Diario HOY | TSJE cancela compra de máquinas y anuncia arrendamiento

“El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), informa a la ciudadanía que, ha resuelto cancelar el proceso de Licitación Pública Internacional para la adquisición de Máquinas de Votación Electrónica”, dice el mensaje publicado por el TSJE en sus redes sociales.

La resolución número 759/2025 dispone en su artículo 3° que se inicien los procedimientos para una nueva convocatoria a licitación pública, bajo la modalidad de arrendamiento, para el suministro de máquinas de votación electrónica, a ser utilizadas en las elecciones municipales venideras y sus correspondientes internas partidarias.

“Veo con buenos ojos que se haya cancelado el llamado y que la Justicia baraje otras alternativas, un segundo llamado tal vez o el arrendamiento que le ahorrará una suma significativa al Estado paraguayo, si se compraban las máquinas que podían caer en la obsolescencia, el Estado tenía que desembolsar 100 millones de dólares, el arrendamiento no creo que supere los 25”, opinó el senador liberal, Dionisio Amarilla.

Por su parte, el senador Arnaldo Samaniego, uno de los autores que insta a suspender la compra, expuso uno de los que considera el argumento principal para el rechazo.

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“Terminada la evaluación técnica, pudimos constatar que no se cumplió con el componente de código fuente, que sea de libre acceso. Eso permitirá que, si sucede un inconveniente en un local de votación, el soporte técnico asignado pueda revisar fácilmente cuál es la anormalidad y corregirla. No existe esa garantía”, comentó.

En la misma línea, la senadora Lilian Samaniego aseguró que el código fuente no es de acceso libre con las máquinas que pretendían adquirirse. En tal sentido, leyó parte de las recomendaciones de la comisión especial del Senado, enviadas el 30 de junio.

“Persisten riesgos significativos que deben ser abordados con urgencia, especialmente en torno a la falta de apertura del código fuente, la ausencia de la certificación internacional para garantizar la seguridad del producto y las amenazas derivadas del uso de dispositivos físicos, si estos aspectos no se mitigan, podrían comprometer la legitimidad del sistema”. Estos puntos remitidos en una nota al TSJE, no fueron respondidos por los ministros.

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“Recibimos fotografías de notas en donde algunos maestros entraban con las hojas de respuestas ya completas, gente que sacaba fotos, mandaba a revisar las respuestas y luego recibían de nuevo”, mencionó el ministro Luis Ramírez en entrevista con el canal GEN.

En vista a las múltiples denuncias recibidas, desde el MEC dieron apertura a un sumario administrativo, que acabó derivando en la suspensión temporal de este proceso para formar parte del Banco de Datos de Docentes Elegibles.

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Las irregularidades fueron detectadas en Guairá, Cordillera, San Pedro, Canindeyú y Caaguazú, según indicó. En este último departamento se descubrió que, inclusive, hubo funcionarios que habrían tenido complicidad y que ya fueron separados de sus cargos.

Ramírez resaltó que la investigación busca llegar a los responsables de este aparente fraude y, a partir de allí, “tomar decisiones y definiciones”.

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“Con el resto todavía tenemos que hacer un análisis”, aclaró el titular del MEC, precisando con ello que prosiguen las verificaciones de las demás pruebas escritas rendidas por otros maestros.

Desde la cartera educativa reafirmaron su compromiso de reforzar las exigencias y controles para evitar futuros fraudes. Una de las alternativas es reducir la cantidad de sedes de los exámenes, así como la incorporación de la tecnología.

El pedido se enmarca en lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo n.º 4059/2025 y la Ley n.º 977/1996, considerando que el interventor designado, Carlos Pereira, ya presentó dicho informe, el cual podría contener elementos de relevancia penal.

En paralelo, el Ministerio Público analiza un conjunto de denuncias presentadas por el interventor ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos, a fin de determinar si corresponde la apertura de causas penales.

Entre ellas se mencionan: irregularidades en los procesos de habilitación de comercios, prescripción de más de un centenar de actas de intervención municipal que no fueron comunicadas en tiempo y forma, ofrecimiento y venta de cargos públicos, hecho que ya constituye una causa asignada a una agente fiscal; y presunta alteración de datos en los sistemas informáticos municipales, vinculada a la modificación de metrajes de propiedades con impacto en el cobro de impuestos, derivada a la Unidad de Delitos Informáticos.

Estas diligencias forman parte del seguimiento que realiza el Ministerio Público a los informes derivados del proceso de intervención, con el objetivo de garantizar el control de legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.

El proyecto de ley “Que regula la adopción de personas mayores de edad en Paraguay”, fue presentado por el diputado Carlos Pereira con la finalidad de establecer un marco legal que regule la tenencia de un adulto.

A diferencia del régimen previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, centrado en la adopción de menores, este proyecto busca reconocer vínculos socio afectivos consolidados entre personas adultas, con el fin de otorgarles efectos jurídicos, propios de la filiación, cuando exista un interés legítimo debidamente acreditado.

Según refirió el proyectista, esto responde a una necesidad real y concreta de nuestro tiempo, donde las relaciones familiares ya no se definen exclusivamente por lazos biológicos, sino también por el afecto, la convivencia y el reconocimiento social.

Según el proyecto, podrá solicitar la adopción de una persona mayor de edad quien reúna algunos requisitos como tener al menos 36 años de edad, poseer plena capacidad jurídica, acreditar una diferencia mínima de edad de 18 años con el adoptado y no estar vinculado con el adulto.