La comisión de Asuntos Constitucionales avaló el proyecto que obliga a realizar test de drogas a autoridades de los tres poderes del Estado. Incluye gobernadores, jueces, legisladores e intendentes. El dictamen avanza ahora a Presupuesto.
La Legislatura de Neuquén avanzó este martes en el tratamiento del proyecto de ley que establece la obligatoriedad de controles toxicológicos para funcionarios y autoridades de los tres poderes del Estado. La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A), que preside el diputado Ernesto Novoa (Comunidad), dio despacho unánime a la iniciativa, aunque con modificaciones al dictamen previo emitido por la comisión de Desarrollo Humano y Social (C). El expediente continuará ahora en la comisión de Hacienda y Presupuesto (B).
A propuesta de la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir), se resolvió que los estudios se realicen mediante test rápidos homologados de orina o saliva, con análisis confirmatorio en laboratorio únicamente en caso de resultado positivo. La legisladora destacó la agilidad y el menor costo de estas pruebas frente a los análisis de sangre.
El proyecto contempla que, ante un resultado positivo, el funcionario podrá pedir contraprueba en otro laboratorio dentro de las 48 horas, con derecho a contar con un perito de parte y la posibilidad de recusar la designación del laboratorio.
Debate por la constitucionalidad
Durante la discusión, algunos diputados advirtieron sobre las limitaciones constitucionales en materia de sanciones.
Federico Méndez (Comunidad) remarcó que la suspensión o destitución de funcionarios está regulada por la Constitución provincial y no puede ser delegada en la autoridad de aplicación.
En la misma línea, César Gass (JxC-UCR) pidió un análisis más profundo del encuadre constitucional del proyecto.
Las sanciones dependerán del cargo: suspensión o revocación del mandato para funcionarios electos; y para jueces y miembros del Poder Judicial no sujetos a juicio político, el mecanismo será el jurado de enjuiciamiento.
Alcance y control
El control alcanzará al gobernador y vicegobernador, ministros, secretarios, diputados, jueces, fiscales, defensores, integrantes del Tribunal Superior de Justicia, consejeros de la Magistratura, autoridades de organismos autárquicos, empresas estatales, intendentes y concejales.
El costo de los exámenes será asumido por los propios funcionarios, pudiendo ser descontado de sus haberes. La negativa a testearse se considerará como resultado positivo.
Además, se prevé la creación de una Comisión Evaluadora Interpoderes, encargada de supervisar los protocolos, asesorar en casos positivos y recomendar mejoras. También habrá un registro interno confidencial para resguardar la trazabilidad de los controles.
“No habrá privilegios”
El diputado Novoa destacó que el proyecto implica igualdad entre funcionarios y trabajadores.
“Nos sometemos a los mismos controles que un trabajador común. Es un criterio de igualdad”, afirmó.
Con el dictamen favorable, la iniciativa quedó lista para su análisis en la comisión de Presupuesto, donde continuará el debate.
