En tiempos de ajuste y bolsillos apretados, cada peso cuenta. Algunos temas que en épocas de falsa opulencia y derroche pasaban inadvertidos, hoy se vuelven evidentes. La cuestión preocupa porque lo que está en juego el dinero de la gente. Y en el campo de la salud hay algunos ejemplos.
Particularmente en la medicina prepaga aparecen dos situaciones en las que la incertidumbre de los usuarios se pone de manifiesto sin obtener por ahora respuestas claras. Se trata del monto de las cuotas mensuales, y la pregunta que sopla en el viento es si los afiliados podrían pagar menos de lo que pagan.
Una de las situaciones se vincula al dinero de los aportes de los empleados y la otra, al que hacen los jubilados. En el primer caso, el fin de la triangulación que dispuso el Gobierno ha hecho que el dinero de la seguridad social que se descuenta de los salarios ahora vaya directo a las prepagas en lugar de pasar por las obras sociales.
¿Cuánto era realmente el costo de ese “peaje” en cada caso? Los afiliados no lo saben. El mes pasado, el Gobierno pidió a las prepagas que a los empleados desregulados no les aumentaran la cuota en marzo. El reclamo tuvo eco. Pero llegados los anuncios de las facturas de abril y superada la instancia de aquel gesto político empresarial, las subas volvieron.
La incógnita es en qué medida el costo de la intermediación que ya no existe empieza a ser absorbido por la coyuntura en un contexto inflacionario -aunque más moderado, inflacionario al fin- que impide distinguir cuál es el beneficio real, de bolsillo, que los afiliados obtienen a partir de los cambios burocráticos y administrativos.
Según pudo saber Clarín de una ronda de consultas con el sector, salvo algún mínimo matiz excepcional el promedio de los aumentos de abril tenderá a equiparar el último índice de inflación comunicado, y en las empresas más grandes confirmaron que no habrá ajuste desdoblado para desregulados y afiliados directos, sino que será el mismo.
Quejas por el aporte al PAMI
La segunda situación que provoca dudas y preguntas es la de los afiliados del PAMI que a su vez tienen prepaga. Es una población que ha perdido beneficios a partir de los cambios que introdujo el Gobierno. El más notorio: el cepo al acceso gratuito a los remedios. Sin embargo, la deducción en la jubilación como aporte a la obra social de los jubilados, que no usan, sigue intacta.
Las quejas sobre este tema son recurrentes en los mensajes que los lectores de Clarín envían a la redacción. Cabe citar al menos uno de esos comentarios, representativo de un reclamo extendido. Corresponde al jubilado Vicente Dabenia.
“Hay una gran cantidad de jubilados de ingresos medios altos que mantienen prepagas como OSDE y como no presentaron amparos inmediatos al jubilarse y PAMI los afilió sin preguntarles, aunque nunca lo hayan usado siguen descontándole hasta el 6% (en una jubilación máxima de 1.700.000 la retención ‘solidaria’ llega a 100.000 sin contraprestación) y si hoy va a la Justicia en su mayoria lo rechazan por que pasó tiempo y no pataleó antes”, expresó.
El PAMI sigue reteniendo los aportes de los jubilados aunque quieran derivarlos a una prepaga. Foto: AFPY continuó: “Así que sólo zafan los recién jubilados con amparo, no los antiguos jubilados. Pero esto no termina acá, el chiste de que el PAMI no permite derivar a prepagas como sí se puede en actividad, adiciona al costo de la prepaga el 10,5% de IVA por ser contratación voluntaria y no derivación de aportes”.
Entre las dos situaciones descriptas (empleados y jubilados) existe una diferencia en las implicancias y eventuales respuestas. En el primer caso la información concreta la tiene el seguro de salud, para entender cuánto representa ahora el aporte del afiliado derivado de forma directa a la prepaga desde enero, y cotejarlo con la suba de la cuota desde entonces, para determinar cuánto amortigua la parte que ya no permanece en la obra social. Siempre queda la instancia del reclamo a la Superintendencia de Servicios de Salud, que fiscaliza el sistema.
En el caso del PAMI, como dice el jubilado Dabenia, el objetivo buscado exige un amparo judicial oportuno mientras desde el Estado no se modifique el criterio de retención, algo que el Gobierno por ahora no tendría en agenda. Esa decisión política obviamente implicaría un impacto financiero para la obra social más grande del país ante el presunto éxodo de los afiliados con haberes más altos. Un impacto similar al que representó para algunas obras sociales sindicales -las que no son ‘sellos de goma’- haberse encontrado a partir de la reforma sin una parte importante de su cartera.
PS
