Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de resolución para expresar un «enérgico y categórico repudio institucional» a las declaraciones de la legisladora de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, contra Ian Moche, el joven influencer con autismo, y reclamarle que formule disculpas públicas y se retracte de manera expresa.
La iniciativa sostiene que los dichos de Lemoine, quien afirmó que la madre del niño «lo hace actuar de autista» y puso en duda su diagnóstico, constituyen una conducta discriminatoria, estigmatizante y negacionista de la discapacidad, además de ser «gravemente lesiva de los derechos fundamentales del niño».
Las declaraciones de Lemoine se produjeron el martes por la noche durante un debate televisivo en LN+ sobre la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. En ese contexto, y sin relación directa con el tema, la diputada apuntó contra Ian Moche y su madre, Marlene Spesso.
«Estamos en una sociedad hipócrita donde una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista», dijo la diputada libertaria. También sostuvo que el niño era «supuestamente autista» y afirmó que su madre «no está bien de la cabeza», vinculando el caso con lo que definió como una «agenda del kirchnerismo» y el «wokismo».
Consultada durante el programa sobre la relación entre ese ejemplo y el debate por las redes sociales, la legisladora insistió en sus acusaciones, pero no profundizó en pruebas ni argumentos que las respaldaran.
Este miércoles, el proyecto de resolución fue firmado por diputados de distintos bloques, entre ellos Marcela Pagano (Coherencia), Gisela Scaglia, Esteban Paulón y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), Cecilia Moreau, Sabrina Selva y Germán Martínez (Unión por la Patria), quienes coincidieron en que «la política no habilita a atacar a un niño, y mucho menos a un niño con discapacidad».
En los fundamentos, los legisladores remarcan que las expresiones revisten una gravedad institucional agravada por tratarse de un menor de edad y por negar públicamente una discapacidad oficialmente acreditada por el Estado nacional. En ese sentido, recuerdan que Ian Moche cuenta desde febrero de 2020 con un Certificado Único de Discapacidad (CUD), emitido por la Agencia Nacional de Discapacidad tras una evaluación interdisciplinaria, que acredita su condición dentro del espectro autista y que tiene vigencia hasta 2030.
«El caso configura una situación de violencia discursiva agravada por la doble condición de vulnerabilidad del niño: niñez y discapacidad», advierte el proyecto, que también señala que imputar a la madre una conducta falsa y ofensiva constituye una forma de violencia simbólica e institucional indirecta.
Además del repudio, el proyecto solicita que Lemoine se retracte «por los mismos medios y con similar alcance» que los utilizados para difundir sus declaraciones y pone los hechos en conocimiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, para evaluar la eventual aplicación de sanciones disciplinarias.
Los diputados subrayan también que la libertad de expresión de los funcionarios públicos «no es absoluta» y encuentra límites cuando colisiona con el interés superior del niño y con los derechos a la dignidad, la identidad y la integridad psíquica, protegidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
El episodio se inscribe, además, en una serie de situaciones previas que tuvieron como protagonista a Ian Moche y que derivaron incluso en un conflicto judicial con el propio presidente Javier Milei. En agosto del año pasado, la familia del joven influencer con autismo apeló una decisión del juez federal Alberto Osvaldo Recondo que había fallado a favor del mandatario en una causa vinculada a una publicación en la red social X.
A fines de junio, Ian Moche había denunciado a Milei por haberlo acusado públicamente de operar en favor del kirchnerismo a través de su militancia como activista por los derechos de las personas con discapacidad. El Presidente lo había señalado como parte del «lado de los kukas».
Según expuso la familia, ese posteo tuvo un fuerte impacto en la vida del joven, que comenzó a recibir mensajes de odio y distintos tipos de acoso en redes sociales. Incluso, cuentas afines al oficialismo difundieron datos personales sensibles, como la dirección de su casa y de la escuela a la que asistía, acompañados por fotos.
La Justicia resolvió que el Presidente no debía eliminar la publicación cuestionada. Así lo determinó el juez Recondo, quien rechazó el pedido de la familia y avaló que el mensaje permaneciera publicado en la cuenta oficial del mandatario.
