El sueldo es irrisorio e incluso así, no fue abonado en los últimos dos meses. Son 28.000 pesos los que deberían haber cobrado en diciembre y enero los 8.000 trabajadores con discapacidad que conforman los talleres protegidos del país, pero aun no hay noticias. Mientras tanto, la crisis y la emergencia siguen calando hondo.
El incentivo laboral, que depende de la Secretaría de Trabajo de la Nación que, a su vez, responde al Ministerio de Capital Humano, aun brilla por su ausencia. De hecho, no hubo una comunicación oficial sobre cómo se piensa destrabar este conflicto. “Los trabajadores con discapacidad no pueden ser variable de ajuste de ningún gobierno. Solicitamos una respuesta inmediata de la fecha de pago, el cumplimiento de la Ley 26.816 (régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad) y la actualización de montos”, exigieron desde la Federación Nacional de Talleres Protegidos (FENATAP).
Talleres protegidos: el caso de APACID
El taller protegido APACID (Asociación de Padres y Amigos para la Capacitación e Integración del Discapacitado), que funciona hace más de 50 años en su sede de Cotagaita 2.014, en Ramos Mejía, también encendió las alarmas. Es que los 44 trabajadores con discapacidad que se desempeñan en la institución también integran la lista de empleados que espera cobrar los incentivos adeudados.
“Las personas con discapacidad muchas veces no tienen voz propia, no hacen piquetes ni paros”, protestó en relación a este difícil contexto Valeria Zunico, representante legal de APACID.
En una nota con El1, Zunico contó que los trabajadores de APACID realizan su producción de lunes a viernes durante ocho horas. Además, perciben otro ingreso de 24.000 proveniente de la Provincia. “Qué persona puede vivir con 52.000 pesos por mes trabajando ocho horas y que, encima, no se cobran completos”, enfatizó.
“No queremos que sigan dejando de lado al colectivo de la discapacidad. Queremos que toda la sociedad y los medios de comunicación ayuden a que las voces de ellos se puedan escuchar, que reciban lo que merecen y reajusten los montos”, reclamó Zunico.
Sobre el funcionamiento del taller, explicó: “Los talleres protegidos se retroalimentan; con lo que se hace dentro de la institución se deben pagar sueldos, servicios, impuestos como cualquier otra PyME. No estamos cubiertos ni avalados por las obras sociales, eso es un mito. De hecho, hay muchos talleres que tiene que cerrar porque no se pueden mantener“.
Acerca de APACID
APACID de Ramos Mejía junto a San Francisco de Asís de Isidro Casanova son los dos únicos talleres protegidos de la Matanza, pese al gran número de personas con discapacidad que viven en el Partido.
Específicamente, en APACID realizan un trabajo integral: “Fabricamos bolsas de residuos, de consorcio, de residuos patológicos, hacemos alfombras, trabajos de sublimación en tasas y telas, cortinas plásticas, sobres de ópticas, velas para distintas fábricas. En marzo y abril producimos huevos de pascuas, entre otras cosas”, contó Zunico.
Y cerró con una reflexión: “Nos cuesta muchísimo realizar las ventas ya que como es en el área de discapacidad lamentablemente nos encontramos todavía en una sociedad que no nos incluye”.
