La violencia en la que se ha visto envuelto Ecuador en los últimos años ha obligado a miles de personas a dejarlo todo y huir de sus hogares. Los datos están ahí: son 101.000 casos de desplazamiento interno por conflicto y violencia registrados en 2024. A finales del año pasado, cerca de 49.000 personas estaban desplazadas en todo el país. Esta es la primera vez que existen semejantes en el país andino.
Ecuador es el tercer país más afectado de toda América Latina, según revela el Informe Global sobre Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados. Solo superado por Haití—sumido en un estallido de violencia—con 889.000 desplazados, y Colombia con 388.000. El desplazamiento forzado en este país de 17 millones de habitantes es el reflejo del avance de las actividades de los grupos criminales y su disputa por el control territorial.
Para Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, el fenómeno del desplazamiento interno está relacionado con el proceso de fragmentación entre organizaciones criminales. “La fragmentación ha provocado un aumento de la violencia en los barrios y, al mismo tiempo, ha despertado el interés de los nuevos grupos criminales por controlar el territorio”, explica Rivera. Esta dinámica se manifiesta no solo a través de la violencia, sino también mediante las extorsiones, “que son una forma de controlar territorios y ofrecer redes privadas de protección. Muchas personas no pueden pagar y deciden irse”.
Las provincias costeras de Esmeraldas, Manabí, El Oro y Guayas son las más afectadas por la migración interna, según el reporte. También son las que más homicidios registran. En Quito, la capital, los homicidios intencionales vinculados al conflicto entre bandas se han disparado en sectores como Solanda. Rivera añade que las zonas con mayores desplazamientos coinciden con rutas del tráfico de drogas: “Esta concentración de la violencia tiene una correlación con los nodos viales del país, por donde transita la droga”. Eso no es todo: la estela de violencia ha generado un eslabón más en la cadena de vulneraciones: el cierre de escuelas.
Socio Vivienda, un barrio de la ciudad costera de Guayaquil, es la evidencia de cómo la violencia ha obligado a todos sus vecinos a dejarlo todo y escapar. Datos de mayo de este año del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos revelan que 316 personas han sido desplazadas de esta zona por la escalada de violencia. Hoy es una zona fantasma luego de que 22 personas fueron asesinadas a manos de 20 hombres armados, en marzo pasado. Un día después de la masacre, militares ingresaron al barrio, pero ninguna intervención fue suficiente para proteger a las familias amenazadas. La única alternativa que tuvieron fue huir de sus casas y buscar refugio.
El impacto no es solo físico. La violencia afecta la salud mental, debilita redes comunitarias y compromete el acceso a medios de vida, afectando la estabilidad y bienestar de todas las personas. Desde la Agencia de la ONU para los Refugiados en Ecuador explican que las mujeres, adolescentes y personas LGBTIQ+ enfrentan riesgos particularmente graves, que van desde la violencia sexual hasta amenazas directas a sus vidas. “Aunque las comunidades han demostrado una notable capacidad de resiliencia, la respuesta actual sigue siendo limitada frente a la magnitud de la situación”, señala la ONG.
Poco más de un año después de que el presidente, Daniel Noboa, declarase un conflicto armado interno, la situación no ha cambiado. El pasado 24 de mayo, en su investidura para su un segundo período hasta 2029, Noboa prometió reducir los homicidios, pero es una promesa que no ha logrado cumplir.
Ecuador se posiciona como el país más violento de América Latina, registrando una alarmante tasa de 38 homicidios por cada 100 mil habitantes. Solo entre enero y abril de 2025, registró 3.094 homicidios intencionales, un incremento del 58% con respecto al mismo periodo del año pasado. Aún más alarmante si se compara con 2023 —el año más sangriento en la historia del país— que cerró ese mismo cuatrimestre con 2.301 casos. Lo que apunta que 2025 podría convertirse en el año más violento.
