y trabajar con los operadores actuales en dar el servicio de buses.

Integración tarifaria: que trasladarse sea más eficiente y más barato.

Tecnología: una de las bases es la incorporación de centros de monitoreo, a fin de tener información en tiempo real.

Incentivos al sector femenino: que más mujeres se sumen a operar los buses y entregar el servicio a la ciudadanía.