Con el lema de “pensar la ciudad a 30 años” y un fuerte guiño al sector privado, el intendente Emiliano Durand encabezó el primer plenario del año del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano Ambiental (CoMDUA), con el objetivo de avanzar en la actualización de los Códigos de Planeamiento Urbano y de Edificación.
La actividad se desarrolló en el Teatro Municipal y reunió a funcionarias del gabinete, colegios profesionales, universidades, empresas prestatarias de servicios y representantes del mercado inmobiliario, con el fin de “reactivar el desarrollo” y «descentralizar la ciudad».
“Salta necesita una hoja de ruta para los próximos 30 años. Las ciudades no se improvisan: se planifican, se sostienen y se transforman con decisión”, sostuvo Durand en su discurso de apertura. Esa hoja de ruta, según las propias declaraciones del gabinete, apunta a profundizar un modelo de ciudad flexibilizado para las inversiones, con menos trabas administrativas y mayores concesiones al mercado.
La coordinadora de Planificación Territorial, Mariana Zoricich, fue la encargada de explicar la dinámica del proceso: “Hoy vamos a recibir la devolución de los documentos que mandamos con aportes y sugerencias. La idea es ajustar ese documento y después pasar a otro plenario”, comentó, destacando el carácter participativo del encuentro. El propósito central del Ejecutivo municipal es «actualizar la normativa para una ciudad más integrada, con usos mixtos, que nos permita densificar ciertos sectores, conservar el patrimonio pero gestionarlo también, y mantener todas las áreas verdes”, señaló la funcionaria.
En el plenario del CoMDUA la participación fue celebrada por el oficialismo. “Es la primera vez que podemos hacer este proceso de forma abierta”, dijo Zoricich. No obstante, el perfil de los convocados estuvo centrado en actores institucionales y técnicos. La participación vecinal o comunitaria -particularmente de sectores populares, ambientalistas o de barrios periurbanos- estuvo ausente o diluida entre los presentes.
El debate continuará en mesas técnicas y nuevos plenarios, ya que el Ejecutivo aspira a elevar una propuesta consensuada al Concejo Deliberante antes de fin de año.
¿Planificación o mercado?
La actualización de los CPUA no es una novedad en Salta. En 2021 y 2022, durante la gestión de Bettina Romero, también se intentó avanzar en reformas a los códigos urbanos, y se desató una fuerte polémica por el enfoque promercado del plan. En ese entonces, la intendencia impulsó un proyecto de “ordenanza madre” con cambios amplios a la normativa de edificación y uso del suelo, que recibió objeciones de distintos sectores.
No obstante, la iniciativa fue aprobada en 2022, por la resolución 11, pero fue derogada por el gobierno de Durand en agosto del año pasado, porque «no se ajustaba a derecho». El argumento de la derogación se basó en que se buscaba saltear algunos pasos, incluso pasar por encima del CoMDUA y del código de planeamiento para simplificar la aprobación de los proyectos.
En dicha norma se flexibilizaron controles para la edificación en la ciudad. Y uno de los puntos más cuestionados fue el intento de habilitar la construcción de torres en zonas residenciales sin infraestructura suficiente, la desaparición de restricciones por pendientes y alturas, y la flexibilización en la entrega de factibilidades técnicas. Esto se debía a que el oficialismo de entonces -como ahora- buscaba “agilizar” procesos para atraer inversiones y dinamizar la economía urbana.
A pesar de la derogación, el nuevo gobierno municipal mantiene puntos en coincidencia con la gestión anterior ya que se puso de manifiesto la necesidad de fomentar el crecimiento con normativas más “flexibles”. En el plenario del CoMDUA, se debatió sobre la posibilidad de facilitar el desarrollo de proyectos de construcción a través de normativas más flexibles y una reducción de trabas burocráticas.
De esta manera se pretende atraer la inversión privada, con el objetivo de impulsar la edificación de viviendas, comercios y espacios comunitarios. En paralelo, el Ejecutivo viene desplegando una batería de medidas que apuntan en la misma dirección.
El paquete urbano de mayo
A fines de mayo la Municipalidad de Salta anunció un paquete de políticas orientadas al uso del espacio urbano: el programa Impulso Plaza, que prevé la concesión de plazas, parques y platabandas para proyectos gastronómicos y recreativos; el plan Balcones Gastronómicos, que autoriza la instalación de mesas y sillas en veredas y calzadas; Turismo con Beneficios, que habilita exenciones fiscales y prórrogas para empresas del sector; y el programa de Padrinazgo de Espacios Verdes, que permite a empresas apadrinar espacios públicos a cambio de beneficios tributarios.
El programa Impulso Plaza establece concesiones de espacios de dominio municipal para proyectos gastronómicos o de esparcimiento. Las personas o empresas interesadas en ocuparlos deberán presentar una propuesta para la puesta en valor y el mantenimiento del lugar. En una primera etapa, se pondrán a disposición 20 espacios públicos entre plazas, parques y platabandas.
Por su parte, el programa Turismo con Beneficios prevé simplificaciones administrativas y medidas de acompañamiento fiscal para empresas del sector turístico. Los certificados de habilitación comercial tendrán prórroga de vencimiento hasta marzo de 2026. A su vez, habrá exenciones totales en distintas tasas municipales para el ejercicio fiscal 2025.
Mientras que la ordenanza Balcones Gastronómicos habilita la extensión de la actividad de bares, confiterías, restaurantes y otros a las aceras y calzadas, permitiendo la colocación de sillas y mesas. Los locales que accedan al programa deberán garantizar la circulación peatonal y la armonía con el entorno. Por otro lado, el programa de Padrinazgo de Espacios Verdes, habilita a personas físicas o jurídicas a apadrinar plazas, parques, platabandas, rotondas y otros espacios públicos a cambio de exenciones totales en tributos municipales. Las firmas interesadas deberán comprometerse a su mantenimiento, limpieza, puesta en valor y cuidado ambiental.
