El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece un estado de emergencia nacional con el objetivo de resguardar los ingresos provenientes del petróleo venezolano que se encuentran depositados en cuentas del Departamento del Tesoro estadounidense.
Según informó la Casa Blanca, la decisión apunta a evitar cualquier intento de embargo, incautación o reclamo judicial sobre esos recursos financieros, considerados estratégicos dentro de la política exterior norteamericana.
En el documento oficial, los fondos son identificados como “Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero” y se establece que, aunque pertenecen soberanamente a Venezuela, permanecen bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos, por lo que no pueden ser utilizados ni reclamados en procesos judiciales privados.
Entre los puntos centrales de la orden se dispone que todos los embargos, gravámenes o ejecuciones judiciales quedan declarados “nulos y sin efecto”, y que el Estado norteamericano actuará exclusivamente como custodio de los recursos, sin participar como actor comercial ni financiero.
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Trump fundamentó la medida al sostener que permitir el embargo de estos fondos representaría una “amenaza extraordinaria” para los intereses estratégicos de su país, tanto en materia de política exterior como en los esfuerzos de estabilidad regional.
La decisión llega pocos días después de que su administración anunciara que autoridades interinas venezolanas entregarían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su comercialización internacional, cuyos ingresos se concentrarán precisamente en las cuentas ahora protegidas por la orden ejecutiva.
La decisión llega pocos días después de que su administración anunciara que autoridades interinas venezolanas entregarían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su comercialización internacional, cuyos ingresos se concentrarán precisamente en las cuentas ahora protegidas por la orden ejecutiva.
Desde la Casa Blanca también señalaron que la utilización final de estos recursos será determinada por el Secretario de Estado, en representación de lo que Washington considere el gobierno legítimo de Venezuela, y que dichos fondos deberán servir para contribuir a la “reconstrucción” de la economía venezolana bajo supervisión estadounidense.
Con esta medida, el gobierno de Trump consolida un fuerte control político y financiero sobre los recursos energéticos venezolanos, al tiempo que limita cualquier acción judicial que pueda interferir con su estrategia en la región.
