El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una organización temporal creada por orden ejecutiva de Donald Trump a principios de este año, ha anunciado la cancelación de 4,5 millones de dólares en subvenciones destinadas a proyectos en América Latina. Entre las iniciativas afectadas se encuentran programas de cría de alpacas en Perú, reducción de la discriminación social de recicladores en Bolivia y promoción de la comprensión cultural de migrantes venezolanos en Brasil. Según informó Fox News Digital, estas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio por optimizar el gasto público y reducir el presupuesto federal.
De acuerdo con el comunicado de DOGE, la subvención más significativa eliminada fue de 903.811 dólares, destinada a la cría de alpacas en Perú. Otros proyectos afectados incluyen 364.500 dólares para combatir la discriminación social contra recicladores en Bolivia y 323.633 dólares para fomentar la integración cultural de migrantes venezolanos en Brasil. Estas iniciativas formaban parte de los programas financiados por la Fundación Interamericana, una agencia que cuenta con un presupuesto anual de 60 millones de dólares para subvenciones extranjeras. La fundación ha sido reducida a su mínimo operativo, quedando con un solo empleado activo, según detalló el organismo.
Además de los programas mencionados, DOGE eliminó otras subvenciones relacionadas con el desarrollo agrícola y artesanal en la región. Entre ellas, se cancelaron 813.210 dólares destinados a huertos en El Salvador, 731.105 dólares para mejorar la comercialización de hongos y guisantes en Guatemala, y 677.342 dólares para expandir las ventas de frutas y mermeladas en Honduras. En Ecuador, se suspendió un proyecto de 483.345 dólares enfocado en la producción artesanal de sal, mientras que en Brasil se eliminó una subvención de 39.250 dólares para la apicultura.
Estas decisiones forman parte de un plan más amplio de recortes presupuestarios liderado por Elon Musk, quien dirige DOGE. La organización tiene un plazo de 18 meses para cumplir con su mandato de optimizar las operaciones gubernamentales, reducir el gasto y eliminar programas considerados innecesarios o duplicados. Según el sitio web de DOGE, hasta el 4 de marzo se habían cancelado 2.334 contratos, lo que generó un ahorro de 8.000 millones de dólares. Asimismo, se rescindieron 3.489 subvenciones, con un ahorro estimado de 10.000 millones de dólares, y 748 arrendamientos, lo que representó un ahorro adicional de 660 millones de dólares.
El organismo asegura haber logrado un ahorro total de aproximadamente 105.000 millones de dólares mediante una combinación de estrategias que incluyen la detección y eliminación de fraudes, cancelaciones de contratos y subvenciones, renegociaciones, ventas de activos, reducciones de personal y cambios en programas gubernamentales. Sin embargo, estas medidas no han estado exentas de controversia. Los críticos de DOGE han expresado preocupación por el amplio acceso que la organización tiene a los sistemas federales y por su capacidad para cancelar contratos y realizar recortes en diversas agencias.
Entre las iniciativas eliminadas por DOGE se encuentran numerosos programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en agencias federales, así como contratos de consultoría, arrendamientos de edificios federales subutilizados y programas considerados redundantes. Estas acciones han generado debates sobre el impacto de los recortes en comunidades vulnerables y en la capacidad del gobierno para abordar problemas sociales complejos.
La Fundación Interamericana, una de las principales afectadas por los recortes, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios realizada por Fox News Digital. Esta agencia, que históricamente ha financiado proyectos de desarrollo en América Latina, enfrenta ahora una drástica reducción de su capacidad operativa. La eliminación de sus programas plantea interrogantes sobre el futuro de las iniciativas que buscaban mejorar las condiciones de vida en comunidades rurales y urbanas de la región.
Con estas medidas, DOGE continúa avanzando en su objetivo de reestructurar el gasto público, aunque no sin generar controversias y cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno en materia de cooperación internacional y desarrollo social.
