En gran parte del mundo occidental el siglo XXI se ha caracterizado por una mayor conciencia sobre la importancia de valores sociales como la equidad, la inclusión, la diversidad y el cuidado del medioambiente. Respecto a la desigualdad de género se han dado logros notables en materia de participación laboral de la mujer y su acceso a posiciones de liderazgo. No obstante, estos han presentado altibajos y características muy diferentes en distintas regiones del planeta, de manera que queda todavía mucho por hacer.
América Latina no ha sido ajena a este proceso. A nivel regional, la participación laboral femenina –es decir, la proporción de mujeres de 15 o más años que están empleadas o buscan trabajo activamente– se incrementó desde un 20% en los años sesenta hasta un 40% en los noventa, y a un 53% en la actualidad, según datos de la CEPAL. Este cambio fue impulsado por distintos factores, incluidos el aumento en el nivel educativo de niñas y mujeres, la disminución en la tasa de fecundidad, así como el cambio cultural que vino de la mano del desarrollo económico y la difusión e influencia de nuevas normas de comportamiento.
El avance de la mujer en el mercado laboral se aprecia no solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos. Hoy en día es más habitual ver a mujeres desempeñándose en todo tipo de profesiones que en el pasado estaban reservadas mayoritariamente a los hombres. Algunos estudios recientes señalan que en América Latina hay cada vez más mujeres ocupando puestos ejecutivos y de liderazgo, así como en ciencia e investigación, mientras que en el sector público la mayoría de estos países ha alcanzado la paridad de género. Además, es notable que en la región más mujeres han llegado a ocupar puestos de presidente o vicepresidente que en otras regiones del mundo.
Pero, si bien lo anterior evidencia una evolución positiva, persisten aún grandes desigualdades. En primer lugar, Latinoamérica posee vastas dimensiones y una gran diversidad geográfica y cultural, lo que se traduce en una fuerte heterogeneidad, tanto entre países como al interior de cada país. Mientras que México y varios Estados centroamericanos exhiben una participación laboral femenina por debajo del promedio regional, otras naciones como Perú, Uruguay y algunos países de América del Sur y el Caribe presentan participaciones superiores a la media. Mientras tanto, al interior de cada territorio resalta la disparidad de oportunidades y condiciones laborales que enfrentan las mujeres que habitan zonas rurales en comparación con las que residen en zonas urbanas, así como la brecha que existe por nivel educativo.
En segundo lugar, aun cuando las mujeres latinoamericanas acceden hoy en mayor medida al mercado laboral, se aprecia un alto grado de segmentación, tanto vertical como horizontal. Muchas mujeres de hogares pobres y con menor nivel educativo participan en trabajos precarios, de baja calidad y baja remuneración. Por su parte, las de mayor nivel educativo, con empleos tanto en el sector público como privado, tienden a concentrarse en puestos de menor jerarquía, siendo una proporción minoritaria la que alcanza cargos directivos y posiciones de liderazgo en empresas, organismos gubernamentales y universidades. También la mujer continúa subrepresentada en áreas tradicionalmente asociadas con estereotipos masculinos como las ciencias, las finanzas y la construcción; mientras que su participación se acentúa en sectores asociados con los “cuidados”, como la educación y la salud.
En tercer lugar, existe un rezago notable en relación a los países de altos ingresos, donde la participación laboral femenina alcanza, en promedio, al 70%. Además, la brecha de género en América Latina es una de las más altas de Occidente, pues la participación laboral de los hombres supera a la de las mujeres en casi 25 puntos porcentuales. Esta situación se explica tanto por políticas públicas insuficientes como por normas culturales que refuerzan el rol de la mujer en el ámbito doméstico. Las mujeres latinoamericanas y caribeñas son, en efecto, mayoritariamente responsables por las tareas no remuneradas del hogar y de cuidado, lo cual dificulta su inserción en el mercado laboral. De hecho, el empleo femenino en la región exhibe un comportamiento contracíclico: a medida que aumenta el ingreso per cápita –como ocurrió en la primera década y media del siglo XXI– disminuye la participación laboral femenina, ya que, especialmente en los hogares de bajos ingresos, el trabajo de la mujer es considerado como un aporte secundario.
Por todo lo anterior es necesario continuar ampliando y profundizando las políticas destinadas a promover la equidad de género en la región. Entre las medidas propuestas se citan un incremento de la flexibilidad laboral, el acceso de las mujeres a una mayor y mejor educación, la oferta de servicios de cuidado para aliviar la carga doméstica, la expansión de servicios preescolares, un estímulo a la participación de niñas y jóvenes en áreas de ciencia y tecnología, políticas de acción afirmativa en el sector público y privado, y la difusión de modelos que reduzcan los estereotipos de género.
No se trata solo de una cuestión de justicia y equidad, sino que existe un argumento económico: numerosas investigaciones han demostrado que la participación de la mujer en el mercado laboral es clave para reducir la pobreza, incrementar la productividad y aportar una visión distinta y creativa al entramado de la economía. Además, respecto al ascenso a puestos directivos y de liderazgo, se ha encontrado evidencia de que una mayor participación de la mujer redunda en un impacto positivo sobre las prácticas éticas y la transparencia a nivel de las organizaciones, así como en un mejor manejo financiero. En el sector público, por ejemplo, una mayor presencia de mujeres en la toma de decisiones está positivamente correlacionada con un incremento en el gasto social en salud, educación y protección ambiental.
¿Es suficiente, sin embargo, conformarse con el aumento de la participación femenina en el mercado laboral? Una sociedad utópica en la que todas las posiciones estuvieran distribuidas de manera simétrica entre hombres y mujeres, ¿sería más equitativa? Según el enfoque de la economía feminista, el argumento no se limita a una mayor inclusión de la mujer en la esfera del trabajo y a una equiparación de oportunidades entre personas de distinto género, sino que es importante la expansión de los valores feministas para construir una sociedad más justa y humanitaria. Para esta escuela, lo que resulta desvalorizado o marginalizado no es solo la mujer, sino aquellos aspectos de la vida tradicionalmente categorizados como “femeninos” –la empatía, el cuidado o la cooperación–, en contraposición a atributos interpretados como “masculinos” – la fortaleza, la competencia o el cálculo interesado.
Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre el progreso de la mujer en el ámbito del trabajo desde una perspectiva diferente. Existe, por ejemplo, un “feminismo declamatorio”, que ocurre cuando, a nivel de organizaciones o comunidades, se adoptan consignas y lemas estridentes en favor de la equidad de género, aunque en los hechos no se traducen en una mayor participación de la mujer u otras minorías, sino que su propósito es meramente de maquillaje.
Otro problema es el hecho de que, especialmente en puestos de liderazgo, el progreso de la mujer en la esfera laboral muchas veces ocurre mediante la apropiación de comportamientos, actitudes y valores típicamente asociados con atributos masculinos. En el caso de América Latina, es de público conocimiento que muchas de las mujeres que han alcanzado puestos políticos importantes lo han hecho bajo la imagen de la líder fuerte, intransigente y dominante. En otras palabras, que la mujer participe más no necesariamente implica una expansión de los valores y principios feministas. Es importante destacar este punto, pues en el mundo actual –y América Latina no es la excepción– se observa una tendencia deshumanizante, que se manifiesta tanto en un aumento de los autoritarismos (de cualquier signo político) como en el acelerado avance de una cultura tecnocrática donde se espera que máquinas y algoritmos reemplacen eventualmente a personas en el mercado laboral y la toma de decisiones. Será importante entonces profundizar aquellas políticas destinadas no solo a promover la participación de la mujer, sino a difundir los valores feministas y la “ética del cuidado” como pilares que contribuyen a sostener nuestra identidad humana.
