Diario HOY | Un soldado abre fuego y hiere a cinco compañeros en base militar de EEUU

Fuente: AFP

La policía recibió una llamada a las 10H56 y detuvo al tirador a las 11H35 (15H35 GMT), informa Fort Stewart, base del ejército de tierra en Georgia, en un mensaje en las redes sociales.

“Cinco soldados fueron alcanzados por disparos”, añade. “Ya no hay peligro activo”, precisa la base.

“Todos están en condición estable y se espera que se recuperen”, según John Lubas, comandante de la 3a división de infantería basada en Fort Stewart.

El general identificó al presunto tirador como el sargento Quornelius Radford, cuyos motivos para disparar se desconocen.

En una alerta anterior, las autoridades de la base militar llamaban a las personas a extremar la prudencia y confinarse dentro del recinto con las puertas y ventanas cerradas.

Fort Stewart alberga aproximadamente a 21.000 soldados y alrededor de 10.000 personas residen allí, según su sitio web.

El presidente Donald Trump calificó el tiroteo de “atrocidad” y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, describió el incidente como una “cobardía”.

Con más armas de fuego en circulación que habitantes, Estados Unidos registra la tasa de mortalidad por arma de fuego más alta de todos los países desarrollados.

En 2024, más de 16.000 personas, sin contar los suicidios, perdieron la vida por armas de fuego, según la oenegé Gun Violence Archive.

El exjefe de Estado (2019-2022) y aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, está confinado desde el lunes a su domicilio, en Brasilia, por violar una prohibición judicial de uso de redes sociales en el marco del juicio que enfrenta por presunta intentona golpista.

Pero sus abogados afirmaron que “no hubo incumplimiento de las medidas cautelares” cuando partidarios del exmandatario compartieron en redes sociales imágenes de una llamada entre él y su hijo mayor, Flavio, que se encontraba en un acto de solidaridad en Rio de Janeiro el domingo.

“Si ni siquiera puede saludar al público, entonces tiene prohibido manifestarse, lo que se traduce en censura”, dijeron en un documento judicial consultado por la AFP.

La defensa insistió en que el líder ultraderechista no tiene prohibido dar entrevistas, y además “no tiene control sobre terceros que puedan difundir contenido sin su participación directa o indirecta”.

Si el magistrado Alexandre de Moraes -a cargo del proceso contra Bolsonaro ante la corte suprema- no reconsidera la orden de prisión domiciliaria, los abogados exigieron que sea llevada a votación presencial por los otros cuatro jueces en el juicio contra el exmandatario, que debe concluir en las próximas semanas.

El excapitán del Ejército, de 70 años, debe permanecer en su residencia el resto del juicio en el Supremo Tribunal Federal, donde es acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Investigado por una presunta obstrucción de ese proceso, desde mediados de julio Bolsonaro está obligado a llevar una tobillera electrónica, y le está prohibido expresarse en redes sociales, ya sea directamente o a través de terceros.

Nuevas medidas impuestas el lunes incluyen la restricción del uso de celulares.

Limitado a recibir visitas solo de sus abogados, Moraes le concedió este miércoles permiso para que sus hijos y otros familiares cercanos puedan ir a verlo sin requerir autorización judicial.

Las restricciones a Bolsonaro han sido criticadas de confusas o excesivas por especialistas y por la prensa en Brasil, así como por sus aliados políticos.

En el Congreso, los parlamentarios bolsonaristas protestaron la prisión domiciliaria de su líder, obstaculizando las labores legislativas martes y miércoles.

Los legisladores ocuparon los plenarios de la Cámara de Diputados y del Senado para exigir que se agende la votación de un pedido de impeachment contra Moraes y un proyecto de amnistía general que, según detractores, podría beneficiar a Bolsonaro.

La presión para pautar ambos proyectos ha sido resistida por los presidentes de las cámaras.

Crítico del juicio contra Bolsonaro, Trump autorizó aranceles de 50% a las importaciones brasileñas y su gobierno impuso sanciones financieras a Moraes.

Inhabilitado a presentarse a elecciones hasta 2030, Bolsonaro puede enfrentar unos 40 años de cárcel por el juicio en curso.

Fuente: AFP

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El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva presentó un pedido de consultas ante la misión de Estados Unidos en la OMC, tras la entrada en vigor este miércoles de sobretasas de 50% a productos brasileños en el mercado estadounidense.

Se trata de la primera acción de Brasil contra los aranceles de Trump, que los justificó por una supuesta “caza de brujas” contra el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista.

El mecanismo de consultas en la OMC supone la búsqueda de una solución negociada, que requiere la aceptación de las dos partes. Es obligatorio intentar esa opción antes de pasar a un proceso de arbitraje.

El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, anunció este miércoles que se reunirá virtualmente el próximo miércoles 13 de agosto con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, para tratar los aranceles.

En el frente interno, el gobierno de Lula prepara medidas de contención para sectores afectados por las sobretasas.

Haddad dijo que su cartera presentará en las próximas horas un paquete de apoyo enfocado especialmente en pequeños productores “sin alternativas” a la exportación a Estados Unidos.

“El gobierno del presidente Lula actuará en el sentido de garantizar la soberanía nacional”, afirmó el ministro a periodistas.

“Es necesario derrotar totalmente al enemigo en Gaza, liberar a todos nuestros rehenes y asegurarse de que Gaza ya no constituya una amenaza para Israel”, afirmó Netanyahu durante una visita a una base militar.

Por la tarde se reunió durante casi tres horas con el jefe del Estado Mayor del ejército, quien “le presentó las opciones para la continuación de las operaciones en Gaza”, según los servicios del primer ministro.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebra este martes una sesión dedicada a la cuestión de los rehenes israelíes en Gaza, a iniciativa de Israel, que manifestó su deseo de situar este tema “en el centro” de la agenda internacional.

Una ampliación de las operaciones israelíes en el estrecho territorio palestino “podría provocar consecuencias catastróficas”, advirtió durante la reunión Miroslav Jenca, secretario general adjunto de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas.

Según la prensa israelí, que citó a funcionarios que pidieron el anonimato, “Netanyahu quiere que el ejército israelí conquiste toda la Franja de Gaza”, indicó la radio pública Kan.

Varios miembros del gabinete confirmaron que el primer ministro “decidió extender el combate a las zonas donde podrían estar retenidos los rehenes”, según la emisora.

Al igual que otros medios, el diario Maariv destacó que esta decisión significaría que el ejército “comenzará a combatir en zonas” en las que se había abstenido de hacerlo en los últimos meses “por temor a afectar a los rehenes, incluidos los campos de refugiados del centro de la Franja de Gaza”.

Los medios especulan sobre una posible oposición del jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir.

Pero la oficina del primer ministro aseguró que el ejército “aplicará cualquier decisión” que tome el gabinete de seguridad, que se reunirá a finales de esta semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el martes su indignación por videos que publicó Hamás donde mostraba a un rehén israelí demacrado supuestamente cavando su propia tumba.

“Espero que mucha gente lo vea, por muy malo que sea, porque creo que es algo horrible”, dijo Trump a la prensa.

– Negociaciones estancadas –

En guerra contra Hamás desde el ataque del movimiento islamista palestino en su territorio el 7 de octubre de 2023, el gobierno israelí enfrenta una creciente presión para encontrar una salida al conflicto.

Netanyahu está sometido a una doble presión: en Israel, por la situación de 49 rehenes capturados el 7 de octubre, de los que 27 habrían muerto según el ejército; y en el resto del mundo, por el sufrimiento de los más de dos millones de palestinos que viven hacinados en la Franja, arrasada y amenazada por una “hambruna generalizada”, según la ONU.

“La pelota está en el campo del ocupante (Israel) y de los estadounidenses”, comentó un líder político de Hamás, Hosam Badran, afirmando la voluntad del movimiento de “detener la guerra y poner fin al hambre”.

“Los mediadores siguen en contacto con nosotros, pero hasta ahora no hay nuevas propuestas ni ideas, ni avances en cuanto a la reanudación de las negociaciones”, añadió, y aseguró que su movimiento estaba “dispuesto a reanudar las conversaciones donde se interrumpieron”, tras el fracaso de las mismas en julio.

Sobre el terreno, la Defensa Civil subió a 68 el balance de muertos este martes en bombardeos y ataques israelíes. De estos, 56 murieron mientras esperaban recibir ayuda, en Jan Yunis, en el sur de Gaza, y en Zikim, en el norte.

El ejército afirmó haber realizado “disparos de advertencia” en el sur de Gaza y estar verificando la información relativa a Zikim.

“No hay ningún lugar seguro en Gaza, todos estamos expuestos a la muerte”, declaró Adham Mohamad Younes, un palestino de unos treinta años.

– Entrada de mercancías –

El martes temprano, el Cogat, un organismo del Ministerio de Defensa que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos, reautorizó la entrada parcial de mercancías privadas en el enclave, de forma “controlada y progresiva”.

“El objetivo es aumentar el volumen de ayuda que entra en la Franja de Gaza, al tiempo que se reduce la dependencia de la recogida de asistencia por parte de la ONU y las organizaciones internacionales”, según el Cogat.

Israel había impuesto en Gaza un bloqueo total el 2 de marzo y lo levantó parcialmente en mayo, autorizando únicamente la entrada de cantidades muy limitadas, consideradas insuficientes por la ONU.

El ataque del 7 de octubre de 2023 provocó la muerte, en Israel, de 1.219 personas, civiles en su mayoría.

La ofensiva que Israel lanzó en respuesta e Gaza mató a más de 61.000 personas, también mayoritariamente civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás desde 2007. La ONU considera fiables estos datos.

Fuente: AFP