El crimen organizado en América Latina y el Caribe ha encontrado en los drones una eficaz y moderna ventaja táctica. En países como Brasil, Haití, Colombia y México, grupos criminales recurren cada vez más a estos dispositivos aéreos para enfrentarse a las fuerzas armadas, transportar mercancías y atemorizar comunidades.
Después de salir ileso de una ofensiva estatal en su enclave territorial en Puerto Príncipe, Haití, el célebre líder pandillero Jimmy Chérizier, alias «Barbecue«, amenazó con emplear drones cargados con explosivos en represalia por los ataques de las autoridades el pasado 1 de marzo.
«Ustedes han utilizado drones con explosivos para asesinarme, yo puedo utilizar drones con explosivos para matar a cualquiera en el país», aseguró Barbecue en un vídeo donde salió a desmentir su muerte tras el ataque de las autoridades.
Organizaciones criminales mexicanas, como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel de Sinaloa y la Familia Michoacana, entre otros, han integrado drones en su arsenal para diversos fines.
“Los drones cumplen diversas funciones, entre ellas inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como comando y control en enfrentamientos entre cárteles, contra las fuerzas del Estado mexicano o incluso contra grupos de autodefensas. También han sido empleados para bombardeos aéreos, ataques directos y operaciones de propaganda o guerra psicológica”, explicó a InSight Crime en comunicación electrónica, Robert Bunker, fundador del Small Wars Journal – El Centro.
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Además de México y el Medio Oriente, en países como Colombia y Brasil, las organizaciones criminales también han aprovechado la tecnología para reforzar sus operaciones. En Brasil, el Primer Comando Capital (PCC) emplea drones para vigilar y mantener el control sobre las favelas, mientras que en Colombia, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también conocidas como ex-FARC mafia, los han utilizado en su guerra contra el Estado.
A continuación, InSight Crime explora las principales modalidades con las que los actores armados no estatales han experimentado con drones en los últimos años en la región:
Palomas mensajeras modernas
Las primeras alertas y reportes emitidos por las autoridades sobre el uso criminal de drones en América Latina se presentaron al interior de centros penitenciarios.
Las palomas que antes se encargaban de llevar mensajes y encomiendas pequeñas, fueron reemplazadas por objetos voladores no tripulados que ofrecían más ventajas y eran fáciles de conseguir en el mercado. Armas, paquetes de droga, alimentos, licor, celulares, y todo tipo de mercancías, encontraron una puerta de ingreso a las cárceles por vía aérea.
Desde 2014, autoridades en Brasil han reportado casos de drones utilizados para introducir drogas, teléfonos y otros objetos prohibidos en los centros penitenciarios. Un ejemplo temprano ocurrió en el Centro de Detención Provisional de São José dos Campos, donde se interceptó un dron que transportaba 250 gramos de cocaína.
En 2019, en el estado de Rio Grande do Sul, se confiscaron 43 drones que habían sido utilizados para enviar cuatro kilogramos de estupefacientes y 68 teléfonos móviles a internos de un centro penitenciario.Solamente en 2023, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá reportó el decomiso de 1587 drones que eran empleados para ingresar mercancías de contrabando en las cárceles del país. Las principales cárceles en Panamá han experimentado varios episodios de ingreso irregular de armamento, drogas y cigarrillos sin que el gobierno encuentre una estrategia efectiva para frenar su ingreso ilícito.
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Guardias penitenciarios también han prestado sus servicios para ingresar mercancías de forma irregular por medio de drones. En diciembre de 2021, siete funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Colombia fueron judicializados por emplear estos dispositivos para introducir productos en una cárcel del norte del país.
Esta práctica no se limita al interior de las prisiones, sino que también se ha extendido más allá de sus muros. En julio de 2023, la Policía ecuatoriana decomisó tres drones durante operativos en Guayaquil y Durán. Estos dispositivos tenían la capacidad de volar en un radio de cinco kilómetros y transportar hasta cinco kilogramos de droga.
Divisiones especializadas en bombardeos aéreos
La carrera armamentística protagonizada por grupos criminales ha adquirido otro nivel en México. El CJNG cuenta con una división especializada en el manejo de aeronaves no tripuladas.
Autodenominados como los “Operadores Droneros”, esta unidad militar utiliza un parche con su nombre y las siglas del CJNG, que los distingue como los especialistas en el uso de drones.
Por medio de videos difundidos en redes sociales, estos operadores droneros realizan exhibiciones de las capacidades de los drones y ejecutan lanzamientos de bombas artesanales como táctica de intimidación a los rivales.
De acuerdo a una reciente investigación de InSight Crime, el empleo de artefactos explosivos improvisados como los que se instalan en los drones, están concentrados en los estados de Michoacán, Chihuahua y Guanajuato. La elevada competencia criminal sumado a los ataques contra fuerzas de seguridad, ha empujado a las organizaciones a acudir cada vez más a estos explosivos.
El CJNG comenzó a emplear drones con explosivos en Michoacán alrededor de 2020, utilizándolos en ataques contra grupos rivales y comunidades locales. Con el tiempo, esta táctica fue replicada en Guerrero por La Familia Michoacana, que ha recurrido a estos dispositivos para fortalecer su dominio territorial y expandir su influencia.
En el estado de Guerrero, esta organización criminal ha provocado la destrucción de viviendas y el desplazamiento de sus habitantes. En mayo de 2023, la población del municipio de Heliodoro Castillo, sufrió múltiples ataques con drones que provocaron la muerte de dos personas y el desplazamiento de alrededor de 600 residentes.
“Hay una inclinación cuando hay disponibilidad para el uso de explosivos de uso militar, granadas concretamente. Pero como no suele haber una gran proliferación de granadas dentro del mercado ilegal de armas regional, también se ve mucha utilización de dispositivos explosivos improvisados”, le comentó a InSight Crime Andrei Serbin Pont, investigador y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), un centro de pensamiento de políticas públicas para Latinoamérica.
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Adicionalmente, grupos criminales mexicanos han acudido a la experiencia de exmilitares colombianos para mejorar y profesionalizar la adaptación de explosivos en los drones.
En septiembre de 2024, autoridades mexicanas detuvieron en Michoacán a Elkin Pérez Loaiza, alias «El Tigre», un exmilitar colombiano que estaba capacitando a un grupo conocido como Los Viagras en la fabricación de explosivos de tipo artesanal.
Además del exmilitar, ocho colombianos fueron arrestados en septiembre de 2023, acusados de fabricar explosivos para drones en el mismo estado y al servicio de la misma organización criminal. Según el reporte oficial, los detenidos operaban en un taller clandestino donde adaptaban los dispositivos explosivos que luego iban a ser arrojados desde el aire por medio de drones. En suelo colombiano, facciones de las ex-FARC mafia, también han incorporado los drones dentro de su repertorio armado. En departamentos como Cauca y Nariño, al Occidente de Colombia, se han concretado el mayor número de ataques de drones contra integrantes e infraestructura del Ejército.
Sembrar el terror
Las armas químicas, que cobraron protagonismo durante la Primera Guerra Mundial debido a su alto poder letal, han resurgido como un nuevo método de violencia psicológica en México. Grupos criminales han comenzado a emplearlas para sembrar el terror, combinándolas con tecnología de drones para potenciar su impacto.
En abril de 2024, el CJNG intensificó sus ataques en Michoacán, empleando drones para lanzar artefactos explosivos con sustancias químicas en su interior. De acuerdo con los habitantes afectados, las bombas emitieron gases con efectos sobre las vías respiratorias.
La adopción de drones para la dispersión de sustancias químicas por parte de grupos criminales en México marca una escalada alarmante en la violencia, con consecuencias directas para la población civil. El uso de gases tóxicos, reconocidos internacionalmente como armas de destrucción masiva, demuestra un nivel de sofisticación creciente, abriendo la puerta a tácticas más letales y difíciles de contener en el futuro.
Con drones comerciales de fácil acceso y la posibilidad de modificarlos con cargas explosivas de diferente naturaleza, el riesgo de su proliferación en la región es un riesgo latente. Los grupos criminales en América Latina tienen cada vez más posibilidades de experimentar con nuevos usos de drones, aprovechando los avances tecnológicos vistos en conflictos como el de Ucrania. Tanto las fuerzas rusas como ucranianas han perfeccionado el uso de drones kamikaze y explosivos teledirigidos con inteligencia artificial.
