Diario HOY | VIDEO | Concejal y empresario se trenzan a golpes en disco de Concepción

En la madrugada de este domingo se registró una gresca en el interior de la Discoteca Monarchy, ubicada en el barrio Centro de la ciudad de Concepción.

Los involucrados en la trifulca son Eliseo Guggiari Doria, quien ocupa el cargo de concejal municipal de Concepción, y el empresario Arturo David Cardús.

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Pese a ser socios comerciales como propietarios del citado local nocturno, ambos decidieron trenzarse a golpes luego de una caldeada discusión.

Según informó el periodista de Nación Media, Ángel Flecha, todo inició debido a algunas discrepancias respecto al horario de cierre del establecimiento.

Imágenes de circuito cerrado muestran el momento en que el edil decidió abalanzarse sobre Cardús, propinándole un golpe de puño a la altura del rostro.

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El conflicto se extendió a la vía pública, donde continuó la pelea entre ambos involucrados, debiendo tomar intervención personal policial para calmar los ánimos.

Tras el incidente, Cardús decidió formalizar la denuncia ante la Comisaría 10ma del barrio Inmaculada de Concepción, acusando a Guggiari de agresión física.

A través de la Procuraduría General de la República (PGR) el Estado paraguayo presenta una querella contra el abogado imputado por coacción, coacción grave y resistencia luego de agredir en el rostro a una fiscalizadora del INTN.

El procurador Marco Aurelio González anticipó que solicitarán la pena máxima que se le pueda dar a Walter Acosta

“No solamente ha dado un puñetazo al estado paraguayo porque se trata de un funcionario en ejercicio del cumplimiento estatal, sino que ha golpeado a la dignidad de la mujer paraguaya”, expresó.

Señaló que como Estado recurrirán a todas las instancias con el peso de la ley para sellar un precedente y que una situación como esa no vuelva a ocurrir con ninguna mujer.

Desde el Ministerio de la Mujer informaron que están brindando asistencia a la funcionaria afectada.

Este lunes fueron ejecutados dos allanamientos en las ciudades de San Lorenzo y Capiatá, en el marco de una investigación por presunta estafa, falsificación de documentos y asociación criminal.

El esquema operaba mediante la compra y venta de vehículos usados, los cuales posteriormente volvían a ser secuestrados de sus respectivos compradores bajo una serie de artimañas.

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En estos procedimientos se logró la detención de Roberto Olmedo, sindicado como cabecilla principal, su hijo Ángel Olmedo y una tercera persona de nombre José Zarza.

Uno de los lugares allanados es el local denominado “Planeta Comercial”, dedicado a la copia de llaves pero que, en realidad, sería parte de la fachada de este esquema ilícito.

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Según la denuncia de las víctimas, los vehículos eran entregados casi siempre con problemas -ya sea mecánicos o judiciales- y luego se encargaban de secuestrarlos para su posterior reventa.

Se presume que los responsables de este negocio ilegal adulteraban documentaciones de los rodados para así poder volver a comercializarlos a nuevas personas.

Bajo las líneas correspondientes, la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, canalizó y provisión al penal los insumos peticionados por la dirección del penal, según se avala en constancias:

Candados: Provisión de estos dispositivos de seguridad, fundamentales para el resguardo de las celdas y áreas restringidas.

Equipamiento de armería: Dotación de pistolas semiautomáticas 9 mm y escopetas con balines de goma, elementos cruciales para la seguridad del penal.

Extintores: Suministro de equipos de prevención contra incendios.

De esta manera, el Ministerio garantiza que cada establecimiento cuente con los insumos necesarios para garantizar tanto la seguridad de las personas privadas de libertad (PPL) como la de los funcionarios penitenciarios.

Asimismo, la cartera estatal insta a recurrir a fuentes oficiales para obtener información verificada y evitar la difusión de datos erróneos que puedan generar confusión.

Por su parte, el equipo interventor continuará con su labor de fiscalización y control, garantizando que las condiciones dentro del penal sean óptimas y que se cumplan con los protocolos de seguridad establecidos.