Diario HOY | Tras imputación a directivos de Atlas, Conmebol resalta que nadie está por encima de la ley

“El Ministerio Público confirma que la denuncia de Conmebol siempre fue seria, siempre fue responsable”, sostuvo Claudio Lovera. En entrevista con el canal Gen refirió que el proceso se originó tras años de investigaciones y que no responde a motivaciones externas o políticas.

Según explicó, la primera denuncia fue presentada por la Conmebol en el año 2017, a partir de una auditoría forense que reveló maniobras financieras irregulares realizadas por el entonces presidente de la entidad, Nicolás Leoz, en perjuicio del patrimonio institucional. Posteriormente, en febrero de 2021, se presentó una segunda denuncia al detectarse operaciones sospechosas realizadas en el Banco Atlas, con recursos pertenecientes a Leoz.

Depósitos millonarios sin justificación

De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en 2013 varios depósitos en efectivo por un total de USD 5.100.000 y G. 16.000 millones, además de suscribir contratos de fideicomiso por USD 2 millones y G. 22.000 millones, todo ello sin que el Banco Atlas solicitara la documentación de respaldo.

“El banco no hizo ningún control de debida diligencia respecto a esos recursos y, de acuerdo con la Fiscalía, permitió que el expresidente de Conmebol continuara disfrutando de fondos de origen ilícito”, señaló Lovera.

El abogado recordó que Leoz fue acusado en mayo de 2015 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por varios hechos punibles, incluido el lavado de activos, y que, pese a ello, Atlas introdujo documentos falsos y declaraciones impositivas de años anteriores para justificar sus operaciones.

“En los registros del banco se agregaron impresiones de declaraciones de Leoz del año 2013, pero impresas uno o dos días después de que fue acusado por EE.UU., lo que evidencia una maniobra para dar apariencia de legalidad a fondos sin origen declarado”, explicó.

Maniobras para blindar fondos

Según Lovera, entre febrero de 2016 y febrero de 2017, se firmaron y modificaron los contratos de fideicomiso que blindaban los certificados de depósito de ahorro a nombre de Leoz. Dichos contratos le permitían utilizar parte del dinero para gastos de salud en el exterior y pago de abogados, incluso mientras estaba sometido a un pedido de extradición.

“Eso traducido quiere decir que Leoz planeaba pagar su salud y su defensa con dinero irregular. El propio banco sabía que estaba imputado por lavado y, aun así, le permitió seguir usando esos fondos”, dijo el abogado.

Lovera afirmó que la Fiscalía fue contundente al señalar que el directorio del Banco Atlas incurrió en conductas propias de lavado de activos, al aprobar y ejecutar los contratos sabiendo que los montos provenían de hechos punibles.

Sin motivaciones políticas

Consultado sobre las publicaciones de ABC Color que afirman que la causa fue “reflotada” por una supuesta represalia contra el grupo Zuccolillo, el abogado negó esa posibilidad. “No existe ninguna finalidad política o mediática. La denuncia fue presentada en 2021 y desde entonces Conmebol colaboró permanentemente con el Ministerio Público”, dijo.

Aclaró que esta imputación constituye el primer pronunciamiento de fondo del Ministerio Público en una causa vinculada al caso Leoz, y que Conmebol lleva años insistiendo en que la Justicia paraguaya se pronuncie sobre el fondo de las denuncias.

“Lo peor que puede ocurrir es que los casos se resuelvan en silencio por el transcurso del tiempo. La Conmebol seguirá impulsando las acciones hasta recuperar lo que le corresponde”, enfatizó.

Fallas de la Superintendencia y responsabilidad del banco

Lovera también cuestionó la supervisión deficiente de la Superintendencia de Bancos, que según la imputación no verificó la trazabilidad de los fondos utilizados por Leoz.

“La Superintendencia confió ciegamente en un formulario interno del Banco Atlas, donde se fijaba el supuesto límite operativo de Leoz. Pero el propio banco reconoció después que ese documento, fechado en 2013, fue elaborado recién en 2015, lo que invalida toda la justificación”, detalló.

Asimismo, recordó que el Banco Atlas mintió al Ministerio Público y a la Superintendencia al sostener que los certificados en dólares provenían de depósitos regulares, cuando en realidad fueron constituidos en efectivo en menos de un mes, según el propio oficial de cumplimiento del banco.

“Una persona que nunca operó en dólares, de repente deposita más de USD 5 millones en tres meses, y el banco ni siquiera pregunta. Eso desnuda una total falta de controles”, criticó.

Cómo avanzará el caso

El Ministerio Público imputó al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, esposo de Natalia Zuccolillo, y a otras ocho personas, por lavado de dinero. Entre los procesados figuran Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, José Miguel Páez Corvalán, María Clemencia Pérez de Leoz, María Celeste Leoz de Ribeiro y Nora Cecilia de Cardozo. Estos se exponen a 5 años de cárcel, y con los agravantes puede llegar a 10 años.

La Fiscalía solicitó seis meses de plazo para el requerimiento conclusivo y medidas alternativas a la prisión. El caso quedó a cargo del juez Rodrigo Estigarribia.

Lovera subrayó que la causa no está prescrita, ya que el Ministerio Público realizó diligencias como allanamientos y pedidos de cooperación internacional que interrumpen los plazos legales.

“Quien habla de prescripción está reconociendo que el hecho existió. La investigación sigue y Conmebol continuará reclamando la recuperación de sus fondos”, afirmó.

En otro momento, destacó que la Confederación ya recuperó más de USD 130 millones a través de distintos procesos judiciales.

“Esta no es una cruzada individual, es una decisión de las diez asociaciones que integran Conmebol, que instruyeron impulsar las causas y recuperar lo que se robó al fútbol sudamericano”, dejó en claro.

El vehículo fue hallado alrededor de las 6:20 de la mañana en un sojal de la colonia Nueva Conquista, distrito de Itakyry, en la zona limítrofe entre Alto Paraná, Caaguazú y Canindeyú.

El comisario Mario Pérez, jefe de Prevención del departamento de Canindeyú, confirmó al canal GEN que los delincuentes abandonaron la camioneta y escaparon hacia la estancia Pindó, propiedad invadida hace más de 12 años y utilizada actualmente como asentamiento denominado “Primero de Marzo”.

“Presumimos que parte del grupo ingresó a esa zona tras abandonar el vehículo. Se reforzaron los accesos principales hacia Naranjito, Santo Domingo e Ybyrarovaná”, informó el jefe policial.

La camioneta ahora incinerada, una Ford Ranger blanca, fue reportada como robada el 28 de agosto de 2025 en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina, y habría sido empleada para bloquear la ruta PY03 durante el atraco. La Policía realiza el levantamiento de evidencias en el sitio, mientras personal de Investigaciones, Automotores y la Fiscalía coordinan el trabajo en el área.

“Esta zona es muy extensa y con múltiples accesos entre los tres departamentos, lo que facilita la huida. Se está trabajando con refuerzos de la FOPE, Orden Público y unidades especiales venidas desde Asunción”, precisó.

Más de 15 hombres fuertemente armados participaron del asalto al banco, ocurrido en la madrugada del jueves. El grupo utilizó explosivos de alto poder y drones para monitorear la zona, según las investigaciones preliminares.

Durante la persecución inicial, los asaltantes ya habían abandonado otra camioneta Toyota Hilux negra en Nueva Esperanza, con el motor encendido y las luces activadas, tras un enfrentamiento armado con agentes policiales.

Cinco patrulleras quedaron inutilizadas debido a los clavos “miguelito” esparcidos por los delincuentes para evitar la persecución.

El operativo de búsqueda continúa con un fuerte dispositivo en la zona, ante amenazas de nuevos ataques y la posibilidad de que parte del grupo comando siga oculto en el monte o dentro del asentamiento invadido.

Las imágenes captadas por una cámara de la cuadra revelan que un hombre de camisa celeste y pantalón oscuro hace la para a la Línea 38, cuyo chofer va aminorando la velocidad hasta detenerse totalmente.

Apenas un segundo después, el 15-4, que parecía estar intentando adelantarse por la izquierda, finalmente no terminó de salir del carril y chocó contra la parte trasera del ómnibus.

El percance dejó como saldo al menos 16 heridos. Algunos presentaban golpes en la cabeza, miembros inferiores, superiores, posible dislocación de la muñeca y presión alta por el susto. Un grupo fue trasladado al Hospital del Trauma y otro al IPS, informaron los bomberos.

Según el último reporte del IPS, la distribución fue la siguiente:

En Ingavi atendieron a cinco pacientes, todos estables.

En el IPS Central recibieron a 3 pacientes, de los cuales, uno se encuentra en el área de cirugía, los demás, estables.

En IPS San Antonio: dos pacientes, ambos dados de alta.

El director de Catastro, Aarón Martínez, informó al canal GEN que el operativo arrancó hace dos semanas con trabajos de limpieza, fumigación y control sanitario en cooperación con Senepa y la Dirección General de Gestión de Riesgos.

“Nos preparamos para recibir a la ciudadanía el sábado y el domingo en los tres cementerios. Se reforzó la seguridad desde la medianoche del jueves por la festividad de Halloween, con apoyo de las comisarías cercanas”, indicó el funcionario.

El objetivo es evitar la realización de rituales y actos vandálicos que suelen registrarse en los días previos a las conmemoraciones. “Buscamos prevenir robos y rituales porque entendemos que estos lugares deben ser respetados. Todos los años encontramos restos de estos actos en los pasillos, sobre todo en horarios de madrugada”, señaló.

El operativo incluye además presencia permanente de la Dirección de Seguridad Municipal, patrullajes conjuntos con la Policía Nacional y asistencia médica para los visitantes durante el fin de semana.

El horario de ingreso será de 07:00 a 17:00 tanto el sábado como el domingo.

La comuna también distribuye volantes informativos recordando que la limpieza y mantenimiento de los panteones son responsabilidad de los usufructuarios, mientras que el municipio se encarga de los pasillos y áreas comunes.

Por otro lado, Martínez adelantó que se trabaja con la ANDE para mejorar la iluminación y ampliar la cobertura de cámaras de seguridad en los cementerios municipales. “Queremos fortalecer el convenio con la ANDE para iluminar la mayor cantidad de sectores posibles y aumentar el número de cámaras, sobre todo en la Recoleta”, dijo.