Diario HOY | Suspensión de transbordo de combustible tendrá sobrecosto muy grande, advierten

El kilómetro 171 del río Paraná Guazú, zona conocida como Lote Hidrovía Sur, un área en la que, hace más de tres décadas los buses marítimos hacen sus cargas y descargas,es la afectada por la suspensión de transbordo de combustible, según comunicó a Dirección General de Aduanas (DGA) de Argentina.

“Se va a tardar más porque se va a usar un solo lado, y eso es un costo, aproximadamente 2 dólares por m3. Amén de eso, la capacidad es limitada, y van a tener que esperar mucho. Vamos a tener un sobrecosto muy grande”, explicó el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, Julio César Vera, en una entrevista con el canal Gen.

Señaló que Argentina argumenta que tiene atribuciones para controlar los ingresos y egresos de mercaderías, sin embargo, consideró que, en todo caso, la Prefectura Naval es la que tendría que agraviarse.

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La autoridad argentina informó de esta medida el 26 de junio y anunció la aplicación en un plazo de 30 días, es decir, regirá desde el 26 de julio, fecha desde la cual se suspenden las actividades.

La prohibición no solamente afecta a Paraguay, detalló Vera, sino también a todos los países aguas arriba, es decir, Brasil y Bolivia en sus movimientos de importación y exportación.

Para el presidente de la ANNP, esto amerita una reunión en el órgano político del Comité de Santa Cruz de la Sierra.

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QUÉ SE HIZO

Según la Cancillería Nacional, durante la Cumbre del Mercosur, los ministros de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; de Industria y Comercio, Javier Giménez; y de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, dialogaron con el ministro de Economía de Argentina, Luis Andrés Caputo, y la secretaria de Energía, María Tettamanti, aunque no dieron a conocer los resultados al respecto.

La fiscal Yeimy Adle, en entrevista con GEN, detalló cómo el seguimiento del flujo financiero permitió llegar hasta los 11 imputados, entre ellos el extitular del ente, Pastor Soria, y el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas.

La investigación fiscal reveló una mecánica que involucraba tanto a funcionarios como a operadores externos. Se trataba de una red de extorsión que operaba desde oficinas del Estado y exigía pagos irregulares a cambio de agilizar certificados de Acreditación Fitosanitaria de Importación (AFIDI), imprescindibles para el ingreso legal de frutas y hortalizas al país.

Todo comenzó con la denuncia presentada el 4 de marzo del 2024 por Karen Leticia Leguizamón, presidenta de ASICOPACE, gremio de importadores del Mercado de Abasto. Alegó que funcionarios del SENAVE exigían hasta G. 10 millones por la emisión de cada AFIDI, cuyo costo oficial es de apenas G. 17.715.

Los importadores, con mercaderías sensibles como cebolla, papa o tomate esperando en frontera bajo riesgo de pudrición, terminaban pagando bajo presión para evitar millonarias pérdidas.

Según explicó la fiscal Adle, los importadores recibían llamadas y visitas de intermediarios, quienes conocían a detalle los trámites de los importadores consignados en la Ventanilla Única de Importación (VUI). Ofrecían “agilizar” las AFIDI a cambio de coimas que oscilaban entre G. 5 y 25 millones.

La investigación determinó que seis de los 11 imputados eran funcionarios del SENAVE, y cinco actuaban desde fuera de la institución. Algunos de estos terceros, como Ramona Arce Ramírez, recibían dinero en efectivo; otros, como Plinio Gamarra Morel, canalizaban el dinero mediante transferencias bancarias.

EL RASTRO DEL DINERO

La clave para llegar hasta la cabeza del esquema fue el seguimiento financiero. Según la fiscal, parte del dinero transferido por importadores fue rastreado hasta cuentas a nombre del entonces presidente de SENAVE, Pastor Soria, tanto en el Banco Nacional de Fomento como en una firma vinculada a su familia, SOMEL S.R.L.

“El dinero transferido por importadores pasaba por la cuenta de Plinio Gamarra y luego llegaba a cuentas del señor Pastor Soria”, explicó la fiscal Adle. “Ese circuito es el que permitió sostener la imputación por lavado de dinero”, subrayó.

La lista de imputados incluye a Pastor Emilio Soria Melo, Miguel Ángel Báez Soria, Martín Luis María Lezcano Villalba, Herminio David Batte Martínez, Juan José Lezcano Del Puerto, Sergio Rodríguez Escobar, además de los externos Roberto Cárdenas Ramírez, Víctor Leiva Cardozo, Ramona Arce Ramírez, Plinio Gamarra Morel y Eladio Figueredo.

Los delitos atribuidos son: cohecho pasivo agravado, extorsión, asociación criminal y lavado de dinero. Las medidas cautelares solicitadas incluyen prohibición de salir del país, de acercarse al SENAVE o al Mercado de Abasto, y de comunicarse con las víctimas, además de una caución real.

No se descarta que nuevos nombres surjan a medida que avance la investigación. “Si detectamos la participación de más personas, se ampliará la causa”, indicó.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado 4, Karen Leguizamón, del gremio de importadores frutihortícolas, habló acerca de la cantidad de notificaciones que están recibiendo desde la Municipalidad, en medio de la crisis por los pedidos de coima.

“Para pedirnos coimas, notificarnos y multarnos se acuerdan del mercadero, nos piden licencia comercial, que tiene como requisito tener plano aprobado, y eso es algo que la municipalidad tiene, no nosotros”, explicó Leguizamón, en una entrevista con Gen.

Denunció que la infraestructura es deplorable en el Abasto y que necesitan reactivar las fuentes de trabajo, pero que las autoridades se dedican a cobrar coima a cambio del certificado fitosanitario.

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“10 millones es lo mínimo que solicitaban, como gremio siempre aportamos a la producción nacional, después hablan de que los sobrecostos son por los intermediarios”, lamentó.

De momento no pudieron conversar con el interventor Carlos Pereira, quien está a cargo de la administración.

La Fiscalía formuló imputación contra el titular del Senave, Pastor Soria y otras 16 personas por cohecho pasivo. Posteriormente, el funcionario fue destituido del cargo.

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Las tareas se centraron en localidades como Cadete Boquerón y Trabuco, donde se ejecutaron ingresos terrestres y aéreos para anular infraestructura y logística del narcotráfico. Las acciones cuentan con el acompañamiento de la fiscal Rossana Coronel.

Durante el operativo fueron erradicadas 208 hectáreas de cultivos de marihuana, lo que equivale a unos 624.000 kilogramos de droga en etapa de crecimiento. Además, se procedió a la destrucción de 69 campamentos narcos y la incineración de más de 24.000 kilogramos de marihuana ya procesada (picada y prensada).

Según estimaciones, la droga eliminada tendría un valor superior a 19 millones de dólares en Paraguay. Sin embargo, el lucro cesante para las estructuras criminales supera los 97 millones de dólares, considerando su valor final en el Brasil.

La serie de operaciones “Nueva Alianza” representa una estrategia conjunta y sostenida entre Paraguay y Brasil para debilitar el narcotráfico en sus bases de producción. A nivel global, no existe una iniciativa operativa de estas características que logre neutralizar tanto volumen de droga en tan corto tiempo.

Finalizada la intervención en Amambay, el equipo operativo fue desplegado en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, Departamento de Canindeyú, donde continuarán las incursiones en áreas protegidas que están siendo utilizadas por el crimen organizado para la instalación de cultivos ilícitos.