Diario HOY | Tía Chela: causa contra Prieto podrá retomarse tras un año de chicana

En entrevista con Universo 970/Nación Media, el fiscal Silvio Corbeta explicó que la investigación estuvo prácticamente paralizada por una serie de “chicanas sistemáticas” que incluyeron recusaciones, apelaciones cruzadas y acciones de inconstitucionalidad.

“Lo primero que se hizo fue evitar la aplicación de medidas cautelares. Cuando acusamos en julio del 2024, inmediatamente presentaron acciones inconstitucionales y múltiples recusaciones, con el único fin de dilatar. Eso responde a una industria de la chicanería que hoy la Corte ya considera como mala fe procesal”, afirmó.

El representante del Ministerio Público señaló que la defensa intentó reiteradamente llevar el caso fuera de la competencia natural de los juzgados especializados en delitos económicos, buscando que el proceso sea radicado en Ciudad del Este.

La causa, conocida como “Tía Chela”, involucra a 12 procesados y se centra en presuntas irregularidades en licitaciones. Según Corbeta, los dictámenes de la Contraloría General y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), además de informes de la DNIT, evidencian inconsistencias en facturas y posible perjuicio patrimonial.

El fiscal remarcó que no se trata de un proceso con sesgo político. “Se ha querido instalar la idea de persecución judicial, pero los documentos que sustentan la acusación provienen de administraciones anteriores, incluso antes de que yo interviniera en la causa”.

Tras la resolución de la Corte, el expediente queda habilitado para continuar con la audiencia preliminar, paso clave antes de que el caso vaya a juicio oral.

EL CASO

En marzo del 2020, mes de inicio de la pandemia en Paraguay, el intendente esteño, Miguel Prieto, llamó a una licitación por la vía de la excepción para la compra de 25.000 kits de alimentos por un valor de G. 1.770 millones de guaraníes.

La adjudicación fue para la dudosa empresa Tía Chela SRL, que, pese a no contar con la infraestructura ni la experiencia ni la capacidad de producción para ofertar alimentos por 3.000 millones de guaraníes, fue la elegida.

Prieto realizó dos desembolsos, el primero, en marzo por G. 1.770 millones por 15.000 kits. El segundo, en abril, por 10.000 kits. Sin embargo, según consigna la investigación fiscal, esos 25.000 kits no fueron entregados.

Los funcionarios de Prieto habrían simulado, según la Fiscalía, las operaciones ficticias al fungir de subproveedora de la empresa Tía Chela y emitir facturas por cerca de 700 millones de guaraníes para justificar compras que no fueron realizadas.

De acuerdo con la acusación, el esquema fraudulento implicaba a Vanemi SA y otros cuatro subproveedores también ficticios, mediante la emisión de facturas falsas.

La decisión fue adoptada por el juez de Garantías Mirko Valinotti, quien admitió la acusación fiscal.

Este será el segundo proceso judicial en el que Durand Espínola afrontará juicio oral en causas relacionadas con su empresa Mocipar, investigada por presuntamente integrar un esquema de estafa contra sus clientes. En esta ocasión, la acusación se sustenta en una denuncia por G. 11.660.000.

La fiscal Sánchez señaló: “tenemos informe de Conajzar de que Mocipar no tenía permiso para realizar juegos de azar”. Agregó que “no porque exista un contrato deja de configurarse el engaño; la formulación del mismo constituye una declaración falsa, y eso es lo que pretendemos probar en juicio oral”.

Según la acusación, la víctima abonó a Mocipar Propiedades S.A., entre julio de 2011 y octubre de 2018, la suma de G. 11.660.000, sin recibir ninguno de los bienes muebles o inmuebles prometidos en el programa “Departamento Fácil”.

Las personas que tienen 72 años que reúnen los requisitos socioeconómicos para recibir la pensión universal ingresaron hoy al programa Adultos Mayores. Los confirmados son 6.118, todos de esa edad. Para saber si figuran entre los seleccionados, pueden ingresar a la web del MDS, completar el número de cédula en el espacio en blanco y ya sabrán si accedieron o no.

Los más de 6.100 beneficiarios podrán cobrar este viernes en ventanilla del Banco Nacional de Fomento, hasta tanto reciban sus tarjetas de débito para poder acudir a cualquier cajero automático que les quede mejor.

Si bien la pensión universal está prevista en la ley a partir de los 65 años de edad, con la nueva legislación vigente desde diciembre pasado, las incorporaciones se realizan de mayor a menor.

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En febrero de este año, 9.100 personas de 79 y 78 años fueron incluidas. En marzo incorporaron a 11.378 adultos de hasta 77 años de edad, en abril a 7.228 de 76 años y en mayo a 7.467 personas de 75 años de edad.

En junio entraron 6.839 de 74 años, en julio incluyeron a 7.000 personas de 73 años y ahora en agosto a 6.118 de 72 años. Con ellos, el total llega a 353.118.

La asignación mensual es del 25 % del salario mínimo, que, con el reajuste realizado en julio es de 724.762 guaraníes, monto que hasta junio era de G. 699.577.

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En entrevista con el canal GEN, Samaniego explicó que la autorización inicial corresponde al Departamento de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que analiza la demanda del mercado y define qué productos y cantidades se habilitan para el ingreso.

“Nosotros somos el último cheque de la cadena. En frontera lo que hacemos es cerciorarnos de que la calidad del producto esté acorde y que cumpla con los requisitos fitosanitarios para su posterior ingreso”, afirmó.

El director señaló que se trabaja en la actualización del sistema de control, tomando como referencia el modelo chileno, que permitiría que el proceso de otorgamiento del AFIDI (Autorización Fitosanitaria de Importación) sea prácticamente automático, aunque siempre con controles presenciales en los 25 puntos de ingreso al país.

Asimismo, mencionó que se está llevando adelante una purificación de la lista de importadores y depósitos habilitados, con el fin de transparentar quiénes están autorizados a operar en el sector.

En cuanto a productos sensibles como el tomate, Samaniego aseguró que actualmente no existe un pedido de importación habilitado, y que cualquier ingreso se comunica con antelación a los importadores para evitar distorsiones en el mercado.

El titular del Senave remarcó que la institución no rechaza productos en frontera de manera arbitraria, ya que estos ya pasaron por procesos previos de autorización. Su rol se limita al control visual y la toma de muestras para verificar la calidad.

Adelantó que se está trabajando en conjunto con el MAG y otras instituciones en nuevas reglas para sincerar el sistema de importaciones, buscando dar mayor transparencia y previsibilidad a los productores e importadores.