El miércoles la Legislatura la aprobó por amplísima mayoría, pero los dos diputados de izquierda votaron en contra.
Rechazó la ficha limpia. Es un dirigente ceramista que, durante la gestión anterior, se benefició de subsidios del Estado. Se lo reconoce como un cultor de la vieja política
El dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y diputado provincial por el Frente de Izquierda (FIT), Andrés Blanco, se aferró al pasado como a una tabla de náufrago y rechazó -con más énfasis que argumentos- la llamada ficha limpia.
Se trata, básicamente, de una herramienta para que procesados y corruptos no puedan ser funcionarios públicos ni candidatos a cargos electivos, en la provincia de Neuquén. El miércoles la Legislatura la aprobó por amplísima mayoría, pero los dos diputados de izquierda votaron en contra.
Blanco consideró que esa ley (que pronto entrará en vigencia) esconde una supuesta intención de impedir candidaturas en forma arbitraria; y acusó que los jueces podrían armar causas para perjudicar a los sectores de izquierda. Sin embargo, no ofreció pruebas.
Durante años, la izquierda ceramista (a la que pertenece Blanco) se movió en una zona de confort, con subsidios del gobierno provincial y protestas contra el mismo gobierno que les entregaba esos subsidios. Era el epicentro de un círculo vicioso: el gobierno les asignaba fondos públicos, los dirigentes cortaban calles y perjudicaban a los vecinos que pagaban impuestos de los que salían los recursos para los subsidios. Esa metodología también les sirvió para financiar carreras políticas y acceder a cargos parlamentarios, tal es el caso del propio Blanco.
Disfrutaron de los vicios de la vieja política, tal como lo hizo la casta. Pero ahora, con la tolerancia cero que puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa contra ñoquis, indisciplinados y demás, se terminaron los privilegios del pasado reciente (que se prolongaron, incluso, hasta el gobierno de Omar Gutiérrez). La ficha limpia es, precisamente, parte de esa estrategia para garantizar la transparencia en los actos de gobierno.
El miércoles, en el recinto, Blanco dijo que la ficha limpia “no va a mejorar la calidad de la política” y la definió como una herramienta para proscribir y silenciar voces opositoras. “Contiene aspectos antidemocráticos”, arriesgó. A continuación algunos casos que respaldan aquello del apego de la izquierda en general y de Blanco en particular, con la vieja política.
Hace apenas unos pocos días, el sindicato ceramista del que Blanco es secretario adjunto denunció que el corte eléctrico de CALF amenaza puestos de trabajo en la fábrica de Cerámica Neuquén. Exigió una solución urgente. Acusó a la cooperativa de luz, pero lo cierto es que la cerámica no paga. Las cerámicas fueron subsidiadas por los gobiernos de Omar Gutiérrez para evitar protestas. Los ceramistas se jactaban de la administración obrera, pero lo cierto es que la fundieron.
En varias oportunidades y con Blanco a la cabeza, los ceramistas de Fasinpat (ex Zanon) cortaron la Ruta 7 y perjudicaron a los neuquinos. Lo hicieron en reclamo de más recursos del Estado, mientras financiaban campañas políticas.
Blanco se quejó por las causas judiciales que, desde 2024, investigan a dirigentes de organizaciones sociales que oficiaron de intermediarios entre la ayuda del Estado y los destinatarios de esa ayuda. La Justicia trata de establecer a dónde fue el dinero que no llegó a las familias de bajos recursos. Figueroa cortó ese circuito y el diputado se enojó. El gobierno anterior les confiaba la administración de recursos del Estado para evitar protestas sociales.
Los ceramistas a los que conduce Blanco apoyan toda protesta que realice la seccional capitalina del gremio docente ATEN, a la que conducen dos dirigentes de izquierda (ex diputadas provinciales) con propensión a las protestas sin fundamentos. Blanco apoya los ataques a la educación pública.
Qué es la ficha limpia
La Cámara de Diputados de la provincia aprobó el miércoles la ley de ficha limpia que establece los requisitos que deberán cumplir las personas que quieran postularse a cargos electivos o formar parte del gabinete provincial. La norma unificó dos proyectos: el que presentó Figueroa y el que presentó el diputado Marcelo Bermúdez, del PRO.
La ley establece que las personas condenadas por delitos dolosos comunes o federales en segunda instancia no podrán ser candidatas, integrar el gabinete provincial, tener designaciones políticas en el gobierno de la provincia, ser consejeros de la Magistratura, vocales del Tribunal de Cuentas, magistratura judicial, ministerios públicos y secretarías, subsecretarías ni direcciones municipales. La inhabilitación será de carácter perpetuo.
Tampoco podrán postularse las personas beneficiadas con una suspensión de juicio a prueba por delitos dolosos o contra la administración pública sin ser funcionarios. Asimismo, impide las candidaturas de personas inhabilitadas por juicio político u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para ejercer la función pública; las personas condenadas por tráfico de estupefacientes de acuerdo a la ley nacional 23737 o por delitos del Régimen Penal Tributario previstos en la ley nacional 27430; y quienes figuren en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género. El texto consensuado excluye los delitos contra el honor.
