Diario HOY | Tratan proyectos para tres nuevos feriados y potestad de decretar otros 3 por año

En la sesión ordinaria convocada para las 9:00 de la mañana, en los puntos 12 y 12.1, la Cámara de Senadores incluye en el orden del día dos proyectos relacionados a la creación de feriados.

El primero, remitido por el Poder Ejecutivo, que introduce el 20 de junio como nuevo feriado por el Día de la Jura de la Constitución. Esta fecha tendrá la posibilidad de ser feriado móvil.

Además, esta misma propuesta faculta al Ejecutivo a fijar anualmente, por decreto, hasta tres feriados adicionales, con el fin de promover la actividad turística y económica.

Posteriormente tratarán el proyecto de ley presentado por José Oviedo, que establece como feriados nacionales el 22 de septiembre, día de la Batalla de Curupayty y el 12 de octubre, día de la Proclamación de la República del Paraguay.

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En la exposición de motivos, se menciona que en una batalla épica, el 22 de septiembre de 1866, Paraguay logró vencer en Curupayty, evitando el avance de la Triple Alianza por un prolongado tiempo de casi un año. Esta batalla pudo haber puesto fin a la guerra, pero el Tratado Secreto firmado en Puntas del Rosario, Uruguay, el 18 de junio de 1864 con la presencia del cónsul británico Edward Thornton y los intereses financieros, armamentísticos, de saqueo, desmembramiento y destrucción del mal ejemplo de desarrollo autónomo de Paraguay impuesto por este tratado, impidieron todo acuerdo de paz.

En cuanto al 12 de octubre, se expone un párrafo del libro “PARAGUAY 1813: LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA”, que dice: «Sin que existiera una explícita declaración de la independencia, el 12 de octubre de 1813 se proclamó la República del Paraguay. No obstante su relevancia, este acontecimiento no cuenta aún con el caudal historiográfico destinado a otros casos “.

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El legislador colorado y otros parlamentarios viajaron a China Popular y regresaron convencidos de que debemos tener relaciones diplomáticas con ellos, idealmente, sin romper con Taiwán.

“China es un mercado importante y podría ser un aliado estratégico para nuestro país. En relación a lo que Paraguay le brinda de reconocimiento a Taiwán es muy poco lo que le da al país”, opinó Meza, en una entrevista con radio Universo 970 AM- Nación Media.

Señaló que sus afirmaciones realizadas a título personal, simplemente pretenden abrir un debate respetuoso para analizar las alternativas que tenemos como país sobre el capital extranjero.

Mencionó que 186 países del mundo reconocen a China y apenas 12 están con Taiwán, entre ellos, Paraguay. “Creo que hay demasiados factores para pensar que, sin que peleemos con Taiwán, abrirnos a China”, afirmó.

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Consultado acerca de cómo podría lograrse eso, a sabiendas de que, tanto China como Taiwán condicionan sus relacionamientos (no se puede apoyar a ambos), no supo dar una respuesta muy certera.

“Me tocó hablar con la Cancillería Nacional, el vice de la Asamblea Popular, que es como el vicepresidente de ese país y le dije, tenemos que buscar un término medio, un puente con ese mercado enorme”, concluyó.

El monumento será financiado con recursos provenientes de un crédito externo y se enmarca en un paquete de obras e inversiones impulsadas por el Legislativo, que también contempla refacciones edilicias y compra de equipos de transporte. Según los documentos oficiales, una parte de los G. 1.750 millones asignados a “otras inversiones” se destinará específicamente a la construcción del obelisco.

La obra rendirá tributo a los combatientes de la Guerra del Chaco (1932-1935), y tendrá un valor simbólico y patrimonial. Se prevé que sea erigida en un sitio emblemático y con relevancia pública.

La decisión forma parte de una política de rescate de la memoria histórica nacional desde el Parlamento, y se da en el contexto de los 90 años de la finalización del conflicto chaqueño, conmemorados este 2025.

El Decreto autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a modificar la estimación de ingresos y ampliar los créditos del plan financiero vigente del Congreso. De los G. 4.280 millones, G. 650 millones serán destinados a la adquisición de vehículos, G. 1.880 millones a la refacción del Centro Cultural El Cabildo, y el resto a nuevas obras, como el obelisco.

La propuesta apunta a endurecer las penas en casos de homicidio agravado, violaciones y otros delitos graves que conmocionan a la ciudadanía.

“Vamos a pedir prisión permanente con revisión para aquellos monstruos que maten a periodistas, uniformados, a nuestras mujeres o que asesinen durante un hurto agravado. No perderán su derecho a la revisión, porque la Constitución y la Corte Interamericana lo garantizan. Lo que proponemos es una pena con posibilidad de revisión, como ya lo hacen países de la región”, afirmó el legislador durante su intervención pública.

La iniciativa plantea la modificación del Artículo 38 del Código Penal, que regula la duración de las penas privativas de libertad, elevando el máximo a 90 años e incorporando la figura de la “prisión permanente revisable”. Según explicó Rubin, esta figura permitiría que los condenados accedan a una revisión judicial una vez cumplidos dos tercios de su condena, aunque esta sea de 50, 70 o 90 años.

“Esto no es cadena perpetua. Es una condena de largo plazo con derecho a revisión, en cumplimiento del artículo 20 de nuestra Constitución, que habla del derecho a la reinserción social”, agregó.

El proyecto está dirigido exclusivamente a personas mayores de edad y se aplicará solo en casos de delitos especialmente graves, como homicidios dolosos, feminicidios, violaciones y crímenes contra agentes del orden. No se aplicará a casos fortuitos o accidentes.

El legislador remarcó que la propuesta no busca venganza, sino justicia. “Algunos creen que un violador o asesino debe volver pronto a las calles. Yo no. Mandarlo 25 o 35 años a prisión no es inhumano, es justicia”, sostuvo.

Rubin subrayó que este tipo de penas ya se encuentran vigentes en países de la región y que Paraguay debe avanzar hacia un sistema penal que responda con mayor severidad a delitos que afectan profundamente a la sociedad.

El proyecto será debatido próximamente en comisiones del Congreso y ya genera diversas reacciones tanto en el ámbito jurídico como político. Mientras algunos sectores lo ven como un paso hacia una mayor protección a las víctimas, otros advierten sobre la necesidad de analizar su compatibilidad con los principios del derecho penal paraguayo.