La Casa Blanca pidió a la Justicia de Nueva York que respete la inmunidad soberana del país y suspenda la ejecución del fallo. Desde el Gobierno destacan el cambio de postura respecto al caso.
El Gobierno argentino recibió un nuevo y contundente respaldo de los Estados Unidos en el juicio internacional por la expropiación de YPF. Esta semana, el Departamento de Justicia norteamericano volvió a presentarse como amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para apoyar el pedido de suspensión del fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park.
En su escrito, firmado por el fiscal David Farber, el gobierno estadounidense advirtió que permitir la ejecución del fallo violaría la inmunidad soberana de la Argentina, ya que las acciones reclamadas no se encuentran en territorio norteamericano. Según la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), los activos de un Estado extranjero fuera de EE.UU. no pueden ser embargados.
Desde la Casa Rosada valoraron el gesto como “significativo”, recordando que en 2019 el mismo gobierno norteamericano se había pronunciado en contra de la Argentina. Ahora, bajo las administraciones de Joe Biden y Donald Trump, el Departamento de Justicia respaldó al país en las tres causas vinculadas a YPF.
El Gobierno nacional sostiene que esta postura internacional demuestra una política exterior coherente y una defensa efectiva del interés nacional. También subraya la solidez jurídica de sus argumentos para frenar la ejecución del fallo, que asciende a más de 16 mil millones de dólares.
Actualmente, la orden de la jueza Loretta Preska que exigía la entrega de acciones se encuentra suspendida por tiempo indefinido, mientras la Cámara de Apelaciones analiza la solicitud argentina de continuar el proceso sin necesidad de ofrecer una garantía financiera. La próxima instancia será clave: la respuesta definitiva de la Cámara podría ratificar, modificar o anular por completo el fallo inicial.
Mientras tanto, sectores cercanos al litigio no descartan la posibilidad de que se designe un intermediario para abrir una vía de negociación extrajudicial entre el Estado argentino y los fondos demandantes, con el objetivo de reducir considerablemente el monto del fallo. Por ahora, la postura oficial es firme: no hay intención de negociar bajo presión judicial.
