Diario HOY | Unos 14.000 jubilados siguen sin completar el censo y se les cortará el pago

El último informe del Ministerio de Economía y Finanzas revela que el censo digital alcanzó un 82 % de ejecución. El 18 % pendiente equivale a 14.086 jubilados, quienes, de no completar este formulario online para el sábado 3 de mayo, sufrirán el bloqueo de sus cuentas y dejarán de cobrar hasta que regularicen su situación.

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“Esto iniciamos en febrero, el 3 de mayo culmina el plazo. A partir de ahí estaríamos bloqueando la tarjeta de débito para prevenir cualquier cobro indebido”, comentó el director general de jubilaciones del MEF.

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Los que sufran el bloqueo de sus cuentas, podrán ingresar a la plataforma digital del Ministerio de Economía, https://censos.hacienda.gov.py/  completar el censo y recuperar sus cuentas.

El Ministerio de Economía y Finanzas publicó la lista de los registrados: https://www.mef.gov.py/censo-digital-de-Jubilados, a fin de que, quienes hicieron el trámite, puedan verificar que ya están en la nómina, si así lo desean.

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Quienes tengan alguna duda, pueden comunicarse al (+595 21) 729 0123 de lunes a sábados, de 07:30 a 15:00 o ingresar a la web del MEF, donde se encuentra la plataforma Censo a Jubilados, en la sección de Servicios en Línea.

QUIÉNES ESTÁN EN LA CAJA FISCAL

La Caja Fiscal es la entidad previsional que aglutina a todos los trabajadores del sector público (Administración Pública, Docentes Universitarios, Magistrados Judiciales, Magisterio Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Nacional) para otorgar beneficios de jubilaciones y pensiones.

El director del INE, Iván Ojeda, explicó en diálogo con la radio Universo 970 AM que los datos surgen de la Encuesta Permanente de Hogares. Detalló que el 43,5% de los adultos mayores manifestó haberse enfermado en los últimos tres meses, pero apenas el 36,1% tiene algún tipo de seguro médico. Del total, el 28% está cubierto por el IPS y solo el 8% por otras entidades.

“La gran mayoría trabajó en la informalidad toda su vida, por eso no tiene jubilación ni seguro médico”, señaló Ojeda. Además, precisó que el 45% de los mayores de 60 años sigue formando parte de la fuerza laboral, y muchos de ellos —incluso mayores de 80— deben seguir trabajando para subsistir.

Otro dato es el nivel educativo: el 62,6% de los adultos mayores tiene entre 1 y 6 años de escolaridad, y el 5,5% no tiene instrucción formal alguna. Esto también incide en sus posibilidades de acceder a trabajos formales y mejor remunerados a lo largo de su vida.

En cuanto a la situación de pobreza, el 14,4% de esta franja etaria se encuentra en situación de vulnerabilidad, mientras que el 12,2% vive solo. Además, el 46,4% habita en hogares extendidos, es decir, con personas fuera del núcleo familiar inmediato.

Ojeda advirtió que, si bien Paraguay aún es un país joven —con una mediana de edad de 29 años—, “estamos envejeciendo a un ritmo acelerado” y es urgente fortalecer las políticas públicas enfocadas en la tercera edad. También destacó que la universalización del subsidio alimentario del Gobierno es una medida importante.

En entrevista con la radio Universo 970 AM, la Ing. Carolina Baumann explicó que al asumir la administración en septiembre de 2023, se encontraron con serias inconsistencias técnicas en el proyecto del nuevo tren de molienda, valuado inicialmente en 26 millones de dólares. “Se vendió una idea que hoy no puede aplicarse tal como está. No se previeron aspectos clave como el tratamiento de efluentes ni la ampliación de la destilería”, afirmó.

Según Baumann, avanzar con el proyecto sin esos ajustes implicaría un riesgo ambiental grave: “Por cada litro de alcohol producido se generan 15 litros de vinaza. Si moliésemos las 600 mil toneladas proyectadas, contaminaríamos el río Tebicuarymi”, advirtió.

El costo total para completar el proyecto en condiciones adecuadas asciende a unos 46 millones de dólares, lo que equivale a seis años del presupuesto de la Gobernación de Guairá. Ante este escenario, la postura oficial es conformar una mesa de trabajo con los cañicultores y autoridades, para evaluar una salida viable y sostenible.

“Sabemos que hay una necesidad urgente. Lo que planteamos no es una solución inmediata, pero sí responsable de aquí a unos meses. Entendemos el dolor y la frustración, son muchos años. Son gente muy trabajadora. Reconocemos su derecho a manifestarse pacíficamente”, expresó.

Consultada sobre críticas del diputado guaireño oficialista Alejandro Aguilera, quien sugirió un “tirón de orejas” por parte del presidente de Petropar, Baumann respondió con firmeza: “Nunca lo vi al diputado, nunca se acercó ni me llamó para interiorizarse. Me gustaría que visite la planta y conversemos en persona”.

José Rodríguez, diputado colorado por Asunción, es el firmante del proyecto que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos o cualquier medio de comunicación, electrónico o no, en los centros penitenciarios y centros educativos.

Según la normativa, quienes ingresen sin autorización estos equipos a las penitenciarías, incluyendo abogados, proveedores o personas con permisos especiales, podrán ser sancionados con hasta cinco años de prisión.

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Si el responsable de ese ingreso irregular fuera un funcionario público o prestara servicio en el sistema penitenciario, la pena se elevará a siete años.

El proyecto con media sanción no solamente penaliza el hecho en sí, sino también la tentativa de ingresos irregulares de estos dispositivos.

Una modificación introducida ayer le agrega la expresión “en contexto de encierro”, como una forma de ajustar de manera más precisa el acápite y el artículo primero.

La propuesta fue aprobada luego de un debate y ahora pasará a la Cámara de Senadores para su estudio y consideración.

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