El juez Kees dictó una resolución que prohíbe el ingreso de nuevos condenados a las cárceles de Neuquén a partir del 14 de marzo. El diputado provincial Marcelo Bermúdez expresó su preocupación por la medida, destacando la necesidad de ampliar la capacidad carcelaria.
El juez Kees ha dictado una resolución que prohíbe el ingreso de nuevos condenados a las cárceles de Neuquén a partir del 14 de marzo, en un contexto donde la emergencia carcelaria fue declarada en 2022 debido a la sobrepoblación y las condiciones de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios de la provincia.
El diputado provincial Marcelo Bermúdez, del partido Pro, expresó su preocupación por esta medida, señalando que «este fallo debe ser interpretado de acuerdo a la comunidad a la cual uno pertenece».
Bermúdez enfatizó que, para la comunidad que se esfuerza diariamente en actividades como estudiar, trabajar o gestionar un negocio, la noticia es alarmante, ya que implica que «no se puede detener a ningún delincuente». Por el contrario, para los delincuentes, especialmente los narcotraficantes, la noticia es recibida con satisfacción, ya que «delinquir no tiene costo».
El diputado también destacó que, en paralelo a esta resolución judicial, se están llevando a cabo obras de ampliación en varias unidades penitenciarias de la provincia. Por ejemplo, se ha iniciado la ampliación de la Unidad de Pensión 11, se están licitando mejoras y ampliaciones en los pabellones de máxima y mediana seguridad de la U22 de Cutral Có, y se están abriendo sobres para el pabellón de máxima y mediana seguridad de la U32 de Zapala.
Estas acciones buscan descomprimir la situación habitacional carcelaria y mejorar las condiciones de alojamiento de los internos.
Bermúdez subraya la necesidad de que el sistema judicial y las autoridades penitenciarias trabajen en conjunto para encontrar soluciones que equilibren la protección de la sociedad con el respeto a los derechos humanos de los detenidos, evitando medidas que puedan generar vacíos legales o situaciones de impunidad.
La situación actual plantea un desafío significativo para las autoridades provinciales, que deberán encontrar un equilibrio entre garantizar la seguridad pública y asegurar condiciones adecuadas para los internos, en un contexto de recursos limitados y una población carcelaria en constante aumento.
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