Diario HOY | Solicitan extracción de datos del celular de Jessica Duarte Scappini

La agente fiscal Fátima Villasboa presentó un requerimiento ante el Juzgado Penal de Garantías para solicitar autorización judicial para una extracción de datos.

El pedido puntual atañe al dispositivo perteneciente a Jessica Duarte Scappini, fallecida en octubre del año pasado en su vivienda ubicada en la ciudad de Lambaré.

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El documento señala que este smartphone podría contener datos relevantes para la causa penal por violencia familiar que pesa contra su expareja, Miguel Sánchez Romero.

Este sujeto fue acusado de agredir violentamente a Duarte en inmediaciones de un supermercado capitalino, propinándole golpes de puño en la cabeza y otras partes del cuerpo.

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El celular de la víctima había sido entregado a las autoridades bajo acta y posteriormente lacrado, en el marco de otra causa penal iniciada por un presunto hecho de feminicidio, luego del fallecimiento de la misma.

Cabe señalar que dicha causa finalmente fue desestimada por la fiscal Yrides Ávila, teniendo en cuenta que la posterior autopsia determinó que la causa de muerte de la mujer fue una “púrpura trombocitopénica fulminante”.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 294 de la Ley 1160/97, Código Penal Paraguayo”, referente a la liberación de presos.

El proyecto establece tres modificaciones principales: Por un lado, mantiene la pena base de hasta tres años o multa para quien libere, induzca o apoye la fuga de un interno.

Por otro lado, aumenta la pena para funcionarios públicos o personal penitenciario obligados a evitar evasiones, elevándose de “hasta siete años” (como contempla la ley actual) a un rango de “cuatro a diez años” de privación de libertad.

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Introduce además, un nuevo agravante para casos de “fuga masiva”, estableciendo una pena de entre 5 y 15 años cuando se libere a más de un interno.

Tras su ingreso al circuito legislativo, se dispuso que el proyecto sea remitido, para su estudio y consideración, a las comisiones de Asuntos Constitucionales; Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; y a la de Reestructuración y Modernización del Estado.

“El problema que tiene la señora Natalia Zuccolillo, dueña de ABC Color y del Banco Atlas, es que su banco tiene una relación comercial de 20 años con itti y esta empresa descubrió y denunció que hicieron una manipulación ilegal del software, por lo que tienen que pagar penalidades que llegan a los 70 millones de dólares”, expresó el presidente Santiago Peña.

El mandatario hizo alusión al pleito judicial entre el Banco Atlas del Grupo Zuccolillo con la empresa itti, proveedora de su core bancario, a raíz del reclamo que hizo esta tras detectar graves incumplimientos por parte del ente bancario en el uso del software, propiedad de la firma tecnológica.

“El problema es que Natalia Zuccolillo no quiere pagar lo que debe. Es un problema de derecho de propiedad intelectual a lo que de forma coloquial lo llamamos piratería”, expresó el presidente Peña.

Asimismo, el mandatario indicó que el Grupo Zuccolillo no debe confundir la libertad de prensa con hechos relacionados a la extorsión o persecución.

“A mí no me van a callar, me van a encontrar siempre de frente, hablando con la verdad. Voy a dar siempre explicaciones, no a Natalia Zuccollillo, sino al pueblo paraguayo”, enfatizó.

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en la Cámara de Senadores, convocada por el senador Rafael Filizzola y otros de sus colegas.

Dicha convocatoria tuvo como principales protagonistas a las víctimas del esquema de estafa conocido como “la mafia de los pagarés”.

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Varias personas que se vieron afectadas por esta rosca integrada por jueces de paz, funcionarios judiciales y abogados, además de empresas privadas, dieron sus desgarradores testimonios en el Congreso.

Una variedad de relatos y experiencias pudieron ser escuchadas en esta audiencia legislativa, coincidiendo en un aspecto en común: todas las víctimas perdieron importantes sumas de dinero y hasta hoy día siguen pagando las consecuencias.

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En la mayoría de los casos, se trata de personas de recursos limitados, así como también de docentes, enfermeras y trabajadores cuyos salarios sufren descuentos compulsivos por culpa de esta “mega estafa”.

La intención es poder elaborar una base de datos de los afectados, a fin de conocer la magnitud del caso y realizar el seguimiento del proceso penal abierto por el Ministerio Público.