Diario HOY | Trago, descontrol y un misterio: amanece sin testículos y sin recordar nada

Un extraño y alarmante caso sacudió la ciudad de Ñemby, luego de que un hombre de 59 años fuera hospitalizado con una grave lesión en sus partes íntimas.

Se trata de Patricio Ramón Bogado, quien fue trasladado el pasado 19 de marzo al Hospital del Trauma de Asunción. En un principio, Bogado le comentó a su inquilina que solo se había cortado la pierna, sin dar mayores detalles. No obstante, al llegar al hospital, los médicos confirmaron que perdió los testículos.

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De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría estado consumiendo bebidas alcohólicas en su vivienda, ubicada en el barrio Rincón de dicha ciudad, hasta quedarse dormido. Horas después, despertó en medio de una hemorragia severa, sin poder recordar cómo ocurrió la lesión.

El caso se hizo público luego de que el centro asistencial notificara a la Comisaría 55 de Ñemby, lo que llevó a la intervención de la Fiscalía. En tal sentido, la fiscal Gladys González tomó el caso y ordenó un allanamiento en la vivienda de la víctima el 22 de marzo, con el fin de recabar evidencias que permitan esclarecer lo sucedido.

Durante el procedimiento, personal del Ministerio Público y agentes de Criminalística encontraron rastros de sangre en distintos sectores de la casa, incluyendo la cocina, el dormitorio y el baño. Sin embargo, no se halló ningún objeto o arma que pudo haber sido utilizada para causar la mutilación.

Lo que genera aún más incertidumbre a este hecho es que Bogado insiste en que no recuerda nada de lo ocurrido y desconoce quién pudo haberlo atacado.

No obstante, la Policía y la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis y sigue investigando si se trató de un accidente, una autolesión o una agresión.

Mientras tanto, el estado de salud de la víctima sigue siendo reservado, a la par, las autoridades trabajan para esclarecer el hecho.

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El ministro de Defensa, Óscar González, confirmó que la Justicia Militar se constituyó este lunes en la sede de la COMISOE ante supuestos hechos de agresión que se registran en ese lugar.

Según manifestó, aparentemente existen malas prácticas por parte de los uniformados con rango superior que aplican castigos a los aspirantes.

“Se trata de agresión física el típico y funesto castigo corporal, castigos prohibidos que no se deben aplicar”, expresó González en conversación con la radio 1020 AM.

El ministro fue tajante y expresó que no solo castigarán a los que cometieron estos hechos, sino a quienes no intervinieron.

“Se busca aclarar todo y sancionar a los responsables de este hecho y a los que deberían de haber controlado todo esto”, agregó.

El pasado sábado, cerca de las 13:00 horas, unos trabajadores, conocidos como ‘gancheros’, encontraron una granada de mano, de origen argentino, en el vertedero municipal de Encarnación. Tras el hallazgo, los mismos dieron aviso a la comisaría más cercana.

En ese contexto, el personal de la Comisaría 37° San Antonio Ypekuru acudió al sitio y, tras evaluar la situación, solicitó la intervención del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Los agentes, bajo la supervisión del Oficial Inspector Javier Noguera, confirmaron que se trataba de una granada antigua con el sistema de disparo intacto y el anillo de seguridad en su lugar, lo que indicaba que no estaba activada.

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Siguiendo los protocolos de seguridad, el artefacto fue retirado y trasladado a la base del GEO para su resguardo. Asimismo, se notificó al Ministerio Público, que ya dio inicio a las investigaciones pertinentes para determinar la procedencia del artefacto.

Hasta el momento las autoridades no lograron esclarecer cómo llegó la granada al vertedero, por lo que instan a a reportar cualquier hallazgo sospechoso a la Policía Nacional.

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Según la magistrada, la investigación se centró en tres aspectos: la aeronave en sí, la tripulación y la carga transportada por la empresa paraguaya Tabacalera del Este S.A. (Tabesa). “Se verificó que la empresa Emtrasur, responsable del avión, es una división logística de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, especializada en transporte de carga”, explicó en entrevista con la radio Universo 970 AM.

La jueza detalló que Emtrasur contrató a una firma paraguaya con sede en Ciudad del Este para gestionar trámites documentales en el aeropuerto y a otra firma para trasladar a la tripulación. “Todas estas empresas demostraron documentalmente su responsabilidad en la operación, sin relación con actividades ilícitas”, precisó.

Los informes del entonces titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y de la Subdirección de Seguridad de la Aviación Civil indicaron que el vuelo estaba autorizado desde principios de mayo de 2022 y que no existían alertas sobre posibles vínculos con el terrorismo.

Además, se recibieron documentos de Argentina y Aruba, verificándose que la empresa destinataria de la carga en Aruba estaba legalmente registrada y habilitada para el rubro.

En nuestro país, el Ministerio Público inició la causa bajo la figura de asociación terrorista, pero al no hallar pruebas que sustentaran la acusación, solicitó la desestimación del caso, de acuerdo con la jueza Sánchez. La magistrada resaltó además que el denunciante, el exministro Anticorrupción René Fernández (del Gobierno de Mario Abdo Benítez), no es considerado víctima según la ley, lo que limitaría la posibilidad de recurrir la decisión.

Asimismo, recordó que informes de la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (Seprinte), así como de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), no encontraron indicios de irregularidades.

“La conclusión en Paraguay coincide con la de otros países que también investigaron el caso. Se ha realizado un trabajo exhaustivo y se ha demostrado que no hubo financiamiento de actividades terroristas”, remarcó la jueza.

De acuerdo con los antecedentes, el avión iraní tuvo su paso por Paraguay del 13 al 16 de mayo del 2022, pero recién un mes después se conoció el caso y desde el gobierno el mismo presidente Mario Abdo Benítez fue el que instaló que la carga que trajo la aeronave era ilegal y los tripulantes tendrían nexos con terroristas, incluso a través de instituciones del gobierno y la prensa “amiga” se trató de crear un caso judicial.