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Rony Ríos. Prensa Comunitaria. Resumen Latinoamericano, 05 de agosto de 2025
Dos comunitarios y un policía murieron durante un enfrentamiento en Zacapa. A partir de esos hechos iniciaron horas de negociación para liberar a agentes y comunitarios. El conflicto por las tierras estalló cuando el MP, la PNC y la hidroeléctrica Pasabién intentaron desalojar a las comunidades.
Es una historia tan vieja como el despojo al que compañías extractivistas han sometido a las comunidades originarias en Guatemala. Es una historia que se repite sin fin y de la que el Estado suele ser cómplice. Esta vez ocurrió en las riberas del Río Pasabién, en Zacapa, en el oriente guatemalteco. Once comunidades distribuidas en la subcuenca del río, decidieron bloquear el paso hacia las instalaciones de la Hidroeléctrica Pasabién, hartas de que la compañía que la maneja se extendiera a terrenos que los comunitarios reclaman como propios.
Los bloqueos generaron la intervención de la Policía y el Ministerio Público y enfrentamientos que provocaron las muertes de tres personas: dos comunitarios y un agente policial. Eso: una historia de violencia tan vieja como la llegada de grandes industrias extractivistas a tierras comunitarias.
El 28 de julio, las fuerzas policiales buscaban ejecutar una orden judicial para desalojar a las comunidades que ocupaban terrenos donde opera la Hidroeléctrica Pasabién en Santa Rosalía Mármol, Río Hondo, Zacapa. En ese desalojo se generó un enfrentamiento con la población.
El operativo, liderado por el Ministerio Público (MP), culminó con las tres muertes. Además, otro poblador resultó herido y fue trasladado al hospital, mientras que otros tantos fueron afectados por el lanzamiento de gases lacrimógenos y crisis nerviosas por las detonaciones.
La Policía Nacional Civil declaró que actuó conforme a la orden judicial emitida para permitir el ingreso a las instalaciones de la Hidroeléctrica Pasabién a realizar reparaciones autorizadas, y alegó que fueron recibidos con disparos, por lo que se vieron obligados a replicar; sin embargo, los pobladores alegaron que la policía ingresó sin dialogar y aseguraron que no son delincuentes.
Las dos versiones se contradicen, pero existen videos posteriores al tiroteo en donde los comunitarios localizaron casquillos de alto calibre, por lo que refuerzan los señalamientos de un desalojo violento por parte de la Policía.
Uno de los pobladores que conoce del conflicto, pero que pidió no ser identificado, indicó que la población en Zacapa suele estar armada y que él solo vio pasar contingentes policiales hacia donde estaba tomado el acceso por las comunidades, pero sin mediar diálogo quisieron ingresar.
La tensión se mantiene
En el operativo del 28 de julio, dos comunitarios fueron retenidos y fuertemente golpeados por la PNC; uno de ellos, según la población, no tenía nada que ver con el conflicto, ya que iba de camino a visitar a su padre en el hospital cuando la policía lo detuvo alegando que había participado en el intercambio armado.
En respuesta, las 11 comunidades organizadas cercaron a la Policía, logrando que más de 160 agentes quedaran retenidos por horas. Tras negociaciones, en las que participó el juez de paz de Zacapa, la gobernación departamental y representantes policiales y de las comunidades, las partes acordaron dejar salir a los agentes a cambio de la liberación de los dos pobladores.
La policía liberó a los dos hombres fuertemente golpeados, pero previamente tomaron fotografías a los Documentos Personales de Identificación (DPI), por lo cual las comunidades fueron liberando a los agentes en grupos de 15.
Alrededor de las 3:00 de la mañana del 29 de julio, ya las comunidades se estaban retirando a sus hogares, pero un grupo no identificado de pobladores prendió fuego a 3 camiones de la Hidroeléctrica y había intenciones de quemar maquinaria dentro de la empresa, pero autoridades eclesiales mediaron para evitar que la situación continuara escalando.
Orígenes del conflicto
Para conocer el contexto de este conflicto se debe retroceder en la historia. Los primeros dueños oficiales de estas tierras, según el Estado guatemalteco, eran personas de origen alemán, pero tras vivir por años ahí abandonaron los terrenos y dejaron de pagar los impuestos, por lo que estos pasaron a poder del Estado (antes de que existiera la figura de estado democrático).
Posteriormente se comienzan a establecer poblados cerca del Río y, 200 años más tarde, sus descendientes siguen defendiendo su territorio.
Hace más de 10 años, el diputado Rafael Oliveros -electo por el distrito de Jutiapa durante el período de Serrano Elías- alegó que los terrenos le pertenecían e intentó tomar posesión de estos, pero los comunitarios, con títulos de propiedad en mano, alejaron a los delegados de Oliveros. El exdiputado se refugió en Honduras y desde hace años los comunitarios dejaron de tener noticias de él.
Los años pasaron y surgió un nuevo “dueño”: Maco Castañeda, originario de Monte Grande, Río Hondo, quien con nuevos títulos de propiedad vendió las tierras a la Hidroeléctrica Pasabién, la cual ahora reclama la pertenencia de los terrenos y busca reactivar sus operaciones.
Todo este conflicto se da porque existen documentos de propiedad a nombre de los comunitarios, a nombre de la hidroeléctrica y a nombre del exdiputado, pero la población alega que los únicos válidos son los que ellos poseen.
La tensión ha aumentado por la tendencia de estas empresas a asegurarse fallos judiciales que habilitan acciones rápidas, en muchos casos sin amplias garantías para las comunidades.
Aunque las operaciones de la empresa generadora de energía comenzaron a generar fricciones, las comunidades continuaban conviviendo de la forma más normal posible. Sin embargo, el año pasado todo el conflicto creció porque la hidroeléctrica se extendió a los terrenos que la población reclama como propios.
Pese a las acciones, en paralelo la Hidroeléctrica utilizó los mecanismos en el sistema de justicia para conseguir que el Juzgado de Primera Instancia Penal y de Narcoactividad de Zacapa girara una orden para liberar el paso y que los dueños de la hidroeléctrica recuperasen la posesión del lugar.
Quién maneja la Hidroeléctrica
Según los registros públicos en Guatecompras, Heber Otoniel González Estrada es el representante legal de Inversiones Pasabien, S.A, junto a él figuran Alfredo Romero Belismelis y Ricardo Alberto Monterroso Vásquez.
González Estrada fue contratista del Estado y en 2022 fue el encargado de vender maletas y kit de herramientas por Q42 mil 600 al Instituto Nacional de Electrificación (INDE). Entre 2004 y 2022 ha tenido contratos con el Estado que suman Q1 millón 335 mil 023.53.
Mientras que Romero Belismelis es un empresario salvadoreño que posee gran participación en un conglomerado de empresas en su país y en Guatemala.
El empresario salvadoreño es representante legal de 14 empresas en Guatemala que incluyen a: Coex (Guatemala), S. A., ImacasaGuatemala, S. A., Mallares S. A., Proyectos Del Pacifico, S. A., Inversiones Pasabien S. A., Savona De Guatemala S. A., Soluciones En Café, Sociedad Anónima, Agricola Del Pacifico S. A., Inversiones Izalco S. A., Inversiones Ninal, S. A., Naves Del Pacifico, S. A., Agencia Independiente De Seguros Y Fianzas Alinter De Guatemala , S. A., R&A De Centroamerica, S. A., Inversiones Zerlien, S. A.
Además, Romero Balismelis es parte de Grupo Azul en El Salvador, conglomerado que posee el Banco Azul, Seguros de Vida Azul, entre otras empresas vinculadas a las finanzas e inmobiliarias.
Fuente: Prensa Comunitaria
