Diario HOY | Semana Santa: Patrulla Caminera anuncia operativo con acompañamiento y controles

El Plan Operativo se encuentra diseñado para atender el incremento del tránsito vehicular por las principales rutas del país, busca preservar el orden, prevenir accidentes y brindar asistencia a los usuarios de la vía pública en todo el territorio nacional, dentro del ámbito de competencia del organismo.

El operativo contempla patrullajes permanentes, fiscalizaciones preventivas y cobertura en puntos clave, especialmente durante los días de mayor circulación, como el inicio y el cierre del feriado largo. Se prevé el refuerzo del personal operativo en destacamentos y puestos fijos, principalmente en zonas de alto tránsito y en los accesos a la capital.

Entre los puntos con cobertura especial se encuentran los peajes de Ypacaraí, Ecovía, Itá, puente Remanso, puente Héroes del Chaco y Emboscada. Asimismo, se desplegarán agentes para brindar seguridad a peregrinantes y visitantes durante el tradicional evento de Tañarandy, en la ciudad de San Ignacio, departamento de Misiones.

Durante toda la semana se llevarán a cabo controles de alcotest, verificación del estado técnico de los vehículos y fiscalización de infracciones como adelantamientos indebidos o conductas temerarias al volante. Las patrullas también estarán habilitadas para intervenir en siniestros viales, asistir a vehículos con problemas mecánicos y atender reclamos ciudadanos canalizados a través del Sistema 911 y las Coordinaciones Regionales

Se trata del proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 294 de la Ley 1160/97, Código Penal Paraguayo”, referente a la liberación de presos.

El proyecto establece tres modificaciones principales: Por un lado, mantiene la pena base de hasta tres años o multa para quien libere, induzca o apoye la fuga de un interno.

Por otro lado, aumenta la pena para funcionarios públicos o personal penitenciario obligados a evitar evasiones, elevándose de “hasta siete años” (como contempla la ley actual) a un rango de “cuatro a diez años” de privación de libertad.

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Introduce además, un nuevo agravante para casos de “fuga masiva”, estableciendo una pena de entre 5 y 15 años cuando se libere a más de un interno.

Tras su ingreso al circuito legislativo, se dispuso que el proyecto sea remitido, para su estudio y consideración, a las comisiones de Asuntos Constitucionales; Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; y a la de Reestructuración y Modernización del Estado.

“El problema que tiene la señora Natalia Zuccolillo, dueña de ABC Color y del Banco Atlas, es que su banco tiene una relación comercial de 20 años con itti y esta empresa descubrió y denunció que hicieron una manipulación ilegal del software, por lo que tienen que pagar penalidades que llegan a los 70 millones de dólares”, expresó el presidente Santiago Peña.

El mandatario hizo alusión al pleito judicial entre el Banco Atlas del Grupo Zuccolillo con la empresa itti, proveedora de su core bancario, a raíz del reclamo que hizo esta tras detectar graves incumplimientos por parte del ente bancario en el uso del software, propiedad de la firma tecnológica.

“El problema es que Natalia Zuccolillo no quiere pagar lo que debe. Es un problema de derecho de propiedad intelectual a lo que de forma coloquial lo llamamos piratería”, expresó el presidente Peña.

Asimismo, el mandatario indicó que el Grupo Zuccolillo no debe confundir la libertad de prensa con hechos relacionados a la extorsión o persecución.

“A mí no me van a callar, me van a encontrar siempre de frente, hablando con la verdad. Voy a dar siempre explicaciones, no a Natalia Zuccollillo, sino al pueblo paraguayo”, enfatizó.

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en la Cámara de Senadores, convocada por el senador Rafael Filizzola y otros de sus colegas.

Dicha convocatoria tuvo como principales protagonistas a las víctimas del esquema de estafa conocido como “la mafia de los pagarés”.

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Varias personas que se vieron afectadas por esta rosca integrada por jueces de paz, funcionarios judiciales y abogados, además de empresas privadas, dieron sus desgarradores testimonios en el Congreso.

Una variedad de relatos y experiencias pudieron ser escuchadas en esta audiencia legislativa, coincidiendo en un aspecto en común: todas las víctimas perdieron importantes sumas de dinero y hasta hoy día siguen pagando las consecuencias.

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En la mayoría de los casos, se trata de personas de recursos limitados, así como también de docentes, enfermeras y trabajadores cuyos salarios sufren descuentos compulsivos por culpa de esta “mega estafa”.

La intención es poder elaborar una base de datos de los afectados, a fin de conocer la magnitud del caso y realizar el seguimiento del proceso penal abierto por el Ministerio Público.