Los conflictos actuales como el de Rusia-Ucrania es una guerra de drones. Mientras Ucrania utiliza principalmente drones turcos Bayraktar, Rusia usa Shahed, de origen iraní, esto sumado a la gran inversión en desarrollo de fabricación nacional.
La militarización de la inteligencia artificial también ha tenido un rol para las fuerzas israelíes, que utiliza por primera vez sistemas de selección de objetivos como “lavander” para objetivos humanos, miembros de Hamas o de la Yihad islámica. La información se cruza en segundos con una puntuación, no es verificada y se procede al ataque. Por su parte, el sistema “gospel” está dirigido a identificar edificios y estructuras donde operan los miembros de Hamas.
En este contexto, ¿cuáles son los riesgos de estos desarrollos para América Latina y el Caribe, sabiendo que tiene el 8% de la población mundial y reporta un tercio de todos los homicidios a nivel global, el doble del promedio mundial y con una presencia marcada del crimen organizado, especialmente del narcotráfico, tráfico ilícito de armas y de personas?
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
El uso de drones en operaciones de seguridad y defensa está en auge en nuestra región. Cada vez más gobiernos invierten en sistemas aéreos no tripulados, al tiempo que grupos armados no estatales también los incorporan a sus estrategias, ya sea para vigilancia, ataque o transporte de cargas ilícitas.
Este hecho se puede observar a partir del Monitor Sehlac –drones armados en Latinoamérica y el Caribe–, que busca mapear, visibilizar y analizar el desarrollo, comercialización y uso de estos dispositivos.
Entre los hallazgos más relevantes se encuentra el uso creciente de drones de fabricación casera por parte del crimen organizado en México y de grupos armados, entre ellos las disidencias de las FARC en Colombia. Como respuesta, los gobiernos de estos países han comenzado a invertir en sistemas antidrones. Mientras que Ecuador, Argentina y Brasil los incorporan como parte de estrategias de seguridad preventiva en general o ante eventos como el G20 en Río de Janeiro.
Otra es la situación de Venezuela, que con la cooperación de Irán instaló directamente una fábrica de drones bélicos en la base aérea militar más importante de ese país. Se sospecha que desde ahí podría estar proveyendo estos dispositivos a grupos armados no estatales en la región.
El uso de drones en contextos de conflicto ha generado un impacto humanitario significativo en la región, provocando desplazamientos masivos de población y afectando principalmente a civiles. La imprecisión de estos ataques ha resultado en personas heridas, así como en daños a viviendas e infraestructura, profundizando la crisis humanitaria en las zonas afectadas.
Esta amplia disponibilidad comercial de estos dispositivos, sin suficientes controles sobre su venta o modificación con fines ofensivos y cuyos marcos regulatorios existentes están en construcción, deja en evidencia la necesidad urgente de políticas públicas que prevengan el uso indebido de esta tecnología, garanticen el control humano sobre su despliegue y promuevan una agenda de seguridad basada en los DD.HH., la transparencia y el control democrático.
En la ONU, luego de más de una década de discusiones sobre regulación de armas autónomas, no ha habido grandes avances por los intereses de los países productores de este tipo de tecnología. Avanzar sobre un instrumento jurídicamente vinculante es un desafío urgente que no puede postergarse.
* Directora de APP, coordinadora de Sehlac y presidenta del órgano de gobierno de la Coalición Stop Killer Robots.
